Al respecto, el Emilio José Archila, Superintendente de Industria y Comercio afirmó que las compañías gozarán de las garantías correspondientes para interponer los recursos legales que consideren pertinentes frente a la decisión adoptada por el organismo a su cargo.
Archila, remarcó que la desautorización «se tomó con todo el cuidado y análisis necesarios», al tiempo aclaró que la Superintendencia se encuentra abierta a evaluar las nuevas argumentaciones que presenten las dos empresas.
«Como todas las decisiones de las entidades administrativas, si se presentan nuevos argumentos que hagan pensar que la interpretación de la ley fue incorrecta o que hay elementos de juicio que no se tuvieron en cuenta en su momento o que las empresas presenten alguna modificación de la situación expuesta originalmente, serán estudiados con el mismo rigor», remarcó el funcionario.
