BRASIL: EL SERVICIO DE INTELIGENCIA EN LA MIRA

Un pequeño paso adelante se dio a fines de noviembre cuando el coronel Ariel Rocha de Cunto, director general de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), y su mano derecha, el teniente retirado Carlos Alberto Del Menezzi, acusado de torturador, fueron apartados del servicio de inteligencia.
La decisión se produjo luego de una serie de artículos publicados en el semanario Veja que resaltaban las cuestionables actividades de la ABIN, incluyendo la vigilancia ilícita de enemigos políticos del actual gobierno y el nombramiento de Del Menezzi como jefe de un departamento clave.
El presidente Fernando Henrique Cardoso, quien fuera obligado a asilarse durante la dictadura militar (1964-85), aplaudió la decisión, diciendo que ningún acusado de torturas volvería a ocupar un cargo de autoridad en su administración.
El gobierno también informó que se encuentra investigando a 226 agentes de la ABIN que podrían haber trabajado para el temible Servicio Nacional de Informaciones (SNI) durante la dictadura.
La ABIN, creada en 1999 por el Congreso, entr¢ en observaci¢n en noviembre luego que informes period¡sticos se_alaron que la agencia estaba investigando a un ministerio del gobierno, un periodista de investigaci¢n y algunas de las figuras pol¡ticas m s importantes del pa¡s.
Los blancos de la ABIN inclu¡an al ex presidente Itamar Franco (1992-94), gobernador de Minas Gerais; el procurador federal Luiz Francisco de Souza; el flujo de fondos del Ministerio de Salud, a cargo de Jos’ Serra; el periodista Andrei Meirelles, quien investig¢ acuciosamente la escandalosa construcci¢n de la nueva sede del Tribunal Regional de Trabajo (NA, Oct. 9, 2000), y funcionarios del Banco Nacional de Desarrollo Econ¢mico y Social.
Hasta las actividades empresariales del hijo del presidente, Paulo Henrique Cardoso, acusado de favorecer a una empresa multinacional en detrimento de una compa_¡a local, fueron investigadas por agentes de la ABIN.
Aunque De Cunto rest¢ importancia a las informaciones de Veja, Franco amenaz¢ con llevar el caso a la Organizaci¢n de Estados Americanos.
«Hoy es mi privacidad», dijo. «Ma_ana podr¡a ser la de ustedes o de sus esposas».
Meirelles tambi’n se mostr¢ indignado por la investigaci¢n sobre su vida personal, incluyendo su afiliaci¢n al Partido Comunista de Brasil.
«Estoy orgulloso de mi pasado, pero me atemoriza saber que esto interese al gobierno en un r’gimen democr tico», manifest¢.
La ABIN se cre¢ luego de dos a_os de debates en el Congreso. Los legisladores buscaron conformar una agencia competente para reunir informaci¢n en  reas que afectan el «inter’s nacional», tales como tr fico de drogas, pero no quer¡an la reencarnaci¢n del temido SNI, disuelto en 1990 por el entonces presidente Fernando Collor de Mello (1989-92).
«El gran problema de los servicios de inteligencia es definir l¡mites», dijo Jarbas Passarinho, ministro durante el r’gimen militar. «Si se establecen algunos, se restringe la capacidad de actuar. Si no se establecen, se crea un monstruo».
El parlamentario opositor Jos’ Genoino, del Partido de los Trabajadores (PT), intent¢ agregar la prohibici¢n de perseguir movimientos sociales, pol¡ticos y religiosos, y otorgar a los agentes el derecho a denunciar a sus supervisores y abstenerse de realizar actividades que considerasen ilegales. Ambas enmiendas fueron rechazadas.
«Ni siquiera se puede decir que las acciones de la ABIN son ilegales», manifest¢ Genoino. «La ley es demasiado indefinida y se basa en el concepto demasiado subjetivo del inter’s nacional».
Los sucesos se conocieron en noviembre cuando De Cunto nombr¢ como jefe del Departamento de Investigaci¢n Criminal y Contrainteligencia a Del Menezzi, quien tiene ocho acusaciones por violaciones a los derechos humanos durante el r’gimen militar, y fue colega de Marcelo Paixao de Araojo, torturador confeso. Del Menezzi sostiene su inocencia y calific¢ las recientes acusaciones como «tortura psicol¢gica».
Aunque la ley que cre¢ la ABIN tambi’n prev’ la creaci¢n de una comisi¢n legisladora de supervisi¢n, no fue sino hasta los recientes informes que se conform¢ una.
«Nuestra intenci¢n es que haya una conciencia ‘tica en nuestro servicio de inteligencia, con agentes capaces de actuar sin intereses ideol¢gicos o pol¡ticos», dijo el general Alberto Cardoso, jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, que supervisa a la ABIN. «Pero asumir que nadie viole esa ‘tica es ut¢pico».
Algunos cr¡ticos se preguntan si es necesario un servicio de inteligencia. «Todas las funciones imaginables desempe_adas por ese tipo de organismo pueden ser realizadas por otras agencias del sector poblico», escribi¢ el columnista Clovis Rossi.
Otros tienen un punto de vista m s duro.
«Cuando todo indica que el nivel de corrupci¢n e impunidad ha alcanzado verdaderas proporciones epid’micas, atemoriza ver agentes federales intimidando a quienes denuncian a los corruptos», dijo Roberto Romano, profesor de la Universidad de Campinas.
Sin embargo, est  por verse si el Congreso y la sociedad civil pueden supervisar las actividades de la ABIN.
Mientras tanto, los derechos humanos en Brasil sufrieron otro golpe el a_o pasado debido al fracaso del gobierno en controlar el resurgimiento de la violencia policial.
La polic¡a militar del estado de S’o Paulo asesin¢ a 489 civiles en la primera mitad del 2000, un aumento de 77.2% con relaci¢n a 1999, afirm¢ el investigador sobre derechos humanos James Cavallaro. A ese ritmo, el nomero total de civiles muertos a manos de la polic¡a militar en el estado m s poblado de Brasil se proyectaba a 1,000 para fines del a_o, superior a los 664 en 1999 y 525 en 1998. En los oltimos 10 a_os, la polic¡a militar de S’o Paulo ha asesinado a 6,672 civiles.
Un estudio realizado por la unidad de asuntos internos de la Polic¡a de S’o Paulo mostr¢ que 51% de las v¡ctimas recibieron disparos por la espalda, mientras que 23% ten¡an heridas de cinco o m s balas.