La Instalación de la Mesa de diálogos, a partir del despeje militar de los cinco municipios, despertó gran expectativa en todo el país y el mundo, como herramienta que busca una salida con justicia social y soberanía al conflicto social y armado que desangra al país hace más de cinco décadas.
Las FARC-EP, puso sobre la mesa la Plataforma para un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional para el estudio y análisis de los tres poderes del Estado, los partidos políticos, intelectuales, industriales, ganaderos, agricultores, comerciantes, profesores, estudiantes, clase obrera, campesinado, desempleados, desplazados por la violencia, la insurgencia y otras organizaciones, para el debate fundamental sobre la solución política y la transformación radical de las viejas estructuras del Estado, por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, con la representación directa de los distintos estamentos de la sociedad colombiana, para que sea ella la que apruebe o desapruebe los acuerdos Estado-Insurgencia para lograr que la paz alcanzada sea duradera.
Seguimos convencidos que el pa¡s entender nuestro inter’s por este proceso, por ligar m s los di logos con los problemas fundamentales que padecen los distintos sectores del pa¡s, y que entre todos, ser posible la transformaci¢n civilizada que requerimos para hallar los caminos de la Nueva Colombia.
Sin embargo, transcurridos dos a_os y cuatro meses del actual proceso de paz, este se adelanta con muchas dificultades debido, en primer lugar, al incumplimiento del Gobierno de su compromiso de desmontar el paramilitarismo, condici¢n previa de las FARC para adelantar el proceso de paz y, en segundo lugar, debido a la persistencia de un r’gimen pol¡tico antidemocr tico, violento y represivo que se empe_a en mantener y defender los privilegios de un grupo minoritario, pero muy poderoso, que monopoliza el poder pol¡tico y la riqueza, y a la vez, onico responsable de la pobreza y miseria del pueblo colombiano.
I – PROBLEMAS SUPERADOS
En el transcurso del proceso de paz, ‘ste ha atravesado dificultades que por fortuna para el pa¡s se han superado aunque le han restado agilidad al desarrollo de los di logos. Entre ellas resaltamos:
1. Superado el primer escollo que represent¢ la negativa del Gobierno de retirar la totalidad de las tropas del Batall¢n Cazadores, finalmente se inician los di logos.
2. El intento del Gobierno de introducir a mitad de camino la propuesta sobre Reglas del Juego, un conjunto de nuevas exigencias a las FARC-EP, entre las que destacamos el no reclutamiento en la zona, no entrenamiento de las unidades guerrilleras, no salir de la zona a realizar acciones militares, el regreso de los jueces y fiscales a la zona del despeje, ejercer control policivo contra el narcotr fico, y la conformaci¢n de una Comisi¢n Internacional Verificadora de lo anterior, cuando siempre hemos sostenido que s¢lo aceptaremos este tipo de comisi¢n cuando surjan acuerdos de la discusi¢n de la Agenda Comon.
3. El funcionamiento de la Mesa Nacional de Di logos se ha congelado en 5 ocasiones:
Dos de ellas por decisi¢n de las FARC, debido al escaso empe_o y mediocres resultados del Gobierno en la lucha contra el paramilitarismo. En ambas oportunidades descongelamos porque el Gobierno hizo compromisos, hoy no cumplidos, de acabar el paramilitarismo.
De parte del gobierno el proceso se ha interrumpido en tres ocasiones: la primera por el caso del collar bomba cuando con este pretexto se intent¢ impedir la realizaci¢n de la audiencia Poblica Internacional sobre cultivos il¡citos y medio ambiente, la segunda por la condici¢n que puso el gobierno para que entreg ramos al miliciano de las FARC Arnubio Ramos quien desvi¢ un avi¢n para fugarse de las autoridades judiciales y la tercera por la muerte de la familia Turbay atribuida por los militares a las FARC.
II – PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN EL PROCESO DE PAZ
1. EL PLAN COLOMBIA
1.1. La pol¡tica de alianza del Presidente Pastrana con los Estados Unidos para incrementar la guerra en Colombia contra las FARC, con el sofisma de combatir el narcotr fico, pone en duda la intenci¢n de paz del Gobierno.
