La resolución fue adoptada por la jueza de Menores de San Isidro Diana Pincardini, quien además instó a la Suprema Corte Provincial y al Consejo Provincial del menor a que arbitren los medios para que los menores no sean alojados más en comisarías.
El impulsor de la denuncia fue el Defensor de Menores Carlos Bigalli, conocido por su prédica contra las torturas y malos tratos, quien además reiteró que es ilegal alojar menores en dependencias policiales.
Pero lo realmente ilegal es el método de castigo a todos los detenidos en la Pcia. de Buenos Aires, que no es otra cosa que el castigo generalizado (tanto a mayores como a menores) y el sistemático «bolseo» a que son sometidos.
La medida adoptada por la justicia de San Isidro, si bien útil, para lo único que sirve es para que la seccional cerrada no sea más un centro de tortura de menores. Ya los «guardianes del orden» pasarán a utilizar otra dependencia.
Los jueces deberían, en vez de inhabilitar comisarías, dejar de tolerar la tortura y dejar de ser c¢mplices de polic¡as torturadores. En vez de perseguir aquellos que someten a suplicios a los detenidos, lo que hacen habitualmente los impolutos magistrados es entender que las secuelas de la tortura fueron «autolesiones», o que las denuncias de ser torturados son hechas para perjudicar a su brazo armado o para «mejorar la situaci¢n procesal del detenido». Y cuando no les queda otra alternativa, en vez de calificar como «tortura», caratulan «apremios ilegales» lo que les permite la excarcelaci¢n del polic¡a en apuros y una condena que nunca supera los tres a_os, siempre en suspenso.
RECHAZO A LAS FACULTADES REPRESIVAS
Amnist¡a Internacional, Secci¢n Argentina, el CELS y nuestra organizaci¢n expusieron en una conferencia de prensa realizada en el Sal¢n de los Pasos Perdidos del Congreso de la Naci¢n el rechazo a las mayores atribuciones policiales impulsadas por el gobierno de la Alianza y que ya cuenta con la aprobaci¢n de los diputados.
Marcelo Avila por A.I., Gustavo Palmieri por el CELS y Gerardo Etcheverry por la CORREPI fueron los voceros de la cr¡tica a esta nueva legislaci¢n que lo onico que promover ser mayor represi¢n y m s restricci¢n a las libertades poblicas. Sostuvieron las tres organizaciones que el aumento de facultades policiales es una soluci¢n falsa al problema de la inseguridad y que la ineficacia de las pol¡ticas preventivas de la polic¡a no se debe a la falta de facultades policiales. Actualmente, la polic¡a ya cuenta con facultades para detener y hacer requisas ante situaciones de urgencia y de sospecha. Pero, la polic¡a sigue utilizando como onica forma de prevenir el delito mecanismos autoritarios como las detenciones indiscriminadas o los operativos masivos de control. Con mayores facultades policiales aumentar la discriminaci¢n y la conflictividad social. En su accionar, las polic¡as discriminan a los j¢venes, los pobres, los desocupados, los inmigrantes, los solicitantes de asilo y sectores minoritarios por su identidad sexual. En su pr ctica cotidiana, las polic¡as los tienen en cuenta como objetivo, para operativos de control de tipo militar. El aumento de facultades discrecionales impactar directamente contra estos grupos. El incremento de la violencia contra los mismos sectores atacados por el resto de las pol¡ticas sociales, s¢lo aumentar la desigualdad y la violencia social.
Los convocantes estuvieron acompa_ados por el diputado nacional Alfredo Bravo del P. Socialista Dem¢cratico, el diputado porte_o Abel Latendorff del P. Socialista Aut’ntico, Juan Carlos Capurro del Comit’ de Acci¢n Jur¡dica y Carlos Zamorano de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, los que adhirieron a estos postulados. Otras organizaciones como Asociaci¢n Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo L¡nea Fundadora, MEDH, APDH, APDH La Plata, Familiares y organizaciones antirrepresivas del interior apoyaron nuestra postura mientras que el rid¡culo Secretario de Seguridad Mathov alertaba a los senadores que se mudar¡a a la c mara alta hasta que no le aprueben las leyes para reprimir.
