A continuación transcribimos el mismo:
1.- EDITORIAL
Mensaje del presidente Andrés Pastrana a Mogotes, ganador en 1999 del Primer Premio Nacional de Paz.
Quiero de manera muy especial felicitar al pueblo de Mogotes, ganador del premio. Este es un ejemplo patente de cómo los colombianos podemos, cuando queremos, tomar el destino en nuestras propias manos, sin permitir que los violentos o los corruptos decidan por nosotros. íCuánto tenemos que aprender de estos santandereanos corajudos que con su propia Asamblea Municipal Constituyente han construido un oasis de paz y de progreso comunitario. Lo mismo podríamos decir de las comunidades de paz de Urabá y del proyecto NASA o plan de vida de las comunidades indígenas del norte del Cauca, de Toribío, y de todos y cada uno de los postulantes, que con su ejemplo de vida nos demuestran que la paz se construye día a día en nuestro propio entorno y dentro de las posibilidades de cada quien.
Los ejemplos de Mogotes, de Urabá, de Toribío, nos confirman que la negociaci¢n es tambi’n ponernos de acuerdo en nuestros propios municipios, con nuestros vecinos, en el interior de nuestras familias, con los compa_eros de trabajo.
2.- LAS COMUNIDADES DE PAZ
Las comunidades de paz son iniciativas ciudadanas gestadas por impulso de las propias comunidades, y a veces de sus autoridades locales, pol¡ticas o religiosas, que han surgido en medio del conflicto armado colombiano como una soluci¢n para mantenerse alejado de ‘l, evitar sus consecuencias y buscar la paz. Son manifiestaciones de la capacidad que tienen las propias comunidades, a pesar de su vulnerabilidad, de encontrar alternativas de paz separ ndose del conflicto. Estas formaciones sociales, con ra¡ces en las propias localidades y en algunos casos constiuidas por comunidades de desplazados, se organizan para la defensa pac¡fica de su independencia ante las amenazas de los actores armados del conflicto.
Las comunidades de paz han asumido el compromiso de no participar en ninguna forma en el conflicto.
Acuden a la defensa del derecho a la paz y a los preceptos del derecho internacional humanitario para mantener a la poblaci¢n civil fuera del conflicto, a cubierto de la injerencia de los actores. Como comunidades constructoras de paz por la v¡a de la resoluci¢n pac¡fica de conflictos, contribuyen al fortalecimiento de la legitimidad del Estado. Constituyen alternativas reales de paz y de defensa de los derechos humanos, y son verdaderas promotoras de la tolerancia y la reconciliaci¢n.
En todo el pa¡s se hallan ejemplos de estas iniciativas comunitarias. Se cuentan entre ellas la comunidad de la India, conformada por la Cooperativa de Campesinos y Productores del Carare-Op¢n; la comunidad de Mogotes en Santander; la Organizaci¢n Ind¡gena de Antioquia, conformada por 21 municipios; la comunidad de paz de San Francisco, conformada por desplazados organizados; las comunidades en Retorno al Cacarica, del Choc¢, conformada por desplazados del municipio de Riosucio asentados provisionalmente en Turbo; las Comunidades de Paz de Urab ; el Proyecto Nasa de los Cabildos ind¡genas del norte del departamento del Cauca; los casos de Pensilvania, en el departamento de Caldas, y Samaniego, en el departamento de Nari_o; la convocatoria de Aguachica, en el Cesar; y el actual proceso de conformaci¢n de una comunidad de paz en Tame, Arauca, convocado por algunas veredas y que se ha ido ampliando a comunidades de otras partes del municipio.
Las comunidades de paz han tenido el apoyo tanto del Gobierno colombiano como de la comunidad internacional. El reconocimiento de la sociedad se pone de manifiesto en el Premio Nacional de Paz otorgado a comunidades como la de Mogotes y Nasa, y las menciones a las comunidades de Urab . La India, Cooperativa de Campesinos y Productores del Carare-Op¢n, recibi¢ el Premio Alternativo de Paz a nivel internacional.