1.2. Con el pretexto de la cruzada contra el narcotr fico, el gobierno de los Estados Unidos fortalece su injerencia en los asuntos internos de Colombia y prepara una invasi¢n. Es as¡ como, con la complacencia de la casta pol¡tica criolla y como parte de su estrategia contrainsurgente, se puso en marcha el llamado Plan Colombia, o sea, la participaci¢n militar abierta de los Estados Unidos en nuestro territorio para afianzarse estrat’gicamente y sin mayores obst culos en Am’rica del Sur y as¡ cerrarle el paso al comercio de nuestros pa¡ses con el resto del mundo y garantizar, a trav’s del Fondo Monetario Internacional, no s¢lo sus pol¡ticas imperialistas neoliberales que, de concretarse, sumir n aon m s en la miseria, violencia e injusticia social a nuestro pueblo, sino tambi’n, en acrecentar la dependencia pol¡tica y militar del pa¡s a los intereses del imperio.
1.3. Pr¢ximos a cumplir 37 a_os el 27 de mayo, las FARC-EP como expresi¢n de resistencia campesina y popular tienen su origen en la Operaci¢n Marquetalia, mientras que el fen¢meno del cultivo de la coca en el campo colombiano se extiende apenas hace 20 a_os. Sin embargo, desconociendo la realidad del conflicto social, la oligarqu¡a colombiana y el imperialismo norteamericano desarrollan un plan contrainsurgente dirigido a golpear la guerrilla y al movimiento popular, disfrazado de lucha antinarc¢ticos; es as¡ como presenciamos la m s vergonzosa actividad del Departamento de Estado norteamericano, la CIA, el FBI, la DEA y los militares gringos contra nacionales en nuestro propio territorio. El pretexto en aquella ‘poca era la guerra contra el comunismo, hoy es la guerra contra el narcotr fico.
1.4. Resalta s¡, la manifiesta oposici¢n de la mayor¡a de los pa¡ses de Europa al Plan Colombia tal cual est concebido por Estados Unidos como estrategia militar contra el narcotr fico.
1.5. De igual manera es dable destacar la actitud de rechazo al Plan Colombia por los pa¡ses vecinos, quienes acertadamente lo ven como la m s peligrosa amenaza regional de dominio norteamericano sobre la cuenca amaz¢nica y las inmensas riquezas que la regi¢n posee y sobre las cuales las transnacionales tienen megaproyectos para la explotaci¢n de sus aguas, bosques, fauna, minerales e hidrocarburos. Ya se habla, con descaro, por parte de funcionarios de alto rango de Estados Unidos, de un Plan Andino o Iniciativa Andina, como ampliaci¢n a sus prop¢sitos hegem¢nicos de toda ¡ndole en la regi¢n.
2. EL TERRORISMO DE ESTADO
2.1. El Terrorismo de Estado colombiano se sigue impulsando como instrumento pr ctico para gobernar a Colombia, con lo que se ha impedido la conformaci¢n de una verdadera oposici¢n pol¡tica legal al sistema. Con ello, los problemas sociales de los pobres, como el empleo, la educaci¢n, la salud, la vivienda y la seguridad, permanecen sin soluci¢n, como lo evidencian las protestas de toda ¡ndole adelantadas por distintos sectores sociales en todo el territorio nacional. Como si fuera poco, el macabro espect culo de asesinato de dirigentes sindicales se ha incrementado durante el per¡odo de los di logos. En el transcurso de 1999 los asesinatos de dirigentes obreros fueron 56, el a_o siguiente asesinaron 122 dirigentes y en lo que va corrido de 2001 ya son 44 los sindicalistas asesinados.
2.2. Y como si lo anterior fuera poco, el gobierno permanece impasible frente a la criminal actitud de las fuerzas armadas oficiales en el Putumayo, en donde como inicio del Plan Colombia, las tropas asesinan y siembran el terror a nombre del paramilitarismo, como lo atestiguan las organizaciones de campesinos que denuncian al ej’rcito por la quema de sus ranchos, la destrucci¢n de los cultivos de yuca, pl tano y ma¡z, el robo de sus escasos bienes como aves de corral, cerdos, reses y mulas. La tortura, las amenazas, las desapariciones, el asesinato, las masacres y el desplazamiento forzado de la poblaci¢n campesina en el Putumayo por acci¢n de la fuerza poblica es pan de cada d¡a.
2.3. El paramilitarismo como expresi¢n del Terrorismo de Estado masacra, tortura, desplaza, expropia tierras, desaloja, narcotrafica y desaparece a la poblaci¢n civil desarmada con la complicidad de los Altos Mandos militares y en medio de la m s aberrante impunidad. Indigna ver c¢mo se guarda un c¢mplice silencio por parte de la dirigencia pol¡tica, empresarial y religiosa frente a las monstruosas matanzas cotidianas del ej’rcito oficial y paraoficial en todo el territorio nacional.