REPRESION EN EL NOA
El Noroeste argentino volvi¢ a ser escenario de la represi¢n de los gobiernos nacional y provinciales de Salta y Jujuy, as¡ como de la criminalizaci¢n de la protesta social a trav’s de jueces genuflexos a los dictados de sus respectivos ejecutivos.
El d¡a mi’rcoles por la ma_ana los desocupados enrolados en la Corriente Clasista y Combativa que estaban acampando frente a la Gerencia Regional de Empleo de la Pcia. de Jujuy fueron desalojados por la polic¡a. Los uniformados juje_os montados a caballo arremetieron contra las carpas, destruyendo las tiendas y los enseres de los trabajadores.
Reagrupados, los trabajadores decidieron marchar por las calles c’ntricas en protesta por la represi¢n. All¡ fueron nuevamente atacados por los polic¡as que intentaron impedir con balas de goma y gases lacrim¢genos la movilizaci¢n.
Inmediatamente se produjeron fuertes enfrentamientos con rotura de vidrieras, barricadas y hasta el incendio de un autom¢vil. Tambi’n un importante saldo de heridos tanto de parte de los desocupados como de la polic¡a. Se produjeron una treintena de detenidos entre los cuales se encontraba Carlos Santill n del SEOM de Jujuy y lider de la CCC. Si bien el viernes el Perro Santill n recuper¢ la libertad hasta el domingo permanec¡an encarcelados m s de 20 compa_eros.
En Salta, esta semana se lleg¢ al colmo de la represi¢n judicial. De manera in’dita hasta este momento, se proces¢ al dirigente del P. Obrero, Jos’ Barraza y se imput¢ a otros 14 piqueteros por el delito de sedici¢n en concurso real con el delito de corte de ruta. El Juez federal ABEL CORNEJO atribuye a Barraza formar parte de un grupo de personas que actuando de manera sistem tica y organizada en el Departamento de San Mart¡n, corta la Ruta Nacional N¡ 34, tantas veces como le plazca, infundiendo temor y amenazas al resto de la poblaci¢n. Consider¢ el juez que desde los hechos ocurridos en Tartagal el 10 de noviembre de 2000 despu’s de la muerte de Anibal Ver¢n se sucedieron una serie de hechos que son contrarios a la Constituci¢n Nacional. Dice que el robo de una importante cantidad de armas del dep¢sito judicial del Poder Judicial de la Provincial, el incendio de la Comisar¡a N¡ 41 de General Enrique Mosconi, la toma de rehenes a polic¡as, m s la posterior manifestaci¢n en ciudad de Tartagal, las continuas amenazas de voladuras de torres de provisi¢n de energ¡a el’ctrica y de ca_os de suministro de agua potable, los episodios de febrero de este a_o, cuando se amenaz¢ incendiar una planta de la empresa Refinor en Campo Duran, son pruebas del estado de «sedici¢n» en la Provincia.
Entre los «organizadores» se encuentran Barraza y los dem s luchadores imputados cuyo objetivo es promover «el caos y la postraci¢n de las instituciones republicanas» y supone la subversi¢n del sistema representativo de gobierno.
Para mayores datos, por m s que Barraza adujo ser del Partido Obrero, como esa organizaci¢n perdi¢ su personer¡a jur¡dica en Salta, el juez la considera fuera de la ley y por ende, un partido fuera del sistema.
Estas resoluciones judiciales (con la connotaci¢n de fortaleza que pretenden establecer) sumadas al resto de imputaciones, procesamientos y condenas como las de Castells y Al¡, son el mejor basamento para que el gobierno nacional pueda disponer el estado de sitio ante la avanzada de las protestas populares.
REPRESION AL PARO
El viernes 8 de junio se llev¢ a cabo el quinto paro nacional contra el gobierno de la Alianza dispuesto por la CGT de Moyano y la CTA. Por m s que los organizadores no llamaron a un paro activo sino m s bien todo lo contrario, se desarrollaron a lo largo del pa¡s diferentes manifestaciones y movilizaciones contrarias a la pol¡tica econ¢mica y social de De la Rua y Cavallo.