La Iglesia colombiana, a trav’s de la Pastoral Social, ha sido promotora de estas soluciones pac¡ficas: la di¢cesis del Socorro y San Gil impuls¢ la iniciativa de Mogotes, y la di¢cesis de Apartad¢ la conformaci¢n de las comunidades de paz de Urab . Avanza el proyecto de la Cartograf¡a de la Paz, con la colaboraci¢n del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos.
La Pol¡tica gubernamental de Protecci¢n de los Derechos Humanos y de Aplicaci¢n del Derecho Internacional Humanitario previ¢ la conformaci¢n de las comunidades de paz, en particular las de desplazados, como medio para la dignificaci¢n de las v¡ctimas del conflicto. El Gobierno garantiza la presencia de las autoridades del Estado en estas comunidades y atiende las demandas de asistencia humanitaria, educaci¢n, salud e infraestructura b sica, y de prevenci¢n del desplazamiento. As¡, en San Jos’ de Apartad¢, la Red de Solidaridad Social ha tomado a su cargo la provisi¢n de alumbrado, el mejoramiento de las v¡as de acceso y el fomento de proyectos productivos.
La iniciativa de las comunidades depaz ha contado tambi’n con el concurso y la asistencia de instituciones gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales, como el Cinep-Justicia y Paz entre las ONG nacionales, y las Brigadas Internacionales de Paz, la Cruz Roja, M’dicos sin Fronteras y M’dicos del Mundo, Oxfam, Diakonia y Pax Christi entre las internacionales. Estas organizaciones han brindado ayuda humanitaria de emergencia, capacitaci¢n y acompa_amiento. De otra parte, representantes de organismos multilaterales de derechos humanos y humanitarios, como ACNUR y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, as¡ como gobiernos como el de Holanda, han acompa_ado los procesos de las comunidades de paz.
A pesar de sus esfuerzos por la paz y de su decisi¢n de desvincularse del conflicto, debido a su vulnerabilidad estas comunidades de paz no siempre han sido respetadas.
Sus miembros muchas veces han sido amenazados, las poblaciones han sido atacadas y algunos de sus l¡deres han ca¡do v¡ctimas del conflicto, asesinados o sometidos al desplazamiento, lo cual ha generado una gran preocupaci¢n nacional e internacional. El Gobierno ha ordenado la adopci¢n de medidas militares y coordinado acciones judiciales en beneficio de estas comunidades, y ha dispuesto tambi’n medidas especiales de protecci¢n. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisi¢n Interamericana de Derechos Humanos han solicitado disposiciones cautelares con el fin de proteger a los miembros de dichas comunidades.
3.- CIFRAS: RESULTADOS DE OPERACIONES DE LA FUERZA PUBLICA
A pesar de que los actores al margen de la ley comprometen cada vez m s a la poblaci¢n civil en el conflicto armado colombiano y contribuyen a la degradaci¢n de la situaci¢n del pa¡s, la lucha contra esos grupos armados avanza con significativos resultados provenientes de las operaciones de la Fuerza Poblica contra la subversi¢n y las autodefensas. Son tambi’n visibles los logros de los esfuerzos del Gobierno en el desarrollo de la Pol¡tica de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Los resultados de las operaciones adelantadas por la Fuerza Poblica entre 1995 y 2000, presentados por el Ministerio de Defensa Nacional, muestran la intensificaci¢n de las acciones del Estado para combatir militarmente a estos grupos irregulares.
Los esfuerzos contra las autodefensas fueron notables en el oltimo a_o, como lo se_alan las cifras de bajas y capturas. Sumadas las bajas y las capturas realizadas entre 1995 y 2000, las acciones de la fuerza poblica contra las autodefensas significaron la p’rdida de cerca del 15% de sus efectivos. Se estima que en la actualidad el pie de fuerza de las autodefensas asciende a algo m s de 8.000 miembros. En lo corrido de este a_o, hasta el 30 de mayo, las fuerzas militares han abatido en combate a 40 y capturado a 291 miembros de los grupos de autodefensa.