2.4. En enero de 1.999 y abril del mismo a_o se hizo entrega al Comisionado para la Paz de los listados que evidencian los v¡nculos militaresparamilitares. Como el Gobierno no actu¢, en noviembre de 2000, por decisi¢n de las FARC, se congelaron los di logos en espera de resultados contra el paramilitarismo y se le aclarara al pa¡s y al mundo la posici¢n oficial frente al terrorismo paramilitar. No se puede aceptar el argumento gubernamental que muestra inexistentes resultados como en el caso de los 288 miembros del ej’rcito retirados de filas por aparentes fallas disciplinarias mientras a nosotros se nos dijo que obedec¡a a la decisi¢n presidencial de no tolerar ningon tipo de v¡nculo de miembros de las fuerzas armadas con estos grupos. Lo cierto es que hasta el d¡a de hoy no se conoce ninguna sanci¢n penal contra alguno de ellos y por el contrario lo que se sabe es que muchos pasaron directamente al paramilitarismo.
2.5. Hoy, ante la presi¢n internacional, el Gobierno se ha visto obligado a mostrar algunos hechos en esa direcci¢n, lo que sin embargo no es suficiente si se tiene en cuenta el compromiso poblico del jefe del Estado de actuar en consecuencia contra estos grupos, tal como qued¢ consignado en el Acuerdo de los Pozos. No sobra recordar que debido al compromiso adquirido por el Presidente, las FARC descongelaron el funcionamiento de los di logos el 9 de febrero del presente a_o, el mismo d¡a de la firma del Acuerdo.
3. POL-TICA NEOLIBERAL Y PRIVATIZACIONES
3.1. En el entretanto, continoa la pol¡tica de privatizar las empresas oficiales m s productivas. Ramas y sectores estrat’gicos como el energ’tico, el vial, el financiero, la producci¢n del hierro y del acero, las comunicaciones, la salud poblica, la educaci¢n, que en manos del capital privado ocasionan gigantescos ¡ndices de desempleo y subempleo -adem s de la p’rdida de nuestra soberan¡a e independencia nacional-, se siguen malvendiendo al capital privado nacional y extranjero.
3.2. De no detenerse este proceso de privatizaci¢n, Colombia se ver abocada a la ampliaci¢n de la violencia que es un fen¢meno, ante todo, de car cter social. De paso reiteramos el peligro que para el proceso de paz significa la aplicaci¢n de la pol¡tica neoliberal privatizadora de las empresas colectivas de los colombianos.
4. CAMPA½A CONTRA EL PROCESO DE PAZ
4.1. No decae tampoco la intensa campa_a desatada contra las FARC-EP por la derecha militarista encaminada a provocar la suspensi¢n del proceso de paz.
4.2. Con permanentes calumnias y montajes se pretende deteriorar la imagen de las FARC-EP como interlocutoras del Estado. Con ello se busca a toda costa y por cualquier medio restarle credibilidad al proceso para que los colombianos y la comunidad internacional se familiaricen con una posible ruptura.
4.3. Igual sucede con la Mesa de Di logos, las Audiencias Poblicas importante mecanismo de participaci¢n ciudadana en el proceso de conversaciones-, y, por supuesto, con la zona de despeje.
4.4. La pol¡tica de paz est siendo mal utilizada por todos quienes sacan partida de ella: militaristas, Altos Mandos militares y de polic¡a, candidatos presidenciales de los partidos tradicionales, algunos miembros de la Iglesia cat¢lica, grandes empresarios nacionales y extranjeros y los due_os de los grandes medios de comunicaci¢n. A nombre de la paz todos los enemigos de ella quieren sacar beneficios personales y pol¡ticos.
4.5. Igualmente el proceso est siendo utilizado como cobertura para una campa_a contrainsurgente, pretexto con el que apuntalan el Plan Colombia y la estrategia de fortalecer las Fuerzas Armadas y de Polic¡a con dineros del presupuesto nacional.
4.6. Al mismo tiempo y con descarado oportunismo, el Gobierno tambi’n aprovecha el proceso de paz para conseguir recursos en el exterior para financiar la crisis econ¢mica en la que han sumido al pa¡s los gobernantes de turno. As¡ lo evidencia el continuo cabildeo de altos funcionarios, en cabeza del propio Presidente, en foros internacionales.
