Con una resolución que permita conseguir la extradición de Chile a Argentina y el posterior juicio por el doble crimen de Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, la jueza María Servini sometió a proceso por los delitos de «asociación ilícita» y «doble homicidio agravado» a cinco ex oficiales de la plana mayor de la DINA. En el dictamen se decreta la prisión preventiva de los procesados y se ordena el embargo de los bienes de cada uno en razón de un millón de dólares (alrededor de 624 millones de pesos chilenos). En efecto, la resolución determina procesar como «autores del delito de asociación ilícita encalidad de jefes, en concurso real con el delito de doble homicidio agravado», al general
(R) Manuel Contreras Sepúlveda y a quien fuera su lugarteniente en la DINA, el brigadier (R) Pedro Espinoza Bravo. Además, dispone el procesamiento -también con prisión preventiva- de Raúl Iturriaga Neumann, Jorge Iturriaga Neumann y José Octavio Zara Holger, en carácter de «integrantes» de la «asociaci¢n il¡cita» que plane¢ y ejecut¢ el doble crimen. Segon se acredita en el expediente, Raol Iturriaga y Jos’ Zara fueron las jefes del «Departamento Exterior» de la DINA, mientras Jorge Iturriaga actu¢ como agente en Buenos Aires, junto al ex oficial Christopher Willike Floel y al onico condenado por el crimen, el agente civil de la DINA Enrique Arancibia.
Para la jueza argentina, corresponde aplicar la figura de la «asociaci¢n il¡cita» porque los procesados usaron «un medio id¢neo para crear un peligro comon y por estar predeterminado por m s de dos personas», segon lo determina el art¡culo 210 del C¢digo Penal argentino, que prev’ penas de entre tres y diez a_os de prisi¢n para los miembros de tal tipo de asociaci¢n y de cinco a_os como m¡nimo para los jefes u organizadores.
Adem s, los cinco agentes son procesados por el delito de «doble homicidio agravado» para el cual la pena m¡nima es de 20 a_os de prisi¢n. En ese caso, para la legislaci¢n argentina, a todos los implicados en asociaci¢n il¡cita se le debe aplicar la figura del homicidio agravado, independientemente del grado de participaci¢n material en el hecho.
Al respecto, cabe recordar que a Enrique Arancibia se lo conden¢ como «part¡cipe necesario» del asesinato de los Prats, porque el Tribunal dio por probado que el agente de la DINA en Buenos Aires realiz¢ las tareas de «inteligencia previas al atentado».
Los encausamientos por asociaci¢n il¡cita y doble homicidio agravado, su prisi¢n preventiva y el embargo de sus bienes por un mill¢n de d¢lares, ser n un nuevo argumento para los abogados de las hijas del general Prats, quienes intentar n anular la decisi¢n del ministro Jorge Rodr¡guez, quien rechaz¢ tramitar la extradici¢n de seis ex miembros de la DINA y de Augusto Pinochet aduciendo la falta de procesamiento. Por lo cual, el querellante Hern n Quezada dijo que el fallo indicado «refuerza el pedido de extradici¢n». En cambio, el defensor de Contreras, Juan Carlos Manns, catalog¢ la decisi¢n de Servini como «oportunista y acomodaticia». Los 5 ex miembros de la DINA se encontraban en calidad de imputados y sobre esa base Servini hab¡a pedido su extradici¢n a Argentina. Sin embargo, el juez de la Corte Suprema Jorge Rodr¡guez hab¡a rechazado tramitar su solicitud exigiendo como requisito -de acuerdo a la ley chilena-, su procesamiento. Con esta nueva resoluci¢n se derrumba el el onico argumento que ten¡a la justicia chilena para no proceder a la extradici¢n. El 4 de julio, la Sala Penal de la Corte Supera conocer tal apelaci¢n.
CONTRA LOS PRIVILEGIOS DEL GENOCIDA
En la misma causa y en calidad de imputados -paso previo a la dictaci¢n de un
auto de procesamiento- se encuentran Pinochet; el ex agente de la DINA Exterior, Cristopher Willeke, adem s de Mariana Callejas, ex esposa del autor confeso del crimen, el ex agente de la DINA Michael Townley. La jueza argentina tambi’n pidi¢ la extradici¢n de Pinochet y Callejas, pero el juez Rodr¡guez se neg¢ a tramitar la solicitud al considerar que no s¢lo no se encuentraban procesados, sino que adem s aon no hab¡an sido interrogados por la justicia transandina. Por ello, Servini de Cubr¡a ya remiti¢ el escrito donde pide hacerlo en Santiago, mientras que la defensa del ex dictador en Argentina intenta que se realicen ex menes m’dicos para evitar su declaraci¢n.
La jueza argentina deber comunicar la nueva situaci¢n procesal de los cinco esbirros de la DINA a la justicia chilena, y pedir a Interpol sus detenciones con fines de extradici¢n. Como los inculpados est n en Chile, la polic¡a internacional necesita del aval de los tribunales locales para actuar. Esos deber n decidir sobre «la cuesti¢n de fondo», es decir, sobre la responsabilidades imputadas por la justicia argentina por el crimen del matrimonio Prats.
