La intolerancia se refiere a todo comportamiento, forma de expresión o actitud que viola o denigra los derechos del prójimo e incluso aquellos que invitan a violarlos o negarlos, por el hecho de ser, pensar o actuar de modo diferente.
Las manifestaciones de intolerancia consagran como valor superior no a la persona con sus propias y diversas identidades, sino la propia identidad enfrentada a la de los demás.
En contraste, la tolerancia es un componente fundamental de la democracia y se entiende como una disposición a respetar todas las diferencias formadas por las distintas identidades de las personas y los grupos que componen una sociedad o comunidad. Y esto nos está faltando desde que el gobierno «del cambio» entró en funciones.
Como se ha documentado en fuentes hemerográficas y electrónicas , desde agosto de 2000, impulsada por los actos discriminatorios de los panistas, la intolerancia priva en las ciudades de Aguascalientes, Veracruz, Guadalajara, Monterrey, Puebla, DF, Guanajuato y Quer’taro, donde el fanatismo religioso, la homofobia, el patriarcalismo y el racismo son expresiones recurrentes que atentan contra los derechos humanos de diversos sectores sociales, en particular las mujeres, los ind¡genas, los econ¢mica y socialmente excluidos/as, y la comunidad l’sbico-gay.
Y es que perpetradas por las/os pol¡ticos panistas, estas violaciones a los derechos humanos infunden confianza a sectores conservadores de la sociedad para reproducir actos discriminatorios y fomentar un ambiente donde las personas consideradas diferentes son agredidas y segregadas por el hecho de ser precisamente distintas.
No obstante, la discriminaci¢n y otras violaciones a los derechos humanos derivadas de ‘sta son negadas por el PAN, que parapeta el hostigamiento, la persecuci¢n, la censura, la segregaci¢n y la violencia en reglamentos y c¢digos municipales que supuestamente defienden la «moral poblica» y las «buenas costumbres», las cuales est n determinadas por c¢digos morales y ‘ticos personales pero que, asegura el PAN, comparten «la mayor¡a de los mexicanos».
HOMOFOBIA Y FANATISMO, EL ROSTRO OCULTO DE LA «MORAL P+BLICA» PANISTA
Los gobiernos panistas locales de Aguascalientes, Nuevo Le¢n, Veracruz, Puebla y Baja California, as¡ como representantes populares del DF y del gobierno federal que pertenecen al albiazul, han sido especialmente virulentos contra quienes promueven la educaci¢n sexual, asumen una orientaci¢n o actividad sexual distinta de la establecida en el c¢digo moral de ese partido, y expresan una interpretaci¢n libre y personal de la sexualidad a trav’s del arte.
Un ejemplo de esto es el caso de Veracruz. A mediados de enero de este a_o, los alcaldes panistas del puerto de Veracruz y de Boca del R¡o, Ram¢n Guti’rrez de Velasco y Adri n Avila Estrada, respectivamente, anunciaron que en cumplimiento con sus promesas de campa_a llevar¡an a cabo «una limpieza de las ciudades para evitar la inmoralidad», por lo cual har¡an «una guerra sin cuartel contra los homosexuales y las prostitutas», cuya «finalidad es erradicar la mala imagen e inmoralidad en el centro de la ciudad».
Amparados en el Bando de Polic¡a y Buen Gobierno, el cual sanciona «cualquier acto que vaya contra la moral y las buenas costumbres», los ediles veracruzanos emprendieron una serie de operativos nocturnos para retirar del primer cuadro del puerto y de sus zonas tur¡sticas, «incluso con el uso de la fuerza», a todos los sexoservidores/as.
Conocidos como razzias, estos operativos polic¡acos son ilegales ya que contravienen el art¡culo 16 constitucional que establece que «Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente,
que funde y motive la causa legal del procedimiento».
No obstante, los elementos polic¡acos comisionados recibieron ¢rdenes de «no tentarse el coraz¢n» en lo que activistas gays de la organizaci¢n Claroscuro calificaron como una «cacer¡a despiadada». En estos operativos, denunci¢ Claroscuro, por lo menos 20 sexoservidores han sido detenidos con violencia, amenazados y luego abandonados lejos de donde fueron levantados.
Estos actos ilegales ya se hab¡an llevado a cabo en la administraci¢n municipal anterior, encabezada por edil panista Francisco Avila Camberos, pero fueron suspendidos ante la presi¢n de organizaciones civiles, ya que en ellos se golpeaba y robaba a los aprehendidos.
