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Valga recordar que una resolución judicial ordenó incautar seis aviones de la compañía, cerrar las oficinas en Chile y detener a sus principales ejecutivos, lo cual derivó en que 600 personas perdieran su empleo.
Solari, afirmó que ello «deja en una situación de incertidumbre a un número tan importante de trabajadores», e indicó que la Dirección del Trabajo ya ha asignado personal al seguimiento del hecho.