La denuncia fue realizada en Comisaría por el apoderado de una empresa que estaba cercando 30 hectáreas, sobre un total de 180 que tiene el campo. Ese mismo día por la mañana los ocupantes del campo habían hecho, con patrocinio de Matoso, una denuncia en Fiscalía contra los extraños que estaban cercando el campo.
Por supuesto el fiscal de la UFI 1 intervino a raíz de la denuncia de la empresa, mientras que la denuncia del poseedor aún no fue despachada.
Hay varías declaraciones en sede policial que acusan a Matoso de ser el que ordenaba a la gente e incitaba a la toma de tierras, tan contradictorias reconocen que las personas ingresaron al lote con permiso del poseedor, que la misma empresa
reconoce como tal en la propia denuncia.
Matoso fue detenido y la gente se replegó frente al avance de la Infantería, pero no se retiró del terreno.
El día jueves a primera hora los abogados de CORREPI León «Toto» Zimerman y Claudio Pandolfi se presentaron en la Fiscalía para asumir la defensa de C’sar. Asistieron a Matoso en la indagatoria y solicitaron la excarcelaci¢n.
Otra persona que fue detenida junto con Matoso recuper¢ la libertad el d¡a jueves a las 7:00 horas desde la Comisar¡a, aunque se le imputa id’ntico delito.
Durante el jueves se empez¢ a organizar la concentraci¢n de vecinos de los barrios en tribunales. El viernes el Juzgado plante¢ que tenia 5 d¡as para resolver la excarcelaci¢n, y que usar¡a ese t’rmino. Los abogados de CORREPI reclamaron en forma dura que se resolviera de inmediato, teniendo en cuenta que el delito imputado es excarcelable, y es muy f cil verificar el domicilio y la ausencia de antecedentes penales de un conocido abogado de la zona como Matoso. Por la tarde los compa_eros advirtieron al tribunal que la gente se estaba movilizando y llegar¡a a cortar la ruta si no hab¡a respuesta en el d¡a.
Alrededor de las 5 de la tarde se produjo el corte del acceso a Tribunales de Lomas de Zamora, en Larroque y Camino Negro, impulsados entre otros por ATE Sur. La polic¡a amag¢ reprimir, sac ndose gorras y placas, pero la gente no retrocedi¢.
Ante ello el Fiscal (UFI 2) present¢ un escrito al Juzgado de Garant¡as diciendo que se generar¡a una situaci¢n peor sino hab¡a respuesta r pida al pedido de excarcelaci¢n.
Finalmente, y ante la llegada de m s gente de distintos barrios, el juzgado decidi¢ la excarcelaci¢n el viernes a oltima hora.
Es muy interesante ver que en los fundamentos de la excarcelaci¢n, adem s de reconocer que Matoso carece de antecedentes y es un letrado conocido del foro, el juez anuncia la «decisi¢n de evitar un conflicto mayor frente al corte de calles y la obligaci¢n de reprimir si ‘ste continuaba». Por ello y de acuerdo con la sugerencia del fiscal decide conceder el beneficio (y as¡ lo pone por
escrito en los considerandos de la resoluci¢n).
Matoso recuper¢ la libertad mientras la gente lo esperaba al costado de la calle, bajo la amenaza de volver a cortar sino sal¡a.
No es la primera vez que el aparato estatal golpea a quienes se suman a un reclamo popular aportando su solidaridad. De id’ntico delito fue en su momento acusado Le¢n «Toto» Zimerman, hoy defensor de Matoso, cunado fue detenido junto a los curas que asist¡an a los pobladores del asentamiento entonces llamado La Sarita, luego rebautizado «Agust¡n Ram¡rez» en homenaje al luchador social asesinado por la polic¡a en 1988. Igual que ahora, se acus¢ al abogado de los ocupantes de ser el autor ideol¢gico de la toma de tierras. Es que en la l¢gica del sistema, sostener y defender el derecho de los desamparados a tener un pedazo de tierra donde vivir es asociarse il¡citamente para promover usurpaciones.
VENEZUELA: HASTA LOS FISCALES RECONOCEN LAS POLÖTICAS REPRESIVAS
Transcribimos a continuaci¢n una nota publicada en el portal espa_ol www.informativos.net en la que un fiscal venezolano admite que la polic¡a de su pa¡s realiza ejecuciones extrajudiciales. Claro est , a pesar de su denuncia, el fiscal utiliza el discurso del «abuso» y el «desborde», limpiando la cara del Estado al que prefiere catalogar como inepto antes que como expresamente represor. A pesar del intencionado esfuerzo del funcionario para disimular lo sist’mico de la represi¢n policial, resulta otil constatar que la ideolog¡a de la mano dura, la tolerancia cero y los pregones de guerra a la delincuencia con los diversos matices que ofrecen las «pol¡ticas de seguridad ciudadana» son plenamente continentales, siguiendo al pie de la letra las doctrinas emanadas de los «think tanks» neoyorquinos.