Las razzias contra sexoservidores/as y homosexuales «en aras de la moralidad» han sido tambi’n ampliamente utilizadas por la administraci¢n panista de Monterrey, Nuevo Le¢n, donde tambi’n cobijado por el Reglamento de Polic¡a y Buen Gobierno, el edil autoriz¢ operativos polic¡acos contra travestis. La organizaci¢n regiomontana Identidad Saludable denunci¢ que en una razzia llevada a cabo el 24 de abril, un nomero no determinado de travestis fueron detenidos por ejercer la prostituci¢n en poblico.
Algunas de las personas fueron arrestadas sin m s prueba que llevar preservativos en el bolsillo del pantal¢n, o encontrase en presencia de mujeres en un lugar donde se sirven bebidas alcoh¢licas. La organizaci¢n denunci¢ que en los operativos los detenidos fueron extorsionados, maltratados psicol¢gica y f¡sicamente, mantenidos en condiciones inhumanas y robados. Asimismo, document¢ 13 casos en los que los detenidos fueron v¡ctimas de abuso verbal, sexual y f¡sico.
Organizaciones gay han denunciado que los operativos de este tipo tambi’n son comunes en Puebla, Quer’taro, Baja California, Yucat n, Jalisco y Aguascalientes, donde se llevan a cabo violentas persecuciones polic¡acas contra sexoservidores homosexuales bajo los ambiguos conceptos de ofensa a la «moral poblica» y las «buenas costumbres», los cuales est n establecidos en el reglamento municipal e interpretados en detrimento del respeto a la diversidad sexual y religiosa.
Pero en Aguascalientes estos criterios con los que se mide «la moral poblica» no han sido utilizados s¢lo para agredir f¡sica, sexual y psicol¢gicamente a los gays, sino tambi’n para segregarlos y discriminarlos abiertamente. A finales de agosto de 2000, casi dos meses despu’s que el PAN ganara las elecciones presidenciales y la mayor¡a relativa en el Congreso de la Uni¢n, el director de Reglamentos del ayuntamiento de Aguascalientes, Jorge -lvarez Medina, estableci¢ una restricci¢n en el acceso al balneario Ojo Caliente para prohibir la entrada de «perros y homosexuales». El funcionario neg¢ su participaci¢n en este asunto que despert¢ la ira de la comunidad gay, pero acept¢ estar contra ese «tipo de personas» y dijo que «si yo fuera la m xima autoridad del gobierno y me diera cuenta de que en mis filas hubiera un homosexual, l¢gicamente esa persona se ir¡a para fuera».
En vez de la vocaci¢n de respeto a la diversidad y la tolerancia que debe promover un gobierno, fue el activismo de organizaciones tales como Orgullo L’sbico Gay, la Fundaci¢n Aguascalientes de Lucha contra el Sida y En Busca de los Derechos Gay, el mecanismo que llev¢ al Congreso local a prohibir en el C¢digo Penal Estatal de Aguascalientes la discriminaci¢n por orientaci¢n sexual.
Otra manera de fomentar la intolerancia hacia la sexualidad es la censura. Un caso de esto fue lo ocurrido en Monterrey con un programa de radio. En esta ciudad, la organizaci¢n Movimiento Abrazo denunci¢ en enero pasado que el gobierno regiomontano prohibi¢ la emisi¢n del programa radial El Abrazo de la Banda, el cual se transmit¡a desde hac¡a cinco a_os y ten¡a como objetivo prevenir el VIH/Sida, las enfermedades de transmisi¢n sexual y los embarazos no deseados, especialmente entre j¢venes de colonias populares, desde donde incluso se hicieron transmisiones en vivo. El argumento que justific¢ la censura, denunci¢ Movimiento Abrazo, fue que el programa «no encaja con la pol¡tica gubernamental».
La censura a los esfuerzos por educar sobre la prevenci¢n del VIH/Sida tambi’n se ha visto en la ciudad de M’xico, donde algunas delegaciones est n en manos de panistas. En Azcapotzalco, donde la delegada es la panista Margarita Salda_a, el subdirector de Educaci¢n y Cultura impidi¢ que el 2 de diciembre pasado se realizara un evento cultural/educativo en el Jard¡n Hidalgo de esa demarcaci¢n, a prop¢sito del d¡a Mundial de Lucha contra el Sida. Organizado por el grupo cultural Latitud Norte, Espacio de Libertad, el acto incluir¡a talleres sobre el uso del cond¢n, stands informativos, mosica y exposici¢n de carteles referentes a la lucha contra el Sida. El argumento para no permitir el evento fue que la solicitud del espacio se entreg¢ a destiempo, pero en a_os anteriores la petici¢n se hab¡a hecho en el mismo lapso y no hubo problema alguno.