Adem s, les fue derribado un helic¢ptero artillado. Recientemente, como resultado de la Operaci¢n Dignidad, llevada a cabo contra grupos de autodefensa que operan en las regiones de Naya y Yurumanigu¡ en Valle y Cauca, responsables de la masacre del Alto Naya, las Fuerzas Militares capturaron a 73 miembros de las autodefensas.
Otros cuatro, responsables de la misma masacre, fueron encontrados muertos por la Armada Nacional.
Respecto a las acciones en contra de los grupos subversivos, la Fuerza Poblica registr¢ un aumento del 19,7% en el nomero de bajas respecto al a_o inmediatamente anterior.
Durante el per¡odo 1995-2000 las bajas llegaron a un total de 4.670, con un promedio de incremento anual del 9,7%. En este a_o, hasta el 30 de mayo, las fuerzas militares han dado de baja a 376 y capturado a 605 miembros de la subversi¢n.
4.- PERFILES: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES HUMANITARIAS
Brigadas Internacionales de Paz: Las Brigadas Internacionales de Paz, Peace Brigade International (PBI), conforman una ONG independiente no confesional, fundada en 1981 en Canad y registrada ante la ONU, que mantiene equipos de observadores y/o acompa_antes internacionales en reas de conflicto, siempre a petici¢n local.
El objetivo general de PBI es la protecci¢n del espacio de actuaci¢n de los defensores de derechos humanos que sufran represi¢n por su trabajo. Para ello, los equipos de PBI permanecen sobre el terreno acompa_ando como observadores a las personas u organizaciones amenazadas, desarrollando visitas peri¢dicas a zonas en conflicto, realizando labores de interlocuci¢n y cabildeo (lobby) para promover la cobertura internacional, y difundiendo informaci¢n sobre la situaci¢n de las ONG de derechos humanos.
PBI Colombia realiza su trabajo en constante comunicaci¢n con las autoridades civiles y militares del pa¡s, as¡ como con los organismos de control del Estado, otras ONG, el cuerpo diplom tico, organizaciones internacionales, parlamentos y gobiernos de otros pa¡ses. PBI recibe fondos de m s de veinticinco instituciones poblicas y privadas de al menos ocho pa¡ses, lo que le permite gozar de una clara independencia financiera respecto a cualquier entidad.
PBI trabaja, o ha trabajado, adem s de Colombia, en Guatemala, El Salvador, Sri Lanka, Canad , Hait¡, Croacia, Serbia, Filipinas, Palestina y M’xico.
5.- RECONOCIMIENTO. MOGOTES: PRIMER PREMIO NACIONAL DE PAZ
En 1997 el pueblo de Mogotes, departamento de Santander, fue atacado por la guerrilla del ELN, secuestrado el alcalde para ser sometido a un «juicio popular», por acusaciones de corrupci¢n. Este ataque y sus consecuencias fueron el motor para la movilizaci¢n del pueblo.
Con el apoyo de la di¢cesis de Socorro y San Gil (Santander) y algunos l¡deres del pueblo, los quince mil habitantes decidieron organizarse, crear su propia Asamblea Municipal Constituyente (AMC) para desterrar la violencia y la corrupci¢n, e impedir que la subversi¢n decidiera por ellos. Esto hizo que Mogotes fuera merecedor del primer Premio Nacional de Paz, en 1999, como ejemplo de convivencia y veedur¡a popular.
La Asamblea pidi¢ la renuncia del mandatario y dio inicio a un nuevo proceso electoral, bajo su vigilancia, de manera que el 14 de agosto de 1998 se posesion¢ el nuevo alcalde.
La Asamblea no s¢lo ejerce veedur¡a en ejercicio de la soberan¡a popular, sino que tambi’n ha enfocado sus actividades hacia la educaci¢n para la cultura de la paz. Aunque desde entonces la comunidad ha sido duramente golpeada por hechos violentos, como el asesinato de cuatro integrantes de la AMC en agosto de 2000, los mogote_os persisten en sus esfuerzos de paz y convivencia.