Mientras tanto, continoan los privilegios del genocida. Aon no ha sido fichado como corresponde a todo criminal procesado. El juez Guzm n hab¡a solicitado a profesionales de la Universidad de Chile que analizaran el diagn¢stico entregado por el m’dico de cabecera de Pinochet, Reinaldo Seilave, quien sostuvo que la vida del ex dictador estaba en peligro si era sometido al tr mite de filiaci¢n.
El magistrado s¢lo les hizo una pregunta: +Est Pinochet en condiciones de salud para ser filiado?. Los neur¢logos Manuel Fruns y L¡a S ez entregaron su informe.
En una carilla y media explican que aunque el tr mite f¡sico -toma de huellas dactilares- no deber¡a influir mayormente en la salud del ex dictador, su edad, condiciones de salud y el estr’s al que ha estado sometido implican que de alguna manera podr¡a afectarlo emocionalmente. Sin embargo, no hacen referencia al eventual riesgo de muerte del procesado ex dictador, planteado por el doctor Seilave. Una vez m s las triqui_uela del pinochetismo se estrellan contra la verdad. Pero, Pinochet no es fichado. As¡ queda m s en evidencia que los mandos castrense detentan el poder real.
PESE A LA MANIOBRAS, SE ABRE CAMINO LA VERDAD
Mientras tanto, cada d¡a se conocen nuevos antecedentes de cr¡menes cometidos durante per¡odo dictatorial. Un reciente testimonio del ex agente de la CNI Pedro Rodr¡guez Bustos dio un nuevo impulso a la investigaci¢n del asesinato en septiembre de 1989 del dirigente del MIR Jecar Neghme. Se trata del mismo agente que declar¢ en diciembre de 1999 ante el proceso que instruye el juez Juan Guzm n por la Caravana de la Muerte, en una diligencia cuya filtraci¢n levant¢ polvareda, por la violaci¢n al secreto del cuaderno reservado del magistrado y por la alusi¢n que hizo el testigo de la participaci¢n del general Emilio Cheyre (candidato a suceder a Izurieta en la Comandancia General del Ej’rcito) en los hechos que culminaron con la ejecuci¢n de 15 detenidos del regimiento Arica, en La Serena.
Despu’s de su testimonio en contra del general (R) Sergio Arellano y su comitiva de asesinos, Rodr¡guez proporcion¢ nuevos antecedentes de los cr¡menes cometidos por los agentes de la CNI en la d’cada de los 80. Primero, declar¢ respecto del homicidio del periodista Jos’ Carrasco (MIR), perpetrado en septiembre de 1986, como represalia al atentado contra Pinochet. Posteriormente (22.05.00), compareci¢ ante el ministro Alfredo Pfeiffer, para aportar antecedentes acerca del asesinato de Neghme. Esta informaci¢n y las investigaciones policiales permitieron corroborar las pistas que en doce a_os de investigaci¢n se han ido acumulando en contra de los miembros de la brigada metropolitana de la CNI, Jorge Vargas Bories y Arturo Sanhueza Ross, tambi’n procesados por los asesinatos de profesionales abatidos en septiembre de 1986 y por la Operaci¢n Albania, perpetrada en junio de 1987.
La muerte de Neghme, vocero del MIR, constituy¢ el oltimo asesinato pol¡tico de las postrimer¡as del r’gimen militar. Sin embargo, su investigaci¢n judicial fue objeto de diversas maniobras que significaron cuatro sobreseimientos sucesivos del sumario, decretados por el ministro Pfeiffer en febrero del ’90, diciembre del ’91, octubre del ’94 y agosto del 95, «por no existir diligencias pendientes ni inculpados en la causa». En noviembre de 1999 la Corte de Apelaciones orden¢ por cuarta vez la reapertura del proceso y seis meses despu’s la familia de la v¡ctima pidi¢ la inhabilidad del magistrado, porque «su sesgo pol¡tico se ha transformado en negligencia profesional». Pero la evidencia de los datos recabados en otras causas oblig¢ finalmente a Pfeiffer a que despachara hace un mes la primera orden amplia de investigar que se dicta en la causa.
La indagaci¢n policial despert¢ nuevas esperanzas en que se establezca la verdad y se sanciones a sus asesinos, porque los antecedentes que posee la policial desde la aclaraci¢n del caso Albania, arrojan datos fundamentales respecto al organigrama operativo de la CNI, sus armas y procedimientos. En efecto, entre las principales pistas que actualmente investiga la polic¡a civil, figura un proyectil y una vainilla utilizadas en el asesinato del empresario gastron¢mico Silvio Aurelio Sichel, involucrado en el esc ndalo financiero de «La Cutufa», que corresponden al arma «sig sauer» empadronada a nombre de Sanhueza Ross. La presi¢n sobre los tribunales y la denuncia permanente del accionar de jueces corruptos y reaccionarios, es el onico camino para abrir paso a la verdad y a la
sanci¢n penal a los «hombres» de Pinochet.
