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PER+: DEVELANDO LA CORRUPCIÓN

escrito por Jose Escribano 30 de enero de 2001
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En el más reciente giro de los acontecimientos, vídeos divulgados el 23 y 24 de enero muestran al congresista Ernesto Gamarra, miembro de un comité parlamentario que investiga la corrupción, recibiendo aparentemente un soborno de US$3,000, y al juez Alipio Montes de Oca, jefe del Jurado Nacional de Elecciones durante los comicios del año pasado, negociando sueldo y cargo con Vladimiro Montesinos, el tenebroso asesor de Fujimori en seguridad nacional durante la pasada década.
Diego García Sayán, ministro de Justicia del gobierno transitorio del presidente Valentín Paniagua, está aprovechando este corto mandato para avanzar todo lo posible en investigar y llevar casos a la justicia, así como establecer medidas anticorrupción.
Pero la tarea es enorme y el tiempo es corto. Las elecciones están programadas para el 8 de abril, y el nuevo presidente ùque será elegido entre una decena de postulantes, entre ellos el principal candidato opositor el año pasado, Alejandro Toledo, el ex defensor del pueblo Jorge Santistevan y el ex presidente Alan Garc¡a (1985-90)- asumir  el 28 de julio.
Unas 35 investigaciones est n en curso, y una decena de comisiones parlamentarias est n indagando sobre corrupci¢n vinculada al tr fico de drogas y de armas, venta de influencias, sobornos y extorsiones en la inmensa red construida por Montesinos. La red incluye el aparato judicial, el sistema electoral, institutos armados y diversos ministerios, as¡ como medios de comunicaci¢n, empresas y personas.
Las autoridades dicen que ser  imposible desmantelar la red antes que asuma el nuevo gobierno.
Las revelaciones m s espectaculares incluyen multimillonarias cuentas bancarias, tr fico de armas a la guerrilla colombiana (NA, Set. 18, 2000), supuestas comisiones para la compra de armamento, empresas de fachada, pagos a medios de prensa e incluso la compra por $143,000 de dos jirafas y dos rinocerontes que nunca llegaron a un zool¢gico de Lima.
El gobierno ha destituido a numerosos jefes militares y policiales vinculados a Montesinos, cuyo paradero aon se desconoce. El 23 de setiembre fug¢ a Panam  y retorn¢ un mes despu’s (NA, Oct. 2, 2000). Al parecer abandon¢ el Pero otra vez el 29 de octubre y viaj¢ a Venezuela, donde se habr¡a sometido a cirug¡a pl stica. M s de 40 personas tienen prohibici¢n de abandonar el pa¡s, mientras que otras permanecen bajo arresto domiciliario o ya est n en la c rcel.
El 20 de enero, la polic¡a arrest¢ a cuatro generales retirados cercanos a Montesinos: W lter Chac¢n, ex jefe del Ej’rcito y ex ministro del Interior; Luis Cubas Portal, cu_ado de Montesinos; Juan Yanqui Cervantes y Luis Manuel Delgado de la Paz; as¡ como a su hija, hermana y hermano.
Sin embargo, algunos han logrado salir del pa¡s, aprovechando las leyes que establecen investigaciones preliminares antes que los ex funcionarios poblicos puedan ser detenidos o prohibidos de abandonar el territorio nacional.
A pesar de la presi¢n poblica para acelerar las investigaciones, los procuradores est n atados de manos.
«La magnitud de la organizaci¢n criminal… ha generado una expectativa ciudadana que tiene distintas consecuencias», dijo el procurador ad hoc Jos’ Ugaz. «Una de ellas es la impotencia que siente el ciudadano comon al ver que las investigaciones no avanzan, que no se puede levantar el secreto bancario en 48 horas, y que algunas de las cabezas visibles de la organizaci¢n entran y salen del pa¡s con evidente impunidad, porque tienen que ser investigados por sus pares en el Congreso, lo cual no toma menos de tres, cuatro o seis semanas».
