Nos permitimos compartir con los colombianos algunos razonamientos sobre los temas de la alocución presidencial.
1. Coincidimos con el Señor Presidente cuando afirma «estamos definiendo el futuro de Colombia y la decisión está entre la guerra y la paz».
Colombia continúa hundiéndose en la más profunda crisis de su historia. Crisis económica, política y social provocada por la oligarquía colombiana. Ante esta situación se escuchan dos propuestas de salidas distintas. La de quienes trabajamos por alcanzar la paz con justicia social para todos los colombianos y la de aquellos que se pronuncian por las salidas de fuerza, por la guerra, por la tierra arrasada, haciendo eco a los intereses geoestratégicos de otras naciones.
Pretender que en corto tiempo se pueda cumplir con «.la responsabilidad histórica ante el pueblo de Colombia que en medio de las dificultades y sacrificios, mantiene la fe y la esperanza de vivir en un país en paz con justicia social, que supere las grandes diferencias económicas, pol¡ticas y sociales que mantienen enfrentados a los colombianos», tal como lo firmamos en el reciente acuerdo de San Francisco de la Sombra, no corresponde a la realidad.
Hoy, junto a la inmensa mayor¡a de los colombianos, nos preguntamos +cu nto tiempo se requiere para llegar a acuerdos sobre los siguientes temas?
1. La Agenda Comon, el Cese de Fuegos y Hostilidades y las recomendaciones de la Comisi¢n de Personalidades.
2. Acabar con el paramilitarismo de Estado y sancionar a los responsables. Es pr cticamente imposible avanzar en los temas de La Mesa mientras continoen las matanzas y los asesinatos selectivos de dirigentes populares. Este a_o ya van m s de cien sindicalistas asesinados y, en lo que va corrido del presente mes de octubre, las masacres a lo largo y ancho del pa¡s han cobrado la vida de m s de 150 colombianos. Frente a esta org¡a de sangre el gobierno y el establecimiento guardan sospechoso silencio.
3. Terminar con: la criminalizaci¢n de la protesta social, el exterminio f¡sico de los dirigentes populares, las matanzas, torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desplazamientos, bloqueos y salvoconductos.
4. Modificar la pol¡tica neoliberal que provoca: despidos de los trabajadores, la p’rdida de garant¡as del derecho al trabajo, restricci¢n a las libertades de sindicalizaci¢n, movilizaci¢n y huelga, el cierre de escuelas, colegios y universidades poblicas, hospitales, desalojo de los campesinos y destechados, incremento de la explotaci¢n de trabajo infantil, privatizaci¢n de empresas del Estado, aumento de impuestos, persecuci¢n contra los trabajadores informales, ruina del campo, quiebra de la peque_a y mediana industria nacional, concentraci¢n de la riqueza y monopolizaci¢n de los sectores financieros, industrial, comercial, agropecuario y minero, desempleo desbordado e inequidad social.
5. Acordar una reforma agraria integral que solucione el problema a millones de campesinos sin tierra o que la poseen en muy poca cantidad, sin t¡tulos de propiedad, sin acceso al cr’dito y sin mercado para sus productos.
6. Suspender la extradici¢n de nacionales y restablecer la dignidad y soberan¡a del Estado colombiano.
7. Castigar a los funcionarios corruptos responsables del robo y despilfarro de billones de pesos de las finanzas poblicas, mientras el pueblo padece la insatisfacci¢n de sus necesidades b sicas.
8. Detener la aplicaci¢n del Plan Colombia que lo onico que est dejando son miles de hect reas de cultivos de pan coger arrasadas, centenares de animales dom’sticos muertos, fuentes de agua contaminadas, da_os inmensos al ecosistema y la biodiversidad, ruina econ¢mica de las regiones y desplazamiento de los campesinos.
9. Cesar las hostilidades de los grandes medios de comunicaci¢n contra las FARC-EP, contra el pueblo colombiano y sus organizaciones sociales y pol¡ticas cuando reclaman sus justos derechos.
Muy poco tiempo para tanta tarea. Al gran objetivo de la paz con justicia social no se le pueden fijar plazos perentorios. Requiere s¡ de una decidida voluntad de cambios en las estructuras del Estado, su r’gimen pol¡tico y su base econ¢mica.
Y por el contrario, lo que hay en curso es una campa_a que conspira contra el proceso de paz desde los sectores m s reaccionarios y militaristas que pretenden enterrar los di logos bajo los escombros de las Torres Gemelas.
Amarrar el futuro de Colombia a los prop¢sitos de las pol¡ticas imperiales constituye un acto de lesa patria que desconoce las causas hist¢ricas, socioecon¢micas y pol¡ticas del conflicto colombiano.
Sin embargo, se conocen los pronunciamientos de los candidatos presidenciales Uribe V’lez, Noem¡ y Serpa; de los directivos de los partidos tradicionales G¢mez Hurtado y Luis Guillermo V’lez; de dirigentes gremiales como Sabas Pretelt y Visbal Martelo; jerarcas de la iglesia cat¢lica en cabeza de Monse_or Rubiano; de altos mandos militares como el General Mora; el congresista Vargas Lleras; los medios El Tiempo, RCN y Caracol; y los columnistas Plinio Apuleyo y Lemos Simmons, entre otros, a los que se suman las voces de los ex presidentes L¢pez, Turbay, Gaviria y Samper, que exigen a las FARC-EP concesiones unilaterales, mientras guardan silencio sobre las causas y soluciones de los grandes problemas arriba mencionados y que ellos mismos han generado.
Antes que exigir acuerdos precipitados a La Mesa, estos se_ores deben responder si en corto tiempo est n en condiciones de acabar con las causas que han generado el actual conflicto.
Pretender avanzar por el camino de las imposiciones, el cambio unilateral de los Acuerdos logrados, evadir la discusi¢n de los temas de La Agenda, y las amenazas veladas, es llevar al proceso a un callej¢n sin salida. Los controles a la zona desmilitarizada anunciados en la alocuci¢n presidencial enrarecen el ambiente y hacen muy vulnerable la seguridad del rea desmilitarizada. En cambio, no se ejerce la autoridad para someter a quienes violan los Acuerdos mediante incursiones militares a la zona desmilitarizada, sobrevuelos de aeronaves militares, retenes y bloqueo econ¢mico, a nombre del paramilitarismo, a los Municipios de Vista Hermosa, Mesetas y Uribe, en el Meta.
As¡ mismo es necesario que el Gobierno Nacional d’ a conocer a los colombianos las garant¡as que el Estado va a otorgar para proteger la vida de los dos miembros de la Comisi¢n de Personalidades que fueron amenazados por los paramilitares, motivo por el que se vieron obligados a abandonar temporalmente el pa¡s.
Por todo lo anterior, se hace necesario conocer las opiniones del Gobierno sobre los temas expuestos para que el proceso de paz pueda avanzar sin sobresaltos.