6.- CASOS: MASACRE DE CHENGUE
El 17 de enero de 2001 un numeroso grupo de autodefensas asesin¢ a 27 personas, quemando y saqueando viviendas en el corregimiento de Chengue, del municipio de Ovejas, departamento de Sucre. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscal¡a General de la Naci¢n adelanta la investigaci¢n de estos hechos, la cual se encuentra en etapa instructiva. En febrero se impuso medida de aseguramiento de detenci¢n preventiva contra dos personas como autores del delito de homicidio con fines terroristas, en concurso con otros delitos y se libr¢ orden de captura contra otra persona. El Gobierno nacional prest¢ atenci¢n inmediata al caso. Se llev¢ a cabo un Consejo de Seguridad en la regi¢n presidido por el Vicepresidente de la Repoblica con la participaci¢n del Ministro de Defensa y el Comandante General de las Fuerzas Militares y otras autoridades civiles y militares. Tambi’n se realiz¢ una reuni¢n con los Comandantes militares de la regi¢n, y otra por separado con la comunidad.
Adicionalmente, la Oficina del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ha prestado su colaboraci¢n a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscal¡a para dar impulso a la investigaci¢n.
SECUESTRO DE LOS PASAJEROS DEL AVION DE AVIANCA
El 12 de abril de 1999, un Fokker 50 al servicio de la aerol¡nea Avianca que hab¡a partido de Bucaramanga hacia Bogot fue secuestrado por el ELN, desviado y obligado a aterrizar en una pista del municipio de Simit¡, en el sur del departamento de Bol¡var. Los 41 pasajeros del avi¢n, entre ellos un beb’, varios ancianos, y cinco tripulantes, fueron trasladados a campamentos en donde permanecieron hasta su liberaci¢n. El ELN, despu’s de admitir su responsabilidad, procedi¢ a liberar a varias personas por grupos, pero algunos de los secuestrados permanecieron en cautiverio por m s de un a_o y uno de ellos muri¢.
En noviembre de 1999 fueron capturadas 13 personas por el delito de rebeli¢n en concurso con secuestro extorsivo. Tambi’n se orden¢ la detenci¢n de 4 personas m s, presuntos miembros del frente ‘H’roes de Santa Rosa’. De ellos s¢lo uno ha sido capturado, pero recobr¢ la libertad al precluir en su favor la investigaci¢n por el delito de secuestro extorsivo, aunque sigue vinculado a la investigaci¢n por el delito de rebeli¢n.
Posteriormente se impuso medida de aseguramiento contra otra persona como coautora de los delitos de secuestro extorsivo y rebeli¢n, y se declar¢ persona ausente a otra por los delitos de rebeli¢n y secuestro extorsivo.
En octubre de 2000 se impuso medida se aseguramiento contra alias Antonio Garc¡a, alias Pablo Beltr n y alias El Gallero por los delitos de rebeli¢n, secuestro extorsivo y homicidio culposo en la persona muerta en cautiverio. Se calific¢ el m’rito del sumario con resoluci¢n de acusaci¢n en contra de tres personas por rebeli¢n y secuestro extorsivo.
Durante este a_o, 2001, la Unidad de Fiscal¡a Delegada ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial revoc¢ la acusaci¢n respecto de las 3 personas anteriormente mencionadas, concedi’ndoles la libertad inmediata e incondicional. Doce de las trece personas vinculadas inicialmente fueron liberadas. Mediante otra resoluci¢n se dispuso gestionar lo necesario para solicitar en extradici¢n al ciudadano Jos’ Mar¡a Ballestas Tirado al gobierno de Venezuela. Se adicion¢ la medida contra alias Antonio Garc¡a, alias Pablo Beltr n, alias Jos’ Guti’rrez y alias El Gallero por los delitos de rebeli¢n, secuestro extorsivo agravado, homicidio culposo y apoderamiento y desv¡o de aeronaves.