4.7. A su vez, nuestros adversarios pol¡ticos y funcionarios del gobierno y el Estado a trav’s de los medios de comunicaci¢n continoan utilizando un lenguaje calumnioso e insultante tratando a la insurgencia de narcoguerrilleros, bandidos, terroristas, narcobandoleros, etc., en contrav¡a del reconocimiento pol¡tico hecho por el Presidente Pastrana.
4.8. De otra parte, el Gobierno contrariando este reconocimiento pol¡tico, a trav’s de sus funcionarios y embajadas adelanta una campa_a dirigida a entorpecer el trabajo de relaciones pol¡ticas y diplom ticas que adelantan nuestros representantes en el exterior. Las detenciones de Oliverio Medina en Brasil y Javier Calder¢n en Argentina, evidencian esta campa_a. La exigencia para que los gobiernos de los pa¡ses amigos consulten previamente cualquier reuni¢n con delegaciones nuestras, es otra faceta de esa campa_a. La presencia de nuestra delegaci¢n en la posesi¢n del Presidente de la Repoblica Dominicana fue bloqueada a solicitud del propio Presidente Pastrana.
4.8. La positiva vinculaci¢n de la comunidad internacional a trav’s del grupo de pa¡ses amigos en esta etapa del proceso hace necesario que en el escenario internacional las FARC sean escuchadas en las mismas condiciones del Gobierno.
4.9. El Gobierno utiliza la organizaci¢n de eventos internacionales en el exterior, para que otros gobiernos y ONGs se pronuncien acerca de la situaci¢n actual del proceso de paz y acusar, sin mayores elementos de juicio, a la insurgencia como la responsable de la crisis general del pa¡s, generando una visi¢n sesgada de la realidad colombiana, con la pretensi¢n de mostrar el conflicto como un enfrentamiento de guerrilla y paramilitares mientras se exonera de toda responsabilidad hist¢rica al Estado colombiano y los sucesivos gobiernos por la existencia de un r’gimen pol¡tico y econ¢mico injusto sustentado en la violencia contra el pueblo, la violaci¢n de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
5. LOS GRANDES MEDIOS DE COMUNICACI.N
En descarada actitud, los grandes medios de comunicaci¢n, en defensa de los intereses de los grupos monop¢licos criollos y de las transnacionales, no paran las hostilidades contra el proceso de paz, la Mesa de Di logos y la zona de despeje, mientras continoan con su pol¡tica de hacer apolog¡a a la guerra y a los grupos paramilitares.
6. CESE DE FUEGOS Y HOSTILIDADES
6.1. Convencidos como estamos de que la paz siempre ha sido una bandera de las FARC-EP, la bosqueda de acuerdos que nos lleven a un cese de fuegos ha sido, es y ser un prop¢sito indeclinable de nuestra organizaci¢n revolucionaria. Por ello, en la Mesa hoy se discuten las propuestas intercambiadas entre el Gobierno y las FARC sobre el Cese de Fuegos y las Hostilidades.
6.2. Si bien el compromiso de las partes, por acuerdo de la Mesa, fue estudiar las propuestas de manera discreta y cuidadosa para darlas a conocer por determinaci¢n de las partes, la propuesta del Gobierno ha sido comentada por miembros del Gobierno, de las Fuerzas Militares y periodistas de radio, prensa y televisi¢n.
6.3. Lo anterior nos conduce a pensar que las FARC-EP deben hacer poblica su propuesta para informar al pa¡s y a la comunidad internacional acerca de los objetivos que nos animan tanto en el tema del Cese de Fuegos como en el Cese de las Hostilidades.
III LOS AVANCES DEL PROCESO
1. La existencia de la zona de despeje ha permitido la vinculaci¢n de miles de colombianos al proceso. En las instalaciones de Villa Nueva Colombia han hecho presencia innumerables compatriotas y ciudadanos extranjeros en el nimo de aportar desde distintas perspectivas a la bosqueda de la paz con justicia social.