Como en Monterrey y en el DF, en Veracruz los gobernantes panistas tambi’n ligan el VIH/Sida con la moral religiosa y lo utilizan como una forma de segregar a quienes llevan una vida que no concuerda con la visi¢n que ‘stos tienen de «buenas costumbres». De esta forma, en marzo pasado el alcalde veracruzano Ram¢n Guti’rrez oblig¢ a mil 500 meseras de centros nocturnos a practicarse an lisis de detecci¢n del virus que causa el Sida. Esta acci¢n, adem s de ser utilizada con fines moralistas, atenta contra la Norma 010 de la Secretar¡a de Salud, la cual establece que nadie puede ser obligado/a a someterse a an lisis de detecci¢n del VIH.
Y en la sede de los poderes federales, la secretar¡a de Hacienda no ha aplicado ex menes de detecci¢n del VIH a sus empleados, pero s¡ los ha sometido al detector de mentiras para saber si dicen la verdad cuando hablan de su vida sexual y sus creencias religiosas. Segon reportes de la prensa del 13 de mayo, los/as trabajadoras de las reas anticorrupci¢n de esta dependencia son sometidas al pol¡grafo, mejor conocido como detector de mentiras, para conocer «si se acuestan con hombres, con mujeres, cu les son sus h bitos de consumo, su religi¢n y sus posesiones personales, aparte de la declaraci¢n de situaci¢n
patrimonial que, por ley, deben entregar cada a_o».
El ambiente de intolerancia que provocan los gobernantes panistas tambi’n promueve y alienta conductas agresivas y discriminatorias de particulares. Por ejemplo, la segregaci¢n en la que se tiene a la comunidad gay de Aguascalientes fue aprobada por el vicario general de la di¢cesis de esa ciudad, Miguel Medina, quien culp¢ a los homosexuales de la prohibici¢n de entrar al balneario Ojo Caliente por «hacer cosas delante de los dem s».
El religioso, igual que el funcionario, neg¢ cualquier motivaci¢n hom¢foba, diciendo que «si uno de ellos (un gay) viene a la Iglesia a confesarse lo voy a tratar con respeto». No obstante, la realidad ha probado que el catolicismo hidroc lido trata a la comunidad gay con todo menos respeto, sin que el gobierno local tome las medidas adecuadas para cumplir con su obligaci¢n de proteger a las personas de los ataques de terceros.
A finales del a_o pasado y a principios de ‘ste, los gays de Aguascalientes denunciaron ante la opini¢n poblica y el obispo de Aguascalientes, Ram¢n God¡nez Flores, que los sacerdotes de la ciudad no les permit¡an el acceso a templos y parroquias, particularmente en la misa dominical.
Como no consiguiera respuesta positiva ante la denuncia de discriminaci¢n, Ernesto Mart¡nez V zquez, dirigente del Comit’ L’sbico Gay y Transexual, una de las organizaciones m s activas en la defensa de los derechos de la comunidad gay, amenaz¢ al obispo God¡nez Flores con revelar nombres de sacerdotes gays si los homosexuales segu¡an siendo expulsados de las iglesias. La respuesta del obispo fue que desde el seminario los aspirantes a sacerdotes gays eran «invitados» a retirarse para no llegar a ser sacerdotes, pues «s¡ afecta que un sacerdote sea homosexual, pues en un sacerdote es igualmente reprobable… todo sacerdote sigue siendo persona humana y tiene las mismas dificultades y las mismas tentaciones que cualquier hombre».
A pesar del ambiente de segregaci¢n creado por la Iglesia cat¢lica contra los gays de Aguascalientes, el gobierno local no intervino, faltando as¡ a su obligaci¢n de velar por que los particulares no restrinjan las libertades
fundamentales de los ciudadanos, como lo son la libertad de culto y de tr nsito.
