Dos individuos sorprendieron al conductor y lo bajaron del auto, el que pusieron en marcha para escapar a toda velocidad. El policía Ramírez desenfundó su arma reglamentaria, disparó un primer tiro, y luego corrió toda la cuadra tras el vehículo, hasta vaciar el cargador. Mientras tanto, el remisero-gendarme trató de hacer lo mismo, pero no pudo disparar porque se olvidó que no tenía bala en recámara. El auto se perdió de vista. Miguel Herrera logró que su hija y las dos amigas entraran de vuelta a la casa cuando empezaron los tiros, pero no alcanzó a entrar él. Su cuerpo sin vida quedó tendido sobre el umbral, con un disparo que ingresó detrás de la oreja izquierda.
El juez Tubio de Lomas de Zamora inicialmente caratuló «homicidio en ocasión de robo», pensando en colgarle el muerto a los ladrones. La fiscalía, luego de escuchar los testimonios de varios vecinos y de los empleados de una remisería de la misma cuadra, indagó a Ramírez por homicidio culposo. La viuda de Herrera, Mabel Franco, patrocinada por abogados de CORREPI, puso en controversia la calificaci¢n del hecho, reclamando la aplicaci¢n de la figura del homicidio simple por dolo eventual. Tubio rechaz¢ ese pedido, argumentando que el particular damnificado no tiene derecho a cuestionar la calificaci¢n legal.
Luego de tener el expediente «a estudio» durante seis meses, el pasado 17 de octubre el juez se neg¢ a elevar la causa a juicio oral y sobresey¢ totalmente al polic¡a. El sobreseimiento se basa en que «el imputado no dispar¢ su arma reglamentaria indiscriminadamente, sino que lo hizo hacia un objetivo fijo, en el caso el auto en el que los malhechores efectuaban su cinematogr fica huida»; que «reinaba la oscuridad» y que «Ram¡rez repeli¢ la agresi¢n de los delincuentes», por lo que concluye que «El dolo ni de casualidad asoma su presencia en autos», y es imposible «saber a ciencia cierta cu l fue el deber de cuidado violado por Ram¡rez, ni existe prueba de que actuara con culpa».
Alrededor de diez testigos presenciales sin inter’s en el juicio declararon que el auto se alej¢ del lugar a toda velocidad y zigzagueando, por lo que de blanco fijo ten¡a muy poco, y que Ram¡rez corr¡a tras ‘l por la vereda, disparando en diagonal de manera cont¡nua. Ninguno vio que los ladrones dispararan, y contrariamente a lo que afirma el juez, cuando se encontr¢ el auto robado no se encontraron vainas servidas de otras armas en su interior, sino solamente un plomo de la Browning de Ram¡rez, la misma de la que parti¢ el proyectil que mat¢ a Herrera.
Sobre la muerte de Miguel Herrera dice el juez lomense «asumo que se trata de un fruto de la fatalidad». El polic¡a ten¡a la obligaci¢n impuesta por ley de no usar su arma de fuego si exist¡a la posibilidad de lesionar a terceros. Era de noche, no hab¡a buena iluminaci¢n artificial, hab¡a gente en las puertas de las casas o comercios, el blanco al que quer¡a disparar se desplazaba a alta velocidad y con err tica direcci¢n, y el tirador corr¡a sin tomar precauci¢n alguna, disparando uno tras otro todos los proyectiles de su cargador. La apelaci¢n ya fue presentada. Como broche de oro, digamos que cuando Mabel Franco de Herrera, anoticiada del fallo, quiso enfrentar al juez para increparlo, el magistrado se neg¢ a recibirla, arguyendo que s¢lo hablar¡a con sus abogados. Hizo pasar a su despacho a los compa_eros Sergio Smietniansky y Mar¡a del Carmen Verdo, que le recordaron sus obligaciones para con las partes, pidi’ndole explicaciones de su negativa a ver a la viuda. Finalmente acept¢ sentarse frente a Mabel, no sin antes quejarse de que la compa_era Verdo «lo patote¢».