2. Se resalta la gira realizada por la Mesa de Di logo por seis pa¡ses de Europa y el Estado Vaticano, lo que permiti¢ a las FARC dar a conocer a gobernantes, parlamentarios, empresarios, dirigentes obreros, intelectuales y medios de comunicaci¢n europeos nuestro punto de vista sobre la realidad pol¡tica, econ¢mica y social de Colombia; explicar las causas del conflicto social; el origen de las FARC-EP como respuesta a un r’gimen excluyente e indolente ante las necesidades y angustias populares; nuestro criterio frente al Plan Colombia; explicar las causas que convirtieron a Colombia en productor de hoja de coca, marihuana y amapola; la urgente necesidad de condonar la deuda externa; extender invitaci¢n a nuestros anfitriones para que vinieran al pa¡s a participar en la Audiencia Poblica Internacional sobre cultivos il¡citos en la que presentamos una propuesta de sustituci¢n de cultivos il¡citos para desarrollar en el municipio de Cartagena del Chair , la cual no obtuvo ninguna respuesta por parte del Gobierno.
3. En el marco de dicha audiencia la comunidad internacional pudo enterarse por la intervenci¢n de los campesinos cultivadores de las causas sociales y econ¢micas que los han llevado a cultivar coca y amapola; quedando claro que las FARC no tienen ningon v¡nculo con esta actividad.
4. La Mesa de Di logo conform¢, como mecanismo de gran importancia para el desarrollo del proceso, la Comisi¢n Facilitadora, con funciones precisas y claras, para informar bimestralmente sobre la marcha del proceso a los dem s miembros de los pa¡ses amigos; as¡ como para que coordine y facilite las reuniones semestrales con el grupo de pa¡ses amigos y organismos internacionales; incentiven la cooperaci¢n a trav’s de otras actividades como los foros sobre sustituci¢n de Cultivos Il¡citos, DIH, Deuda Externa y Pol¡tica Agraria; y, finalmente, participar activamente en conseguir apoyo t’cnico y financiero de la comunidad internacional para la ejecuci¢n de un estudio de suelos en los terrenos de los llanos del Yar¡.
5. Como resultado de la reuni¢n entre el jefe del Estado, Andr’s Pastrana y el Comandante en Jefe Manuel Marulanda durante dos d¡as en febrero pasado, de la que surgi¢ el Acuerdo de Los Pozos, el proceso recibi¢ un fuerte impulso y la Mesa, por mandato de los dos jefes, cre¢ tres comisiones que hacia el futuro jugar n un papel importante en la consolidaci¢n y dinamizaci¢n del proceso. La primera, encargada de presentar propuestas para la lucha contra el paramilitarismo y la disminuci¢n de la intensidad del conflicto, otra comisi¢n encargada de estudiar los hechos que afecten la marcha del proceso, y una tercera comisi¢n que bimestralmente informar al pa¡s sobre el cumplimiento del prop¢sito de la zona de despeje. Se realiz¢ la reuni¢n con el Grupo de Pa¡ses Amigos del Proceso y dos delegados de organismos internacionales, donde los embajadores suscribieron un documento en el que subrayan que coinciden plenamente con el Gobierno y las FARC-EP en la identificaci¢n de la PAZ como prioridad nacional y valoran los esfuerzos de las partes de trabajar conjuntamente para cesar el conflicto y construir un camino distinto al de la violencia armada. En el mismo sentido, dicen, ver¡an con enorme satisfacci¢n la pronta concreci¢n del acuerdo humanitario mencionado en el punto 6 del Acuerdo de Los Pozos y la importancia de obtener resultados r pidos en la mesa de negociaci¢n sobre el tema del cese de fuego y las hostilidades.
6. Se realiz¢ la reuni¢n con las fuerzas pol¡ticas firmantes del Acuerdo de Caquetania, el cual define el proceso de paz como parte de una pol¡tica de Estado. Junto a los hoy candidatos presidenciales Horacio Serpa, Noem¡ San¡n y Luis Eduardo Garz¢n, asistieron representantes de otras fuerzas pol¡ticas que se sumaron en apoyo del proceso. Los participantes de la reuni¢n finalmente emitieron una declaraci¢n acerca de la necesidad que tiene el Estado de luchar frontal y decididamente contra el paramilitarismo.
7. Igualmente se realizaron reuniones por separado con dirigentes gremiales en representaci¢n de FENALCO, ANDI y ACOPI y de las Centrales Obreras CUT, CGTD y CTC, con quienes se analiz¢ el problema del desempleo en Colombia y se comprometieron a entregar documentos de an lisis a la Mesa.
8. Las Audiencias Poblicas, el m s importante instrumento de participaci¢n popular logrado, se complementaron con la decisi¢n de la Mesa de realizar mesas redondas y foros para que m s colombianos participen y contribuyan con ese deseo que tenemos las mayor¡as nacionales de sacar adelante a Colombia de la crisis en que la ha hundido el bipartidismo liberal-conservador.