Pero esto no es privativo de Aguascalientes. En Veracruz, el obispo Luis Gabriel Cuara M’ndez respald¢ los operativos contra sexoservidores y homosexuales en el puerto, diciendo que «El gobierno tiene la responsabilidad de combatir las perversiones y los males morales que afecten a la sociedad», y calificando a los hombres y mujeres que se dedican al sexoservicio como un «mal moral». «La homosexualidad y la prostituci¢n es un mal social equiparado al latrocinio y de alguna manera el Estado tiene la obligaci¢n de intervenir, son hechos pecaminosos», dijo el obispo.
La intolerancia hacia la expresi¢n de la sexualidad a trav’s del arte tambi’n es comon en Guadalajara. En agosto del a_o pasado, dos personas atacaron y destruyeron el dibujo La Patrona, del artista Manuel Ahumada, el cual retrataba a Marilyn Monroe como la Virgen de Guadalupe, y se exhib¡a en un museo de arte de la capital jalisciense. El arzobispo primado Norberto Rivera Cabrera defendi¢ a los atacantes diciendo que la obra era un «insulto» a la fe cat¢lica y que la Iglesia y sus seguidores ten¡an derecho a defenderla.
Y en Monterrey, la comunidad gay denunci¢ que en el telediario Matutino el conductor Carlos Zo_iga expres¢ que «la homosexualidad es una perversi¢n que se est extendiendo» y «est prohibida por la Biblia».
En todos los casos descritos, por su intolerancia hacia la diversidad sexual, los gobiernos panistas violan abiertamente las garant¡as y libertades de los/as ciudadanas, ya sea por faltar a su obligaci¢n de respetarlas, o por evitar que otros atenten contra el disfrute de las mismas. La materializaci¢n de estas violaciones son observables en declaraciones abiertamente discriminatorias, censura de expresiones art¡sticas y programas radiof¢nicos, y persecuci¢n, hostigamiento y violencia contra la comunidad l’sbico-gay, y trabajadores/as del sexo.
Los instrumentos que validan estas violaciones a los derechos humanos son los c¢digos municipales y reglamentos de gobierno, que se leen con una ¢ptica basada en la moral propia. Pero lo que est de fondo y que se hace evidente en las declaraciones es una profunda homofobia y el nimo de imponer a otros los c¢digos ‘ticos y morales derivados de una religi¢n que no todos comparten o que es interpretada y vivida de diferentes formas.
RACISMO Y DISCRIMINACI.N POR CONDICI.N SOCIAL,LOS CRITERIOS EN LA INTERLOCUCI.N CON INDÖGENAS Y POBRES
La homofobia y el fanatismo religioso no son los onicos m¢viles de la discriminaci¢n panista. Parapetados en argumentos legales y en una actitud de apoyo a la superaci¢n de los sectores marginados, el clasismo y el racismo subyacen en las actitudes que tienen los legisladores y ediles panistas hacia los ind¡genas y las personas social y econ¢micamente excluidas.
Por ejemplo, los medios informaron a finales de abril que en el municipio guanajuatense de P’njamo, donde el 95 por ciento de la poblaci¢n vive en el campo, la directora de Desarrollo Social, Perla Ivonne Carrera, puso un anuncio en las oficinas de la dependencia que dec¡a: «Antes de pasar a esta oficina no olvide ba_arse y perfumarse». La funcionaria, que fue nombrada por el alcalde panista Felipe Arredondo, dijo que «la iniciativa se debi¢ a que la cultura de limpieza debe iniciar en este sector, y por medio de este anuncio, que consideramos inofensivo, es parte de la educaci¢n y superaci¢n del campesino».
El presidente del Comit’ Directivo del Partido del Trabajo, Miguel Tafoya, dijo que desde que apareci¢ el letrero la afluencia a la dependencia ha disminuido, a pesar de que es en esta oficina donde se otorgan apoyos a los campesinos de las m s de 700 comunidades rurales de P’njamo, donde el 80 por ciento del campo est devastado por el estiaje y el agua es escasa. Ahora los campesinos se reonen en la plaza principal para designar a un vocero, «el que est’ m s limpio», dijo Tafoya.
Al mismo tiempo, en Monterrey esta vez fue la discriminaci¢n por condici¢n social el mecanismo con el que se aplic¢ el reglamento de Polic¡a y Buen Gobierno. Basada en ‘ste y en la supuesta petici¢n de automovilistas en el contexto de la realizaci¢n de la Serie Cart, desde el 9 de marzo la alcald¡a emprendi¢ una serie de operativos polic¡acos para correr, detener y encarcelar a personas que trabajan en la v¡a poblica lavando autom¢viles, limpiando vidrios, vendiendo mercanc¡as, y a todo aquel que parezca «sospechoso». La alcald¡a dijo que los operativos se detendr¡an hasta tener la certeza de que los as¡ llamados lavacoches no son ladrones ni asaltantes.