TORTURAS EN JUNIN
Eric Mart¡n Aguilera Mollecker est detenido en la unidad penitenciaria n¡ 13 de la ciudad de Jun¡n, Provincia de Buenos Aires.El d¡a 17 de octubre a las 9 y media de la ma_ana, mientras esperaba para suministrar sus datos en la oficina administrativa del Penal por un tr mite de rutina, un oficial del Servicio Penitenciario bonaerense lo insult¢ sin motivo alguno. Luego de terminar el tr mite fue abordado por dos penitenciarios que violentamente lo condujeron por un pasillo y a los golpes lo metieron en un ba_o. All¡ fue nuevamente sometido a golpes en la espalda, la parrilla costal, los brazos y piernas. Finalizada la paliza lo remitieron a las celdas de castigo, en principio, por 15 d¡as. El d¡a 20 Ver¢nica, hermana de Eric, concurri¢ a la visita y pudo constatar su deteriorado estado f¡sico, por lo que de inmediato formul¢ una denuncia penal a ra¡z de la cual Eric fue trasladado el 22 de octubre al penal de Olmos. Aguilera se ha presentado como particular damnificado en la causa iniciada por su hermana, con el patrocinio de CORREPI, imputando al personal penitenciario la comisi¢n del delito de tortura.
TORTURAS EN LA RIOJA (transcripci¢n de art¡culo publicado en el diario EL INDEPENDIENTE)
El juez de Instrucci¢n de primera nominaci¢n, Miguel Angel Morales, orden¢ la semana pasada la detenci¢n de dos funcionarios del Servicio Penitenciario Provincial como presuntos responsables del delito de apremios ilegales. Las ¢rdenes de detenci¢n fueron liberadas en contra del secretario Coordinador del Servicio Penitenciario Provincial, Mario Oscar Reynoso, y del jefe de Seguridad, Erico Fangau. Ambos son responsabilizados penalmente por el fiscal Emilio Canavesio, en su escrito de promoci¢n de acci¢n penal, de apremios ilegales en perjuicio de los internos del SPP, Osvaldo De Vicenti y Claudio Javier Gil.
El juez Morales tom¢ intervenci¢n en el expediente iniciado en el juzgado N¡ 3, a cargo del juez Alejandro Manuel Arce, en raz¢n de que ‘ste se encuentra con licencia por enfermedad. Las actuaciones tuvieron origen en una serie de recursos de habeas corpus interpuestos por una docena de alojados en la c rcel local, quienes al ser llamados a comparecer por el juez Arce denunciaron apremios ilegales, amenazas y tratos crueles, por parte de sus custodios. El magistrado orden¢ una pericia m’dica a cargo del forense de turno, quien comprob¢ lesiones de diversa consideraci¢n en el cuerpo de los detenidos De Vicenti y Gil.
Consecuentemente, el magistrado hizo lugar al remedio recursivo ordenando «la cesaci¢n inmediata de medidas restrictivas que so pretexto de seguridad se aplica a los internos», como asimismo la vista al fiscal para que dictamine sobre la presunta existencia de infracciones al C¢digo Penal. Por otra parte, libr¢ oficio a la Secretar¡a de Seguridad ordenando la instrucci¢n de un sumario administrativo para deslindar responsabilidades entre el personal penitenciario.
Al contestar la vista, el fiscal Canavesio imput¢ a los funcionarios Reynoso y Fangau la supuesta autor¡a del delito de apremios ilegales, por lo que ayer el juez subrogante, Miguel Angel Morales, orden¢ la detenci¢n preventiva de ambos.
El secretario de Seguridad provincial, Alberto Paredes Urquiza, formul¢ declaraciones poblicas calificando de «apresuradas» las medidas dispuestas por el juez Arce y negando competencia a la Justicia de Instrucci¢n para intervenir en el caso. El director del Servicio Penintenciario Provincial, comisario Ren’ de la Colina, remiti¢ una nota al juez Morales, poniendo en su conocimiento que «la poblaci¢n carcelaria (…) ha colmado totalmente la capacidad de alojamiento» super ndola en un 30 por ciento, «no existiendo en este momento cupo disponible para alojado alguno». A su vez, el juez Morales remiti¢ sendas notas al Gobernador, al presidente del Tribunal Superior de Justicia y al secretario de Gobierno, para que tomen conocimiento de la situaci¢n y adopten las medidas que correspondan. M s all de la cuesti¢n formal, la nota del titular del SPP es interpretada en medios judiciales como «rompimiento de relaciones» e inicio de hostilidades en una «guerra» o conflicto de poderes.
