Uno de ellos, Aníbal Verón, que laboraba en una empresa de transporte público de pasajeros, fue asesinado de un disparo en su rostro el 10 de noviembre cuando las fuerzas policiales despejaron la ruta nacional 34 en la norteña provincia de Salta.
En los días posteriores al hecho un sinnúmero de versiones rodearon el caso, incluso que el joven de 34 años había sido muerto por sus compañeros de piquete.
Por su parte, el gobierno salteño emitió un decreto por el cual se recompensaría con 50 mil pesos (o dólares) a aquella persona que apersonándose en el Juzgado brindara algún dato certero que facilitara el esclarecimiento del crimen.
Pasó el tiempo y el silencio se fue apoderando del suceso.
Hasta que ayer, se rompió el mutismo.
Daniel Nallar, Secretario de Seguridad de Salta, aseveró que existían novedades en torno al crimen, aunque aclaró que también era necesario ômantener en extremo secreto el avance de las investigacionesö que quedaron radicadas en el Juzgado Federal nomero 1 de la provincia a cargo del doctor Abel Cornejo.
«Estamos atravesando una etapa procesal muy especial, en la cual se est n recibiendo pruebas contundentes, testimoniales muy determinantes. Tal vez alguna confesi¢n y cualquier otro tipo de pericias que pueden dar lugar a esclarecer cada vez m s el hecho»,
explic¢ el funcionario.
Y aclar¢ que todo ello formaba parte del secreto del sumario, empero juzg¢ conveniente que la poblaci¢n supiera que «se est avanzando much¡simo y se est investigando a fondo».
Con relaci¢n al decreto citado, Nallar precis¢ que no pod¡a saber a ciencia cierta si «hubo alguna presentaci¢n en este marco» y reiter¢ que es deber del Juez Cornejo preservar el secreto de las actuaciones.
En ese sentido, a_adi¢ que el decreto hab¡a ayudado «en primer lugar, a mostrar delante de la misma gente que estuvo en ese momento en el piquete, la plena voluntad del Gobierno de esclarecer el hecho».
«Por otro lado, Dios quiera que haya ayudado (el decreto) a que, durante la etapa procesal, se haya presentado alguien ante el Magistrado, con datos que permitan aclarar este homicidio», remat¢ el funcionario.
Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por Nallar se puede inferir que toda la investigaci¢n del caso queda supeditada al bendito decreto recompensatorio.
Y de la sagacidad de la Justicia para hurgar en las pistas y as¡ resolver el caso, muy bien gracias.
Y mucho menos imaginarse que alguno de los miembros de las fuerzas policiales se hubiera presentado ante el Juez para inculpar al camarada que seg¢ la vida del desempleado.
Entonces, presuponer que por obra y gracia del decreto se esclarecer el crimen es de tanta imposibilidad como que un elefante pase a trav’s del ojo de una cerradura.