La organizaci¢n de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC) document¢ el caso de un matrimonio de vendedores ambulantes, los cuales fueron detenidos y agredidos por polic¡as municipales el 26 de marzo. CADHAC dijo que en la detenci¢n, oficiales de las patrullas 120 y 122 arrastraron a los detenidos, esposaron a la se_ora y golpearon a su esposo en las costillas.
Otro caso documentado por la misma organizaci¢n fue el de dos j¢venes lavacoches, quienes el 31 de marzo fueron detenidos y esposados por agentes de la unidad 108. Los agentes impidieron que los muchachos recogieran sus instrumentos de trabajo y sus bicicletas, para luego llevarlos a las celdas de la Polic¡a Municipal, donde permanecieron m s de 20 horas sin la posibilidad de usar el tel’fono, o de pagar una multa para poder salir.
Operativos similares han sido emprendidos en el puerto de Veracruz contra ni_o/as de la calle. La Comisi¢n para la Defensa de Derechos Humanos Asociaci¢n Civil denunci¢ el 12 de mayo que la subsecretar¡a de Seguridad Poblica del estado hab¡a emprendido razzias para detener a menores en situaci¢n de calle, luego que uno de ellos viol¢ y mat¢ a una ni_a de 10 a_os. Sin ningon tipo de prueba contra los otros ni_os de la calle y sin un programa de asistencia o rehabilitaci¢n, 25 ni_os han sido detenidos en estas razzias permanentes que la presidenta de la organizaci¢n, Ana Mar¡a Vera, calific¢ de represivas.
La medida emprendida contra trabajadores/as informales en Monterrey y ni_os de la calle en Veracruz, adem s de atentar contra las libertades establecidas en el art¡culo 16 constitucional, contraviene el art¡culo 5¡ de la misma Carta Magna, el cual garantiza la libertad de las personas a ejercer cualquier trabajo u oficio l¡citos. M s aun, la medida es abiertamente discriminatoria, pues con ella se intenta aplicar la ley a ciertas personas en raz¢n de su condici¢n social de marginaci¢n. Adem s de esto, la mera concepci¢n del trabajo informal como una potencial fuente de delitos, va en contra las directrices internacionales en materia de derechos econ¢micos y sociales. A la letra las directrices de Maastrich dicen que «Ninguna v¡ctima de violaciones a los derechos econ¢micos, sociales y culturales deber¡a ser sujeto de sanciones penales debido exclusivamente a su condici¢n de v¡ctima, por ejemplo, de leyes que penalizan el hecho de ser desamparado».
Los operativos tienen de trasfondo la discriminaci¢n por condici¢n social, la cual fomenta la violencia y las violaciones a los derechos humanos en las calles regiomontanas. No es casualidad que en su informe anual CADHAC haya encontrado que 88 por ciento de las violaciones a los derechos humanos registradas en 2000 hayan sido cometidas por polic¡as o agentes viales.
Tambi’n el racismo es un importante detonante en la discriminaci¢n panista y el clima de intolerancia que se deriva de ella. Los casos m s evidentes de esto son las declaraciones emitidas por legisladores panistas a prop¢sito de la caravana zapatista al DF y la discusi¢n de la Ley sobre Derechos y Cultura Ind¡gena en febrero pasado.
Parapetadas en alusiones al «progreso» de los ind¡genas, la capacidad jur¡dica de la dirigencia zapatista como interlocutor pol¡tico y la legalidad, las declaraciones sobre los zapatistas parecen encubrir otros sentimientos e intereses. El lenguaje enconado y virulento de los pronunciamientos revelan que detr s de ellos no s¢lo hay un profundo desconocimiento de los temas abordados y una visi¢n distorsionada de la realidad que enfrentan y han enfrentado los pueblos indios de M’xico, sino tambi’n una perspectiva racista que revela que existen actores sociales y pol¡ticos cuyos intereses de grupo les exige el sostenimiento de una sociedad ‘tnicamente estratificada, es decir, existen grupos pol¡ticos que detentan un poder econ¢mico que se ver¡a profundamente afectado si con leyes y acciones encaminadas a la justicia social se alterara el estatus quo en el que los ind¡genas se encuentran en los estratos sociales m s
marginados y golpeados.
