En los últimos días se sumó al movimiento Abraham Larrea, condenado a 34 años 6 meses presidio, 23 años de los cuales por procesos abiertos durante la dictadura militar. Detenido el 10 de octubre de 1990, Abraham cumplió más de 10 años en prisión y pide que se le conceda la libertad en aplicación de las leyes Cumplido, que permitieron excarcelar a los presos políticos de la dictadura durante el primer gobierno de la Concertación.
Abraham Larrea no es el único preso político de la dictadura. Rodrigo Morales es uno de los miles de chilenos que enfrentan procesos en las Fiscalías Militares por procesos abiertos bajo la dictadura militar. Rodrigo fue detenido en 1990 acusado de pertenecer al FPMR y de haber participado en el secuestro del coronel Carreño en 1987. Procesado por la Segunda Fiscalía Militar por infracción a la Ley Antiterrorista y de Control de Armas, en 1991 fue condenado a 15 años y 1 día. En marzo de 1994 se fugó de la cárcel de Santo Domingo y tras vivir 5 años en la clandestinidad, en octubre de 1999 fue detenido nuevamente y encarcelado en la Penitenciar¡a de Santiago. «Estoy preso por hechos que fueron justos y que ayudaron a que la dictadura dejara el poder, que ejerc¡a reprimiendo, torturando, asesinando y desapareciendo a la poblaci¢n», dice Rodrigo.
Hoy, la acci¢n de los 10 huelguistas de hambre de la CAS ha permitido romper el herm’tico silencio que rodea la injusta situaci¢n de los presos pol¡ticos en nuestro pa¡s. En el d¡a de ayer, el presidente de la Comisi¢n de Derechos Humanos del senado, Jos’ Antonio Viera-Gallo, se reuni¢ con Jaime Pinto, vocero del Mapu Lautaro en huelga de hambre. Viera-Gallo se habr¡a comprometido a interceder ante el Poder Judicial para acelerar el cierre de sus procesos. Precis¢ que «muchos de ellos llevan m s de 9 a_os presos y aon la Justicia Militar no cierra los casos ni dicta condena» y que pedir al ministerio de justicia que oficie sobre esta situaci¢n. Por oltimo, se reunir con el presidente de la Corte Suprema para solicitarle que se aceleren los procesos.
Otro llamado de atenci¢n sobre la situaci¢n de los presos pol¡ticos fueron algunos p rrafos del informe del Departamento de Estado norteamericano, recientemente publicado y que desat¢ las iras gubernamentales. En el Informe se se_ala «que no hay un tratamiento adecuado para los reos de alta seguridad…», que «son los juzgados militares los encargados de llevar los procesos de personas acusadas de actos terroristas, y de estudiantes arrestados durante manifestaciones por da_os a la propiedad o maltrato a efectivos policiales» y que «pese a que no hay reportes sobre prisioneros pol¡ticos, los presos de la C rcel de Alta Seguridad aseguran que s¡ lo son».
El procesamiento de los presos pol¡ticos por la Justicia Militar, la aplicaci¢n de leyes de excepci¢n, el alargamiento ilegal de sus procesos – lo que les impide acceder a beneficios-, contrasta dram ticamente con la benevolencia demostrada por los tribunales y el gobierno hacia Pinochet y sus esbirros, que benefician alegremente de leyes de amnist¡a y «secreto profesional».
La libertad de los presos pol¡ticos no puede seguir esperando. Debe terminar el Gran Castigo que se ha prolongado durante 10 a_os. Debe terminar el r’gimen carcelario inhumano que afecta por igual a los presos, sus familias y sus amigos. Se deben cerrar sus procesos, se deben derogar las leyes de excepci¢n y se debe poner t’rmino a la existencia de la ilegal Justicia Militar.
Porque los presos pol¡ticos no tienen m s deudas con la sociedad que la deuda que tenemos todos los chilenos con nuestra historia: la de conocer toda la Verdad y la de juzgar a los violadores de los derechos humanos.
Red de Familiares y Amigos de los Presos Pol¡ticos