Con ello, la represi¢n, especialmente en la Pcia. de Buenos Aires donde el gobernador Ruckauf y los intendentes de su propio partido como el de La Plata y de la oposici¢n como el marplatense Aprile dispusieron operativos policiales tendientes a acallar la protesta y en su caso, detener a los manifestantes.
As¡ en Mar del Plata, el jueves por la noche fueron detenidos dos compa_eros del Movimiento Teresa Rodriguez, Carlos Peineipil y Cristian Godoy. Estos, que viven en las cercan¡as de una estaci¢n de micros locales donde se cometieron atentados, fueron detenidos por la polic¡a en la v¡a poblica, a varias cuadras del hecho, sin ningon tipo de pruebas que demuestren su supuesta «culpabilidad» con la rotura de parabrisas y sabotajes a la empresa de transporte.
Por otro lado en La Plata, los manifestantes, en coincidencia con el boicot contra capitales espa_oles (principales responsables de la quiebra de Aerol¡neas Argentinas) se dirigieron frente a la sede de Telef¢nica realizando un escrache. En esa oportunidad, y en algunos casos a m s de 15 cuadras del lugar del escrache, la polic¡a bonaerense bajo los cargos de «Da_o Calificado, Lesiones y Resistencia a la Autoridad Agravada», detuvo a 15 compa_eros. Entre los detenidos se encuentran uno de los l¡deres de la CTD «Trabajo y Dignidad», Hector de La Cuadra («Cala»), el dirigente de Quebracho Fernando Esteche, el militante del Peronismo que Resiste y del Polo Social Diego Rubaja, un compa_ero de la Agrupaci¢n Estudiantil 20 de Febrero.y varios militantes de la CTD de distintos barrios de la periferia platense.
Ante la medida represiva, los manifestantes han instalado un campamento desde el que reclama la libertad de los compa_eros frente a la Comisar¡a 1¡ y frente a la fiscal¡a.
Al d¡a de la fecha, s¢lo un menor fue liberado. Adem s el d¡a s bado la polic¡a impidi¢ a los familiares de los detenidos que les alcanzaran comida y ropa limpia, en una medida vejatoria que onicamente pueden tomar sino fuera que cuentan con el consentimiento del juez de turno y del poder pol¡tico.
POLICIAS UNABOMBERS
En los noticieros televisivos del viernes pasado, junto con la evaluaci¢n del quinto paro nacional contra el gobierno de la Alianza, se mostr¢ como un hecho relacionado el atentado sufrido en un jard¡n de infantes de la ciudad de Mendoza. Por la ma_ana estall¢ un artefacto incendiario en el colegio, sin producir v¡ctimas, afortunadamente. Todo se_ala que se trata de una muestra de poder de sectores policiales, no s¢lo de policias exonerados de la fuerza, como informaron algunos medios gr ficos el s bado, sino que estar¡a implicado personal activo tambi’n. Recordemos que el jueves fue puesta una bomba a 15 mts. del despacho del ministro de seguridad Orquin, quine calific¢ a los autores del segundo atentado en el colegio como «hijos de mil putas». Parece que los muchachos est n enojados por la reforma policial, y preocupados por un asunto de manejo de dinero de comisarios en servicios adicionales.
PROXIMAS ACTIVIDADES
11, 13 y 14 de junio desde las 8.00, las 10.00 y las 9.00 horas respectivamente en la sede del Juzgado de John O`Connor y Costanera se llevar a cabo el juicio oral a los asesinos de Titi Almonacid, asesinado en Bariloche por la polic¡a el 2 de febrero de 2000. La Corriente de Militantes de DDHH de R¡o Negro y Neuqu’n convoca a movilizarse al juzgado las tres jornadas.
Viernes 15: El compa_ero Gerardo Etcheverry participar en una mesa redonda sobre la represi¢n en la ciudad de Paran , organizada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de Entre R¡os.
S bado 28 de Julio: French 596 esquina Pintos, San Fernando: «Chocolateada» para los chicos del barrio organizado por los familiares de V¡ctor «Frente» Vital en su cumplea_os.
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