Por ejemplo, el presidente de la mesa directiva de la C mara de Diputados, Ricardo Garc¡a Cervantes, dijo el 24 de enero que «personalmente no me prestar¡a a un choteo y a una chunga de hablar qui’n sabe con qui’n. La marcha programada por el EZLN a la ciudad de M’xico es ilegal».
Por su parte, el presidente de la Comisi¢n de Gobernaci¢n y Seguridad Poblica de la C mara de Diputados, Armando Salinas Torre, se_al¢ el 19 de enero que «a mi juicio, la ley no es para que se pudiera considerar una amnist¡a de libre tr nsito en todo el pa¡s a un movimiento y a personas que declararon la guerra al Estado mexicano (y) se circunscribe al territorio en conflicto. En tanto no depongan las armas, entonces, insisto desde ese planteamiento estrictamente jur¡dico, de que si salen los zapatistas de manera armada, est n en el supuesto de ser detenidos».
Sin embargo, el m s virulento en sus declaraciones fue el gobernador de Quer’taro, Ignacio Loyola Vera, quien el 29 de enero sentenci¢ que «los integrantes del EZLN son «traidores a la patria y merecen la pena de muerte». El 2 de febrero estas palabras recibieron apoyo de tres ex gobernadores, y el 27 de febrero fueron reiteradas por el mandatario queretano. «Tengo para los traidores el cerro de las Campanas», exclam¢ en alusi¢n a la caravana.
La actitud de los miembros del partido gobernante tuvo m s ‘xito en fomentar declaraciones racistas e intolerantes por parte de representantes de la clase empresarial y la Iglesia Cat¢lica conservadora, que en impulsar el di logo con los rebeldes ind¡genas.
As¡ pues, Raol Picard del Prado, presidente de la C mara Nacional de la Industria de la Transformaci¢n (Canacintra) se_al¢ el 30 de enero que «Mejor invito a todos los mexicanos a hacer una marcha a Chiapas para buscar la paz con Marcos, y ser m s f cil… Si cualquiera diera un balazo en esa marcha y matara a algunos zapatistas generar¡a un conflicto nacional muy fuerte y todos los mexicanos pagar¡amos con tasas de inter’s que llegar¡an a 28 por ciento».
Y Alberto Fern ndez Garza, presidente de la Confederaci¢n Patronal de la Repoblica mexicana (Coparmex), sentenci¢ el 20 de enero que «el gobierno de Vicente Fox Quesada ha dado demasiada cancha» a los zapatistas, y consider¢ un «grav¡simo error» permitir que realicen su marcha a la ciudad de M’xico «armados y con pasamonta_as». Esto «es un s¡mbolo de tercermundismo galopante».
En declaraciones posteriores (1 de febrero), el mismo l¡der empresarial no ocultar¡a el racismo que subyac¡a en sus declaraciones sobre el EZLN al decir que «La ra¡z de los problemas ind¡genas est en el alcoholismo, las costumbres machistas y en rencillas que derivan en ‘pleitos idiotas'».
Calific¢ a los zapatistas que planeaban viajar a la ciudad de M’xico de »bola de locos encapuchados armados dispuestos a cualquier cosa»… La marcha es una medida espectacular. ¨Qui’n es enmascarado? Pues Blue Demon y El Santo, +no? Tambi’n son enmascarados».
Representantes de la Iglesia se sumar¡an a las declaraciones intolerantes, cuando Alberto Su rez Inda, arzobispo de Morelia, declar¢ el 29 de enero que «si los zapatistas no vienen al Congreso Nacional Ind¡gena con un planteamiento propositivo, mejor que se queden en su escondite».
El mismo d¡a el obispo de Ecatepec, On’simo Cepeda, convoc¢ al Subcomandante Marcos «a que tenga el valor para dialogar, aunque con ello se acabe el personaje Marcos, y una vez que se arreglen los problemas, que se meta de pol¡tico y con suerte la hace, o que haga lo que se le d’ la gana, pero que ya no est’ fregando a todo el pueblo de M’xico».