9. Despu’s de una prolongada discusi¢n en la cual el gobierno pretend¡a limitar la convocatoria de las Audiencias Poblicas se logra la realizaci¢n de la primera mesa redonda sobre el tema Distribuci¢n del Ingreso y el Desarrollo Social en Los Pozos el pasado 19 de este mes, con la participaci¢n de especialistas en el tema. Este escenario fue aprovechado por las FARC para lanzar la propuesta de otorgar un subsidio provisional a todos los colombianos desempleados y en capacidad de laborar, mientras se logran acuerdos en la Mesa que contribuyan a la reactivaci¢n y creaci¢n de empresas para generar empleo.
IV – PROBLEMAS QUE GRAVITAN SOBRE EL PROCESO
1. LA EXTRADICI.N
El Tratado de Extradici¢n de nacionales con los Estados Unidos de Norteam’rica, como pr ctica neocolonial que lesiona la soberan¡a de nuestro pa¡s, afecta gravemente la dignidad y soberan¡a de la Patria, por lo que las FARC-EP mantienen su altiva actitud de rechazo y condena.
2. IMPLEMENTACI.N DEL PLAN COLOMBIA
2.1. El Plan Colombia solo acrecentar el conflicto y de no detenerse la ingerencia militar de los Estados Unidos la confrontaci¢n interna terminar transform ndose en una guerra patria contra el invasor.
2.2. Si verdaderamente el Estado y el Gobierno del Presidente Pastrana est n interesados en la liquidaci¢n del negocio capitalista del narcotr fico, como c ncer que es de toda la humanidad, debe buscarse su soluci¢n con la participaci¢n de la comunidad internacional dada su corresponsabilidad reconocida en el fen¢meno del narcotr fico. A este respecto hemos propuesto al mundo la legalizaci¢n del consumo, onica soluci¢n realista y viable en la situaci¢n actual.
2.3. En el caso de los cultivos il¡citos, en el punto 10 del Acuerdo de los Pozos ratificamos nuestra posici¢n de no oponernos a su erradicaci¢n manual, previo acuerdo con las comunidades en el marco de un plan nacional integral que contemple democratizaci¢n de la propiedad agraria, asistencia t’cnica, cr’ditos, mercadeo, infraestructura, educaci¢n y salud para los cultivadores.
2.4. Pese a lo anterior, el Gobierno persiste en su pol¡tica de fumigaci¢n masiva contrariando lo acordado en este mismo punto del Acuerdo de Los Pozos donde las partes coincidimos en la importancia estrat’gica de trabajar en la protecci¢n y recuperaci¢n del medio ambiente. Con motivo de estas fumigaciones indiscriminadas en el Putumayo el Estado Mayor del Bloque Sur envi¢ una carta dirigida al Presidente Pastrana y al Comandante Marulanda, como firmantes del Acuerdo de Los Pozos, la cual aon no ha tenido respuesta.
2.5. Mientras se adelantan los di logos con los negociadores designados por el se_or Presidente en representaci¢n del Gobierno y el Estado, Altos Mandos Militares, ministros, congresistas y otros funcionarios de las tres ramas del poder poblico arremeten contra el proceso de paz, en una clara muestra de oposici¢n a esta pol¡tica del jefe del Estado. Cabe destacar la actitud abiertamente deliberante de algunos Generales de la Repoblica, alentados por la conducta pendenciera del Ministro de Defensa.
3. INTERCAMBIO HUMANITARIO
Si bien el tema del intercambio humanitario no hace parte de los puntos que los voceros de las FARC en la Mesa discutimos con los negociadores del Gobierno, este hace parte del Acuerdo de Los Pozos.
Finalmente, estamos seguros, que s¢lo mediante un proceso responsable, serio, vinculante de las propuestas y decisiones de las mayor¡as nacionales, a trav’s de una Asamblea Nacional Constituyente, como la que hemos propuesto, con cada vez mayor aceptaci¢n en los diversos sectores de la sociedad colombiana, y con el apoyo de la comunidad internacional, podremos construir colectivamente los caminos democr ticos que la actual coyuntura exige en la perspectiva estrat’gica de forjar una Nueva Naci¢n.
Raol Reyes, Joaqu¡n G¢mez, Carlos Antonio Lozada, Andr’s Par¡s y Sim¢n Trinidad, voceros de las FARC en la Mesa Nacional de Di logos.
Monta_as de Colombia