FISCAL VENEZOLANO ADMITE POSIBLE EXISTENCIA DE POL-TICA DE EXTERMINIO DE DELINCUENTES
viernes, 12 enero 2001 @ 22:39 CET Autor: Aram Aharonian
El Fiscal General venezolano, Isa¡as Rodr¡guez, acept¢ la posible existencia de una «pol¡tica de exterminio» contra los delincuentes por parte de la polic¡a, como lo han denunciado organismos de derechos humanos y algunos abogados.
Isa¡as Rodr¡guez asegur¢ que es posible que algunos funcionarios policiales est’n «tomando la justicia» por su mano y, por ende, generando m s violencia.
Las cifras delictivas en el pa¡s hablan por si solas: m s de 7.000 muertes violentas y m s de 2.600 violaciones durante al a_o pasado, y, aon m s cerca, tres menores de edad asesinados el lunes pasado por balas perdidas, evidencian que la violencia «desbord¢» la capacidad estatal de administrar justicia y prevenir el delito.
La presencia de «escuadrones de la muerte» no es nada nuevo en Venezuela, pues hace ya casi veinte a_os existi¢ el tristemente c’lebre caso de los pozos de la muerte en el estado Zulia, al oeste del pa¡s, donde se encontraron una cantidad indeterminada de cad veres de personas desaparecidas.
Y es por ello que la Fiscal¡a General no descarta este hecho, «no las niego, porque es una pr ctica de todas las polic¡as del mundo, no solamente de aqu¡», estim¢ Rodr¡guez, con lo cual el propio Gobierno reconoce que los derechos humanos est n «afectados».
«Esa pol¡tica en el pa¡s es vieja. En todos los lugares del mundo las polic¡as, sin tener instrucciones determinadas por parte del Estado, acuden a veces a esas pr cticas», reconoci¢ el nuevo fiscal general, hasta hace dos semanas vicepresidente de Venezuela. La posici¢n del fiscal permitir¡a afirmar que a las muertes violentas que se producen en Venezuela, 60 como promedio cada fin de semana, se suma esta supuesta acci¢n policial, aon no confirmada por el Gobierno.
CUATRO A½OS DE LUCHA POR MAXI Y POR TODOS
Hace cuatro a_os, el 12 de enero de 1997, la polic¡a bonaerense asesinaba a Maximiliano Maidana (17) en el acceso al edificio en que viv¡a. Maxi estaba terminando el secundario, jugaba al fotbol en la 5 divisi¢n de River, y era el hijo mayor de Mabel Maidana, uno de los referentes m s conocidos en la agrupaci¢n de Familiares de V¡ctimas de la represi¢n. Mabel, acompa_ada por su esposo Juan Carlos y sus hijos menores, ha venido organizando cada a_o actividades en la fecha del cumplea_os de Maxi y en el aniversario de su asesinato. Su inserci¢n en el Barrio San Pablo (Talar de Pacheco) posibilit¢ tambi’n que durante todo el a_o participe y organice charlas y debates en colegios junto con otros integrantes de CORREPI zona norte, familiares de la zona e HIJOS zona norte.
En este cuarto aniversario casi un centenar de vecinos del barrio, la mayor¡a j¢venes de la edad que tendr¡a hoy Maxi, cortaron la intersecci¢n de la Panamericana y la Ruta 197, cl sica cita para concentrar antes de la marcha. Estuvieron presentes familiares de chicos asesinados por la polic¡a de la zona norte y oeste, entre ellos Delia Garcilazo y Sabina Sotelo. Despu’s de sostener el corte un buen rato, marchamos hasta la comisar¡a de Talar de Pacheco, en la que prestaban servicio los polic¡as asesinos. Mabel habl¢ dando la espalda a la dependencia policial, explicando que lo hac¡a para simbolizar la forma en que el Estado, despu’s de matar a su hijo, le viene dando la espalda en estos cuatro a_os, neg ndole el derecho al debido juicio y castigo de los asesinos. Dijo que aunque perdamos una batalla legal como ocurre con su causa, en la que no hay procesados siquiera, ganaremos la guerra a largo plazo si perseveramos en la lucha antirrepresiva sin transar y sin conciliar con el enemigo. Despu’s se par¢ de frente a la comisar¡a, y en la cara de los polic¡as les dijo lo que pensamos de ellos. Finalmente encendi¢ cuatro velas, una por cada a_o desde la muerte de Maxi, y las coloc¢ sobre el umbral policial. «As¡, por lo menos, se van a tener que molestar en salir a la vereda para sacarlas», dijo con su habitual iron¡a.
La columna volvi¢ al Barrio San Pablo, donde hab¡a una serie de actividades previstas bajo el lema «Conozcamos a Maxi».
PRECINTO CINCO: LAS CELDAS DE LA MUERTE
El 22 de enero de 1999 siete j¢venes detenidos en una celda del Precinto 5 (ex Comisar¡a 10¡) de la ciudad de C¢rdoba murieron incinerados tras quemar los colchones en protesta contra los vej menes y malos tratos a los que eran sometidos por parte del personal policial de ese Precinto.