Semanas despu’s, luego de que el EZLN manifestara su deseo de intercambiar puntos de vista con los/as legisladoras del Congreso de la Uni¢n a prop¢sito de la discusi¢n sobre la Ley de Derechos y Cultura Ind¡gena, los panistas Diego Fern ndez de Cevallos y Felipe Calder¢n argumentaron problemas de legalidad para permitir que los ind¡genas se subieran a la tribuna que ha servido para defender atrocidades tales como el Fobaproa o la reforma al Art¡culo 27 constitucional, y que ellos no obstante calificaron de «m xima tribuna de la naci¢n» y defendieron para uso exclusivo de legisladores/as y jefes de Estado.
Y ya aprobada la ley ind¡gena, en la cual priv¢ la visi¢n racista y occidental de los panistas, pri¡stas y perredistas, el gobernador de Quer’taro, Ignacio Loyola Vera volvi¢ a hacer gala de su intolerancia, ahora de forma m s expl¡cita. Loyola dijo que para Quer’taro la Ley de Derechos y Cultura Ind¡genas no era una «prioridad» porque la poblaci¢n aut¢ctona en la entidad «apenas y llega al cinco por ciento y no est ni metida en este debate».
Las opiniones de Loyola, como todas las opiniones racistas, est n fundamentadas en la ignorancia. El gobernador admiti¢ que su temor a la autonom¡a a los pueblos ind¡genas era que ‘stos quisieran en un futuro separarse de M’xico. Pero la autonom¡a no significa independencia del Estado mexicano, como ya lo han dicho los representantes del Congreso Nacional Ind¡gena, organizaciones de derechos humanos y un buen nomero de l¡deres de opini¢n.
La discriminaci¢n, la cual se distingue por la exclusi¢n de ciertos grupos sociales, fue clara en los argumentos de Loyola, quien dijo que «es m s importante la otra cantidad de pobres que tenemos, los no ind¡genas; este pa¡s tiene 40 millones de pobres y solamente 10 millones de ind¡genas.»
Todas estas declaraciones hacen evidente la discriminaci¢n que priva en las declaraciones y las acciones de los panistas, quienes descalifican al adversario pol¡tico en raz¢n de su estatus social, y criminalizan la situaci¢n de marginaci¢n en la que viven los/as que trabajan en el sector informal y/o los/as ni_as en situaci¢n de calle.
PATRIARCALISMO Y MORAL, EL SUSTENTO DE LA ACTITUD PANISTA HACIA LAS MUJERES
La discriminaci¢n panista tambi’n ha sido dirigida a un grupo social mayoritario pero con trato de minor¡a ante las estructuras del poder patriarcal: las mujeres.
Un ejemplo clar¡simo de la discriminaci¢n panista hacia las mujeres es la aprobaci¢n, en agosto de 2000, de una reforma al C¢digo Penal de Guanajuato que estableci¢ sancionar con tres meses a seis a_os de prisi¢n o con 10 a 30 d¡as de multa a las mujeres que decidan abortar, incluso si el embarazo fuera producto de una violaci¢n. La mayor¡a panista en el Congreso guanajuatense traspas¢ al quehacer legislativo los principios religiosos que ya hab¡an despojado de su leg¡timo derecho a abortar a la menor Paulina, violada en julio de 1999 por un delincuente en Mexicali, Baja California.
Porque sin duda alguna la antesala de esa actividad legislativa es el caso de esta joven a la que el procurador panista de Baja California, Juan Manuel Salazar, le llev¢ a representantes de Provida y a un sacerdote para disuadirla de renunciar a su derecho a abortar, y a la que el director del Hospital General de Mexicali, Ismael Avila, le neg¢ la atenci¢n m’dica que ella solicitaba con una orden judicial en la mano. Aunque el entonces presidente electo Vicente Fox consider¢ como un asunto del mbito local la aprobaci¢n de esa reforma, grupos feministas a nivel nacional la consideraron preocupante dado el antecedente de Paulina y el arribo de la derecha a los poderes federales.
El paso del tiempo ha demostrado que la preocupaci¢n de las mujeres de la sociedad civil no estaban mal fundadas. Y es que aunque ni Fox ni los/as diputadas federales del PAN han intentado (todav¡a) impulsar un retroceso en materia de derechos reproductivos de las mujeres como sucedi¢ en Guanajuato, algunos funcionarios panistas federales y otros locales han hecho declaraciones y acciones abiertamente discriminatorias e insultantes hacia las mujeres.
El 14 de marzo pasado, por ejemplo, el Secretario de Trabajo, Carlos Abascal, dio un discurso en el que calific¢ de «masculinizaci¢n» la actividad econ¢mica remunerada de la mujer, y pidi¢ crear las condiciones para que ‘sta regrese al seno del hogar, a cumplir con su papel de madre.