TRIUNFO DE LA SOLIDARIDAD: MARCELA VIAJA A B+LGICA
La permanente lucha de los organismos defensores de los presos pol¡ticos, apoyados por la acci¢n consecuente y solidaria desde muchos pa¡ses extranjeros, ha logrado un triunfo significativo. B’lgica que recibir a Marcela Rodr¡guez, ex miembro del Movimiento Juvenil Lautaro, quien recuperar su libertad, cuando se publique en el Diario Oficial la Ley que establece un indulto general con motivo del reciente Jubileo 2000. Este beneficio posibilita no s¢lo la libertad de Marcela sino tambi’n la de casi mil 400 presos, que cumplen condena y sufren graves problemas de salud, enfermos terminales o menores de edad. La informaci¢n fue confirmada por el senador Jos’ Antonio Viera-Gallo (PS): «Hoy habl’ con el embajador y me confirm¢ que ya estaba todo listo para recibir a Marcela Rodr¡guez en ese pa¡s. Ella recibir la atenci¢n m’dica que necesita, ya que su tratamiento m’dico es muy caro. Una ONG es la que se har cargo de todo». El tr mite se oficializar una vez publicada la ley, en el transcurso de la semana.
El vicario de la Pastoral Social, Alfonso Baeza, desempe_¢ un rol fundamental en las gestiones para posibilitar una salida al injusto tratamiento judicial y humano a que hab¡a estado sometida Marcela Rodr¡guez. Al conocer la noticia dijo que con este beneficio «se abre una esperanza para Marcela, en el sentido de poder acceder a mejores condiciones de vida. Es una pena que tenga que salir del pa¡s para poder ser tratada de su enfermedad por problemas econ¢micos». Al mismo tiempo que el prelado afirmaba que la condena a Marcela «ha sido un castigo absolutamente desproporcionado», criticaba la falta de solidaridad con que se ha tratado a la ex lautarista, al igual que a otros detenidos que est n procesados por la Ley Antiterrorista. Adem s, cr¡tico al ex ministro de Justicia de Eduardo Frei, Francisco Cumplido, a quien acus¢ de haber tenido una opini¢n bastante hostil y sesgada respecto a los presos pol¡ticos: «Miradas como estas ponen en duda por lo menos la aplicaci¢n de la justicia en este tipo de casos.
Creo que es una injusticia calificar de terrorista a Marcela». Por lo cual, respecto al beneficio que recibe, el sacerdote dice que es un premio muy merecido, «por su actitud valerosa y digna, al igual que la de toda su familia, que la ha apoyado hasta al final».
Marcela Rodr¡guez, denominada «la mujer metralleta» por el oficialismo y la reacci¢n, particip¢ en el rescate del lautarista Marco Ariel Antonioletti desde el Hospital S¢tero del R¡o, en noviembre de 1990. En esa ocasi¢n recibi¢ una bala en la columna vertebral y qued¢ parapl’jica. Fue condenada a 20 a_os de c rcel por la justicia militar. Actualmente tiene 47 a_os. Ha sido sometida a cerca de 18 intervenciones quirorgicas de diversa ¡ndole en los oltimos a_os, de las que no ha logrado recuperarse. Desde hace un a_o y medio est recluida en el hospital de infecciosos Lucio C¢rdova, bajo medidas extremas de seguridad y vigilancia. Actualmente, debido a los diversos trascendidos sobre la proximidad de su ostracismo, Gendarmer¡a le ha redoblado la seguridad y s¢lo puede recibir a sus familiares m s cercanos. En caso de ser desterrada a B’lgica, deber permanecer en ese pa¡s por lo que resta de la sanci¢n penal.
Estos hechos impulsan al sacerdote Baeza a denunciar que ha habido una enorme injusticia y falta de solidaridad de los poderes del Estado con Marcela Rodr¡guez, lo que incluso se expresa en «haberle puesto un t¡tulo tan terrible como la mujer metralleta, t¡tulo de terrorista que hizo que mucha gente ignorara lo que ha sufrido esta mujer».
Trascendi¢ que el Gobierno orden¢, mediante una circular reservada, tomar especiales medidas de seguridad para el d¡a de su salida. Se trata de sacarla de madrugada, para que nadie la vea, tal como se hizo cuando el ex Presidente Aylwin conden¢ al ostracismo a los presos pol¡ticos de la dictadura, en el marco de las llamadas «Leyes Cumplido».
Sobre este operativo que se realizar para su traslado desde el hospital Lucio C¢rdova hasta el aeropuerto, el sacerdote Baeza dijo: «Me da mucha pena que hoy d¡a todav¡a se utilicen los m’todos que nos recuerdan la ‘poca m s negra de la historia de Chile».
Fuente: Sergio Ram¡rez para el Equipo Nizkor, Chile, 2jul01