Adri n Moreno, Hugo Gonz lez, Gabriel Emilio Carreras, Jos’ Luna, David Am’rico Charra, Mariano Ezequiel Nieto y C’sar Fernando Barboza estaban detenidos -algunos de ellos desde hac¡a m s de un mes- en esa Comisar¡a y fueron sometidos a la pena de muerte, por la acci¢n y omisi¢n de los polic¡as que nada hicieron para sacarlos de la celda mientras se incendiaban.
Desde el inicio, tanto el gobierno provincial a cargo en ese entonces de Ram¢n Mestre, como los funcionarios judiciales actuantes, coincidieron en calificar a este crimen como una «lamentable tragedia». As¡ se expresaron el fiscal de feria que intervino al principio, Marcelo Sammartino y el ministro de Gobierno, Oscar Aguad. El entonces jefe de Polic¡a, comisario M ximo Lazcano se uni¢ al coro para justificar el aberrante accionar de sus subordinados y el actual jefe de polic¡a, comisario Luis Iturri, quien era por entonces subjefe de la fuerza, observ¢ la misma actitud pues fue quien acompa_¢ a Sammartino al d¡a siguiente de la masacre.
La causa judicial, tramitada por ante la Fiscal¡a de Instrucci¢n del Distrito II – Turno 3, a cargo de Liliana S nchez, sufri¢ dilaciones e irregularidades, habiendo rechazado la fiscal innumerables pruebas que avalan la tesis de que los polic¡as demoraron en abrir la celda entre 20 y 25 minutos, tiempo suficiente para que los siete j¢venes perecieran asfixiados y finalmente calcinados.
La Fiscal¡a calific¢ la causa como «homicidio culposo», por lo que los cuatro polic¡as Julio C’sar Allende, Claudi Mendoza, Carlos Moyano y Julio C’sar Rojas) est n en libertad, aunque los familiares pidieron el cambio de car tula y de calificaci¢n penal. A dos a_os del crimen, todav¡a no hay fecha fijada para la etapa del juicio oral.
El asesinato de estos siete j¢venes no fue un hecho aislado, semanas antes de ese hecho otro joven, Diego Cuello, hab¡a muerto calcinado en el Precinto 6 de esta ciudad. A la lista se suma tambi’n Jos’ Mar¡a Mart¡nez, quien en 1999 pereci¢ quemado en la subcomisar¡a de Del Campillo. Tampoco es una exclusividad cordobesa. Basta recordar la masacre de la Comisar¡a 5 de la Plata, o la de Villa Gobernador G lvez en Santa Fe, la de la Pampa o de Formosa. Hoy mismo, al cierre de este Bolet¡n, llegan las noticias de una violenta represi¢n en una c rcel de R¡o Negro con capacidad para poco m s de 150 internos, abarrotada con casi 400 detenidos, 24 de los cuales fueron hospitalizados despu’s de ser aplastado un mot¡n reclamando mejores condiciones de vida.
Los Familiares de los Siete J¢venes del Precinto 5 vienen realizando marchas todos los d¡as viernes para exigir justicia, para que este crimen no perpetoe la impunidad que reina en nuestro pa¡s desde las ‘pocas de la dictadura militar.
Seguir n reclamando justicia para nuestros j¢venes y para todos los que sufren la represi¢n de la polic¡a y de las fuerzas de seguridad en la marcha y acto el pr¢ximo 22 de enero a las 20 horas frente al Precinto 5, a la que convocan a todo el pueblo cordob’s.
SUPERMERCADOS Y SUPEREXPLOTACI.N
Nuevamente los supermercados son noticia como s¡mbolo de la hiper explotaci¢n capitalista. La semana pasada un muchacho de 19 a_os, que en pocos meses iba a ser padre, se suicid¢ en el COTO de Floresta despu’s de que le notificaron su despido. Antes de quitarse la vida, tom¢ el micr¢fono con el que habitualmente promocionan las «ofertas» y explic¢ a los clientes lo que le pasaba. Las autoridades del supermercado se apresuraron a cerrar el sector donde cay¢ el joven, mientras segu¡an atendiendo al poblico como si s¢lo se hubiera desmoronado una lata de tomates. Parte de los clientes exigieron el inmediato cierre del local e instaron al resto a dejar sus compras de lado, como repudio a la pol¡tica explotadora de la patronal supermercadista. Mientras los indignados vecinos cerraban el acceso al supermercado con los carritos y los compa_eros de trabajo exhib¡an un cartel con la frase «Supermercados COTO: carne joven y barata», un supervisor del comercio intentaba explicar que el joven Juan Carlos Molina «se hab¡a suicidado por problemas psicol¢gicos». Juan Carlos trabajaba de cadete, por un sueldo de $ 200, desde que al cumplir los 18 a_os sali¢ del Hogar de Menores en el que viv¡a dispuesto por un juez por carecer de familia. No ten¡a antecedentes penales.
PROXIMAS ACTIVIDADES:
Lunes 15 de enero: Tercer aniversario del homicidio de Walter Repetto, a manos del polic¡a bonaerense Carlos Docampo. Misa y marcha en Ciudad Evita.
Mi’rcoles 17 de enero, 19:00: reuni¢n de la Coordinadora por la Libertad de Emilio Al¡ en la CTA Capital, Av. Belgrano 1996.
CORREPI