«El reconocimiento de la inmensa dignidad de la mujer no puede pasar por su masculinizaci¢n, ni por su generizaci¢n, en contra de su propia originalidad masculina…, debemos crear condiciones para que las mujeres que as¡ lo decidan, puedan entregarse de lleno a la profesi¢n de madre y de coraz¢n del hogar; pues cada alma que se les conf¡a (…) vale m s que todo el universo material creado, y esto ser posible en la medida en que el hombre revalore el invaluable trabajo de la mujer en el hogar», dijo Abascal ante el enojo de muchas de las 120 mujeres empresarias y pol¡ticas ante las cuales dio su discurso. Las legisladoras pri¡stas Concepc i¢n Gonz lez y Aracely Escalante abandonaron el evento.
Las reacciones ante tal afirmaci¢n, fundamentada m s la moral personal del secretario que en la realidad que viven las mujeres mexicanas, fueron fuertes e incluso las mujeres del Partido de la Revoluci¢n Democr tica pidieron la renuncia del secretario.
Pero Abascal no fue el onico que aplic¢ criterios patriarcales a las mujeres. En Monterrey, el Diputado local panista Jorge Ruiz intent¢ homenajear a las mujeres a prop¢sito del D¡a Internacional de la Mujer, pero le gan¢ el machismo: Las mujeres son «incapaces para manejar una regla de c lculo (y no saben) la marca o el modelo de su autom¢vil, (pero s¡ recuerdan) el vestido de su graduaci¢n», dijo Ruiz, al tiempo que se solt¢ una estruendosa rechifla en el recinto legislativo neoleon’s. Y entonces el pol¡tico se retract¢: «Ante mi esposa y mi hija, pido perd¢n a todas las mujeres».
Y tambi’n en el Congreso de Nuevo Le¢n, la mayor¡a panista vot¢ el pasado 9 de mayo contra una reforma en la Constituci¢n estatal que impedir¡a la discriminaci¢n en raz¢n de g’nero, edad, religi¢n, estado civil y otras formas de segregaci¢n que sufren las mujeres. Los panistas argumentaron que no era necesario incluir una disposici¢n de esa naturaleza en la Constituci¢n local, y que en todo caso la enviar n al poder legislativo federal.
El machismo detr s de este rechazo fue evidente cuando el legislador panista Am’rico Ram¡rez Rodr¡guez se_al¢ que si las mujeres dejaron de ser «simples mecan¢grafas» y hoy pueden incursionar en la pol¡tica, fue debido a su partido, que siempre ha pugnado porque termine la discriminaci¢n contra ellas y logr¢ que se les dieran el derecho al voto en 1953.
El diputado del albiazul, no obstante, call¢ cuando su colega pri¡sta Ram¢n Salas L¢pez le pidi¢ que se disculpara con las mujeres, especialmente las que llam¢ «mecan¢grafas», pues gracias a las secretarias los legisladores pueden
realizar su labor.
No es extra_o que los panistas se opongan a prohibir la discriminaci¢n contra las mujeres, pues muchos de ellos, incluso las mismas mujeres, ven las caracter¡sticas naturales de ‘stas como un problema. Por ejemplo, en la delegaci¢n Azcapotzalco del DF, encabezada por la panista Margarita Salda_a, se gir¢ una circular en la que se solicitaba a los directores, subdirectores y jefes de unidad «abstenerse de contratar» personal eventual extraordinario «en casos de gravidez». Esto, dice la circular fechada el 10 de abril y firmada por el director general de Administraci¢n de la demarcaci¢n, Miguel Espinosa Armenta, con el prop¢sito de «evitar dificultades», ya que cualquier «complicaci¢n» por la contrataci¢n de mujeres embarazadas, as¡ como de menores de edad o personas sin documentos, «ser responsabilidad de las reas contratantes».
La orden de no contratar mujeres embarazadas fue reivindicada por la propia delegada, quien se escud¢ en la legislaci¢n existente diciendo que no retirar¡a la orden hasta que el gobierno federal promoviera reformas a la Ley del ISSSTE para otorgar derechos sociales a las mujeres, o que el gobierno del DF realizara los cambios necesarios a los contratos.
Estos casos hacen evidente que los funcionarios y representantes populares panistas determinan los dere