Andrés Pastrana Arango
Presidente de la República
Bogotá, D.C
Señor
Carlos Armando García Orjuela
Presidente del Senado
Presidente de la Cámara de Representantes
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Presidente del Consejo de Estado
Presidente de la Corte Constitucional
Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo
Presidente de la Conferencia Episcopal colombiana
Sabas Pretels de la Vega
Presidente del Consejo Gremial Nacional
E.S.M
Por medio de la presente lo saludo cordialmente y a la vez aprovecho para exponerle los siguientes planteamientos de interés nacional en aras de salvar el proceso de Diálogo y Negociación, el cual entró en crisis por la incomprensión e imposición de los gobernantes que hasta hora no han logrado
entender que somos dos partes sentados en La Mesa, para buscarle una salida civilizada al conflicto interno.
Los negociadores de ambas partes después de largos meses de análisis y discusión sobre la Plataforma política de 10 puntos presentada por las FARC-EP al pueblo colombiano y al Gobierno Nacional, para discutir en La Mesa y lograr ponerse de acuerdo en La Agenda Comon, considerada como un gran logro y ‘xito de ambas partes en su estrategia pol¡tica para adelantar Di logos y Negociaciones, en busca de una salida pol¡tica al conflicto social y armado que afecta el conjunto del pueblo colombiano en lo institucional, pol¡tico, econ¢mico, social, cultural, ambiental y soberan¡a, lo cual nos permite formular la siguiente pregunta:
Siendo la Agenda Comon el Acuerdo m s importante del actual proceso ya que recoge los temas fundamentales a negociar para lograr as¡ la paz con justicia social en nuestro pa¡s, no entendemos entonces por qu’ en reiteradas declaraciones de altos funcionarios del Gobierno y del Estado se afirma, que no es negociable ninguno de los temas que a continuaci¢n se_alamos:
1. Plan Colombia, de acuerdo a lo expresado por el Presidente y los Negociadores en La Mesa.
2. El plan de desarrollo, como lo han expresado altos funcionarios del Estado.
3. La erradicaci¢n de cultivos il¡citos por la v¡a de la aspersi¢n a’rea, a pesar de los Acuerdos firmados entre el presidente Andr’s Pastrana y Manuel Marulanda en Los Pozos, para hacerlo manualmente y con inversi¢n social.
4. Afirman que las instituciones del Estado no pueden ser modificadas, no importando la caducidad de ellas que impide abrirle espacio a la democracia.
5. Los Acuerdos internacionales contra¡dos por el Estado en materia econ¢mica, pol¡tica, judicial, militar y de extradici¢n.
6. El calendario electoral.
7. El canje de soldados por guerrilleros porque viola la constituci¢n y las leyes, argumento esgrimido por el Estado y los partidos.
8. El Gobierno afirma que la acci¢n contra el paramilitarismo y contra las injusticias sociales, las hace por convicci¢n y no por exigencia de la insurgencia guerrillera con la cual ha sostenido Di logo y Negociaci¢n por 3 a_os. Sustrayendo estos temas de La Mesa sin que tampoco se vean resultados en la soluci¢n de estos problemas. Esta parte es muy dif¡cil que un colombiano desprevenido la entienda.
9. Visto lo anterior pedimos de ustedes una amplia explicaci¢n, clara y concreta a trav’s de un gran encuentro nacional el 15 de enero en Los Pozos para que digan que es lo negociable con el Estado. Y por qu’ solo la insurgencia tiene que hacer gestos de paz y el Estado no. Ustedes deben comprender que nos alzamos en armas por falta de garant¡as y porque nos cerraron las puertas al proselitismo pol¡tico para elegir y ser elegidos por la v¡a legal.
Por ello, las oltimas declaraciones de Ministros, mandos militares y otras personalidades sindic ndonos no de ser revolucionarios sino terroristas y narcotraficantes, no corresponden a la realidad. Porque fue el Estado en l964 quien acudi¢ a la violencia oficial contra 48 hombres en Marquetalia (Tolima), utilizando todos los instrumentos del Estado a su servicio: l6 mil hombres del ej’rcito, la aviaci¢n, helic¢pteros artillados, dinero trasladado de otros ministerios para sostener el operativo militar, m s 300 millones de pesos aportados por los Estados Unidos, para el pago de agentes, delatores e infiltrados, bloqueo econ¢mico, la confiscaci¢n de bienes e inmuebles y su entrega a nuevos propietarios en forma oficial, todo con el fin de aniquilarnos.
Hoy nuevamente el Estado repite su estrategia de golpearnos con leyes represivas, entrena y crea nuevas Brigadas de contraguerrilla, compra sofisticado armamento de guerra, aviones y helic¢pteros, lanza operativos militares, bombardean vastas zonas pobladas en forma indiscriminada,
establece cordones de bloqueo econ¢mico al campesinado, confiscan bienes y dinero, queman casas, controlan la movilizaci¢n de habitantes, e impide y reprime paros c¡vicos sindicando a su l¡deres de terroristas.
Visto lo anterior el Estado no puede seguir exigi’ndole a la insurgencia, en forma unilateral, buena conducta contra quienes financian la guerra, el paramilitarismo de Estado, respeto a la infraestructura econ¢mica, que produce dinero para financiar las actividades belicistas en detrimento de
las libertades democr ticas y ciudadanas. Mientras en La Mesa no se resuelva lo que no quiere negociar el Estado con la insurgencia, la situaci¢n pol¡tica, econ¢mica y social siempre ser compleja y dif¡cil de resolver hasta tanto se mantenga la concepci¢n del m s fuerte, como lo se_alado aqu¡ en este documento y en otros.
No siendo otro el motivo de la presente me suscribo de ustedes.
Atentamente,
Manuel Marulanda V’lez