MAS PRUEBAS SOBRE LOS «ESCUADRONES DE LA MUERTE»
Hace mucho que CORREPI afirma que en algunos lugares del gran Buenos Aires, en particular la zona norte, las pol¡ticas represivas han adoptado t’cnicas de «limpieza social» ejecutando deliberadamente «peligrosos delincuentes juveniles» de 13, 14 o 16 a_os. Adem s de las denuncias recibidas en los barrios, donde se nos relataron historias de autos sin patente con vidrios polarizados que en operativos comando llegan hasta su objetivo, lo fusilan y desaparecen, varios homicidios que investigamos en la misma zona de chicos que se conoc¡an entre s¡ han permitido desenmascar lo que para nosotros era evidente, pero que nadie parec¡a dispuesto a admitir. La paciente -y no exenta de riesgos- tarea de los abogados de CORREPI Andrea Sajnovsky y Mart¡n Alderete, que asumieron las causas del departamento judicial de San Isidro, ha logrado que tome estado poblico la situaci¢n que el diario P gina/12 viene siguiendo desde abril de este a_o, y que el Procurador General de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires se interesara personalmente en el tema. Los polic¡as involucrados no han sido imputados por la justicia, a pesar de ser «figuritas repetidas» en todos los casos, y s¢lo fueron pasados a disponibilidad a ra¡z del esc ndalo medi tico.
Resume as¡ los hechos el diario P gina/12 en su edici¢n del domingo 4 de noviembre:
Gast¢n Galv n y Miguel Burgos: Es el onico caso de la lista en la que los sospechosos son los posibles miembros del escuadr¢n de San Isidro, que se tramita en otro distrito, San Mart¡n. La investiga el fiscal H’ctor Sceba, quien en su momento le comunic¢ a la subsecretaria de Derechos Humanos de la Naci¢n, Diana Conti, que las versiones period¡sticas que se_alaban como sospechoso a un grupo de polic¡as de la comisar¡a 3 de Don Torcuato, o sea la informaci¢n de este diario, ten¡an asidero. Sin embargo, P gina/12 pudo conocer un documento en el que Sceba le respondi¢ un pedido de informe al ex ministro Ver¢n, el 4 de octubre del 2001. All¡ le dice lo contrario: «En respuesta a sus notas de fechas 5/7/01 y 5/9/01 a fin de hacerle saber que, en principio, identificados individualmente, no se encuentra empleado policial alguno imputado en forma concreta del hecho que origina lo actuado». Sin embargo, apenas asumi¢ el nuevo ministro, Juan Jos’ Alvarez, paso a disponibilidad preventiva a los polic¡as de la 3 acusados de torturar y amenazar a los chicos antes de que los mataran.
Jos’ Guillermo R¡os: Los polic¡as que lo mataron son Hugo Alberto C ceres -el Beto C ceres- y Marcelo Anselmo Puyo, de la comisar¡a 3. Aseguran que el chico se baj¢ de un Monza para robar. Lo persiguieron hasta el patio de una casa, donde le dispararon por la espalda. Sostienen que los combati¢ con un pistol¢n, que no serv¡a. Una testigo escuch¢ s¢lo tres disparos. C ceres tiene otro hermano polic¡a, Mario Juan C ceres. Es, segon coinciden las fuentes, el capo de la zona de Don Torcuato, est vinculado con el negocio de la seguridad y una mujer de nombre Irma es su «recaudadora». El padre de R¡os, Oscar, pegaba carteles el oltimo enero «escrach ndolo», cuando junto a Puyo e Irma, se le acerc¢, lo amenaz¢, y arranc¢ los afiches. «Lo mat’ yo y voy a matar muchos m s», les dijo. Luego el polic¡a denunci¢ por amenazas al padre del chico. Lo sorprendente en la causa es, segon los abogados de Correpi, que primero el fiscal adjunto, Federico Schumacher, de la UFI 1 archiv¢ la causa, pese que tanto el juez de garant¡as, Juan Mackintach, como la C mara, negaron el sobreseimiento de los polic¡as. Luego la Fiscal¡a General reabri¢ la investigaci¢n, pero no ha avanzado en m s de un a_o y medio. El polic¡a denunci¢ a R¡os por amenazas. Esa causa, en la UFI 2, de John Broyar -que conoc¡a la situaci¢n porque tuvo la causa por el homicidio-, es la onica que prosper¢: al padre del chico le tomaron declaraci¢n indagatoria. En cambio la denuncia de R¡os por amenazas contra Hugo C ceres fue archivada.