Sin embargo, las nuevas leyes aprobadas en diciembre establecen mecanismos para coordinar investigaciones, acelerar la emisi¢n de ¢rdenes de arresto y conceder beneficios a quienes proporcionen informaci¢n sobre corrupci¢n. Ugaz dijo que la l¡nea telef¢nica gratuita para hacer denuncias est  recibiendo unas 180 llamadas diarias.
Pero Ugaz se siente frustrado porque la inmunidad protege a muchos sospechosos, incluso miembros del Congreso y otros altos funcionarios poblicos.
«La inmunidad no se ha hecho para garantizar impunidad, sino para evitar la persecuci¢n pol¡tica y otro tipo de extorsi¢n», precis¢ Ugaz.
Un r¡o de testigos se ha presentado ante la comisi¢n parlamentaria que investiga a Montesinos, encabezada por David Waisman. La comisi¢n tambi’n ha recuperado m s de 1,600 v¡deos del Servicio de Inteligencia Nacional. Aunque las cintas al parecer incluyen reuniones de varios congresistas y funcionarios con Montesinos, los investigadores sospechan que los v¡deos m s comprometedores fueron destruidos o sacados del pa¡s por Montesinos o Fujimori, quien est  asilado en Jap¢n.
Otros v¡deos, confiscados de un apartamento propiedad de Montesinos, muestran pagos por $2 millones de d¢lares a directores de medios de comunicaci¢n profujimoristas.
«En el Servicio de Inteligencia se han quemado toneladas de documentos, se han borrado centenares de archivos de computadora y se sabe que hay un esfuerzo particular para desaparecer evidencias que comprometen a distintas personas», afirm¢ Ugaz.
El procurador ad hoc ha solicitado informaci¢n sobre las cuentas bancarias de unas 400 personas, incluyendo oficiales militares en retiro o en actividad. Se encuentran congeladas cuentas con m s de $80 millones pertenecientes a Montesinos y con $14 millones del ex ministro de Defensa V¡ctor Malca. Se ha encontrado otras cuentas a nombre de la esposa de Montesinos, quien est  bajo arresto domiciliario, su hija Silvana y el general retirado Jos’ Villanueva Ruesta, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quienes se encuentran en prisi¢n.
Uno de los mayores retos para el pr¢ximo presidente ser  la protecci¢n contra futura corrupci¢n a gran escala. Expertos regionales dicen que para que eso sea efectivo, debe hacerse en los primeros meses de gobierno.
El tema ser  muy importante en el ya controvertido proceso electoral. Luis Moreno Ocampo, jefe de Transparencia Internacional (TI) para Am’rica Latina y el Caribe, dijo que el financiamiento de las campa_as deber¡a ser un asunto clave.
«En pa¡ses como los nuestros, donde la evasi¢n impositiva es enorme, un 40%, no tiene sentido medir el ingreso de fondos blancos porque va a haber una enorme cantidad de fondos negros que nadie va a denunciar, y que son muy f ciles de recibir», dijo Moreno Ocampo. «Es m s, los narcotraficantes, las personas involucradas en la corrupci¢n, van a estar mucho m s dispuestos a poner dinero [para las campa_as] que los comerciantes honestos que no tienen mucho inter’s en la pol¡tica».
TI est  demandando que los candidatos presenten informes financieros mensuales sobre sus campa_as, indicando la fuente y el uso del dinero, especialmente el gastado en propaganda.
S¢lo cuatro partidos pol¡ticos presentaron informes financieros sobre sus campa_as el a_o pasado. Pero 2000 de Fujimori se_al¢ haber gastado m s de $5 millones; los otros destinaron entre $98,000 y $480,000.
Un nuevo acuerdo con el Banco Mundial est  financiando una encuesta entre funcionarios poblicos, empresarios y ciudadanos acerca de sus experiencias con la corrupci¢n gubernamental y el desarrollo de planes de mediano plazo para reorganizar las estructuras gubernamentales.
Con relaci¢n al elevado costo del desv¡o ilegal de fondos, el ministro Garc¡a Say n dijo que «una corrupci¢n que se extiende en pa¡ses pobres no solamente es algo que atenta contra los valores ‘ticos. En un pa¡s como el Pero es tambi’n un asunto de vida o muerte».
-Desde Lima, Barbara J. Fraser/ Noticias Aliadas.

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