Se trata de un tema nuevo en este marco, pues no fue tratado en la Primera Cumbre de los Pueblos, que tuvo lugar en Santiago de Chile, en 1998.
En sus conclusiones presentadas a la plenaria de la Cumbre de los Pueblos, el Foro subrayó que, siendo el derecho a comunicar un derecho humano fundamental, que sirve y sostiene todos los demás derechos, éste debe ser preservado y extendido en el contexto de los nuevos desafíos de la globalización.
Al respecto, se señalaron cuatro grandes tendencias que han ido madurando desde la realización de la Primera Cumbre. La primera es la concentración y monopolización de la comunicación, en manos de grandes conglomerados que se están constituyendo en el puntal de la economía neoliberal. La segunda es el control que esta concentración implica sobre la información y el conocimiento, y la homogeneización de la opinión, control que pasa, entre otros, por la imposición de los derechos de propiedad intelectual.
Una tercera tendencia es el empuje de la revolución tecnológica, que es tambi’n uno de los pilares del proceso de globalizaci¢n. Y la cuarta, la mercantilizaci¢n de la informaci¢n, el conocimiento y la cultura, hecho que anula cualquier posibilidad de ejercer derechos en este plano.
Se se_al¢, adem s, (haciendo eco a las conclusiones del Taller de Comunicaci¢n y Ciudadan¡a, del Foro Social Mundial, Porto Alegre, enero 2001 que se ha impuesto un tipo de informaci¢n «universal neutro», que niega el pluralismo y la diversidad cultural, ling_¡stica y de g’nero.
No obstante estas tendencias, se destac¢ el aporte de los medios independientes y comunitarios, subrayando la contribuci¢n de estos oltimos para la democratizaci¢n de los sistemas pol¡ticos, como por ejemplo el derrocamiento de reg¡menes represivos.
El Foro invit¢ a la Cumbre de los Pueblos a reconocer a la comunicaci¢n como un sector cr¡tico de la lucha social, que debe ser incluido en sus acciones futuras, a nivel te¢rico y pr ctico.
Enfatiz¢ adem s en las siguientes recomendaciones:
-Que el derecho a comunicar sea reconocido como un derecho humano, tanto por parte de la sociedad civil como de las instancias gubernamentales e internacionales.
-Que todos los acuerdos econ¢micos internacionales garanticen la soberan¡a de los estados a regular sobre asuntos que tienen que ver con el sector de la comunicaci¢n (en proceso y contenido).
-Que el derecho a comunicar sea reconocido constitucionalmente, y debidamente legislado y puesto en vigencia mediante las regulaciones y pol¡ticas (por ej.: Leyes antimonopolios). Considerando que la comunicaci¢n es parte del bien comon, las corporaciones deben pagar por el uso de este espacio poblico. Los fondos deber¡an utilizarse para asegurar la sustentabilidad de medios de comunicaci¢n comunitarios e independientes y deber¡an ser distribuidos y administrados de acuerdo a los principios de la econom¡a solidaria y bajo control de la sociedad civil.
-Que la econom¡a de mercado no es el onico modelo para moldear la infraestructura de comunicaciones. Se debe considerar a la gente como productores y contribuidores de informaci¢n, y no onicamente como consumidores.
-Que el acceso universal deber¡a ser el est ndar para toda tecnolog¡a nueva y que el acceso a las tecnolog¡as establecidas debe mantenerse.
-Llamar a una discusi¢n y debate poblico permanente con respecto a los nuevos problemas concomitantes a las nuevas tecnolog¡as, incluyendo los derechos de privacidad, propiedad intelectual y un proceso transparente de decisi¢n al interior de las corporaciones y los gobiernos.
-Que la sociedad civil y las ONGs deben reapropiar los t’rminos de discusi¢n para la formulaci¢n de pol¡ticas y regulaciones en materia de comunicaci¢n. La presentaci¢n concluy¢ que «la cultura y el conocimiento no est n a la venta».(Ec/YZ/Ong-Mc/Cos/ap)
Sally Burch