Fabi n Blanco: Su madre denunci¢ en diciembre de 2000 amenazas, violaci¢n de domicilio, abuso de armas, contra los polic¡as Horacio Icardo y Marcos Bress n, de la patrulla de calle de la Tercera. Lo mataron el 1 de noviembre de 2000, cuando estaba arriba de un rbol y por la espalda, los polic¡as Hugo Alberto C ceres y Gallardo. Ella tuvo en su poder los casquillos de las balas del supuesto tiroteo durante diez meses sin que el fiscal de la UFI 7, Daniel M rquez, los pidiera. Las lesiones que tienen delatan una golpiza. Los abogados de la Correpi denunciaron que en septiembre, y porque el expediente fue solicitado por el fiscal general adjunto de San Isidro, doctor C mpora, se pidieron las medidas solicitadas en marzo. La jueza de menores que la evalu¢, del Tribunal 3, consider¢ que el chico no representaba un peligro para terceros y que hab¡a que investigar a los polic¡as, pero no se hizo.
Juan Teodoro Salto: A pesar de que su madre denunci¢ tres veces ante la Justicia amenazas al chico, «El Duende», nada se investig¢ hasta que lo mataron, el 14 de agosto, despu’s de decenas de advertencias a lo largo de nueve meses durante los que vivi¢ encerrado porque su muerte era la que continuaba a la de Blanco en «la lista». Los polic¡as que lo amenazaban eran Icardo y Bress n, de la tercera. Los autos que pasaban por su casa eran casi todos propiedad de los miembros del servicio de calle, incluido Mart¡n Ferreira, que trabaja con los otros dos en la 3 de Don Torcuato.
El fiscal Lino Mirabelli la mand¢ a archivar, pero el fiscal general adjunto revoc¢ la medida.
David Vera Pinto: El caso es emblem tico por dos motivos. El primero, su madre, alertado de que el chico iba a robar, avis¢ al juzgado de menores, al Consejo del Menor, y por oltimo a la comisar¡a de Boulogne. Su preocupaci¢n fue fatal. Su hijo muri¢, segon una testigo cuyo testimonio fue soslayado por el fiscal de la UFI 2, Mario Kohan, cuando ten¡a los brazos levantados en actitud de rendirse y estaba desarmado. Los dichos de la testigo, segon la Correpi, no fueron plasmados por el fiscal en el acta y est dispuesta a volver a declarar. El fiscal archiv¢ la causa.»
Mientras tanto, dos adolescentes de 15 y 17 a_os y su familia completa (padres, hermana y sobrina), que eran los siguientes en la lista de la muerte, ingresaron ayer al programa de protecci¢n de testigos de la provincia de Buenos Aires.
PEDIDO: Recordamos a todos los compa_eros y organizaciones antirrepresivas del interior del pa¡s que cerraremos la recepci¢n de datos para el nuevo ARCHIVO DE CASOS DE PERSONAS MUERTAS POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD el 30 de noviembre pr¢ximo. Rogamos enviar a la brevedad los informes zonales con los casos aon no incluidos as¡ como la actualizaci¢n de los que ya figuran.
PROXIMAS ACTIVIDADES:
S bado 24 de noviembre: Charla en Trenque Lauquen sobre represi¢n policial, a cargo de los compa_eros Gerardo Etcheverry y Delia Garcilazo, de CORREPI y Comisi¢n de Familiares, organizado por la Comisi¢n por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen.
Viernes 14 de diciembre, 17 hs.: Entrega de la Sexta Actualizaci¢n del ARCHIVO DE CASOS DE PERSONAS ASESINADAS POR LA REPRESI.N EN ARGENTINA, en el marco de la habitual Jornada en Plaza de Mayo.
CORREPI
Coordinadora Contra la Represi¢n Policial e Institucional