El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Luis Alfonso Dávila, reiteró a Colombia que el ex presidente de facto, el empresario Pedro Carmona, quien hoy viajó a Bogotá después de que se le concediera asilo, está sometido a proceso judicial.
En una carta divulgada por la Cancillería venezolana, en la que está estampada como recibida la firma del embajador colombiano en Caracas, Germán Bula, Dávila subrayó que Carmona «no es un perseguido político».
Añade que al empresario golpista, acusado de «rebelión y usurpación de funciones», se le respetó el debido proceso y se le otorgó un salvoconducto con el que este miércoles pudo llegar a Bogotá.
«Existe incompatibilidad entre la aplicación estricta de la Convención sobre Asilo Diplomático, por una parte, y por la otra, la necesidad de mantener la eficacia del principio de democracia representativa» reconocido por la carta interamericana, dijo el ministro.
Dávila consideró oportuno, sin ánimo de encender polémicas, preguntar si «es procedente que se formalice el asilo diplomático cuando se trata de delitos que constituyen acciones tendentes a derrocar a un gobierno indiscutiblemente electo en forma democrática».
El salvoconducto, firmado por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, garantiza la seguridad del prófugo «únicamente» en un viaje desde Caracas a Bogotá y lleva fecha del 28 de mayo.
Carmona pidió asilo en la embajada colombiana el pasado día 23 cuando las autoridades judiciales iban a internarlo en prisión al haberse revocado el arresto domiciliario que le había concedido el 16 de abril, dos días después de ser detenido y tres después de dimitir como efímero presidente de facto.
El presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Alejandro Angulo Fontiveros, dijo que el caso judicial de Carmona no prescribirá, y es poco «sensato» que el gobierno pida su extradición.
Angulo explicó que «la prescripción corre cuando el juicio está parado sin culpa del procesado», y en el caso de Carmona se suspende debido a la ausencia física del empresario, acusado por la fiscalía de «usurpación de funciones» y «rebelión».
«Como el juicio se paraliza por causa del procesado, no corre la prescripción», aclaró el magistrado, quien agregó que en Venezuela «están proscritos los juicios en ausencia» desde la entrada en vigor de la Constitución Bolivariana, el 30 de diciembre de 1999.
Carmona optó por el exilio el jueves pasado, cuando escapó de su arresto domiciliario tras conocer que el TSJ ratificó los delitos que le precalificó el Ministerio Público y ordenó su traslado a un penal cercano a Caracas.
Angulo detalló que «en principio la fuga no agrava» la condición judicial de Carmona, quien ejerció un «derecho constitucional» al pedir asilo a Colombia.
El magistrado calificó de poco «sensato» una posible petición de extradición del empresario, porque «eso sería contrario a derecho y a toda ortodoxia jurídica» debido a que la Constitución Bolivariana «prohíbe la extradición por razones políticas».
«Es evidente que, en principio, este señor (Carmona) está enjuiciado por un delito de tipo político», como es el de rebelión, al igual que otros cuatro altos oficiales venezolanos, dijo el presidente de la Sala Penal de TSJ.
Por ello, Angulo no descartó que «en un futuro, de resultar condenados estos señores», Carmona y los altos oficiales, se aplique una «amnistía política».
«En ese tipo de delitos, en cuanto sean legítimos políticos, muchas veces está planteada, y es aconsejable, una amnistía política si ya está firme la condena y con la condición de que haya cesado el peligro y la hostilidad. Eso es lo que generalmente aconseja la política criminal en estos casos», explicó el magistrado.
El Ministerio Público pidió el pasado viernes al TSJ la apertura de un «antejuicio de mérito» contra los cuatro militares de alta graduación, para que el máximo tribunal determine si cometieron los delitos que le precalificó la Fiscalía General y el juicio correspondiente.
El Defensor del Pueblo venezolano, Germán Mundaraín propuso en un informe que presentó al Ministerio Público, la aprobación de una «ley de amnistía», como mecanismo para impulsar el proceso de «conciliación» nacional que promueve el gobierno de Chávez.
Angulo agregó que por «la usurpación de funciones» podría proceder un pedido de extradición de Carmona, ya que es un «delito común», pero opinó que sería «trastocar realidades» «Pienso que, y con esto no adelanto ningún criterio, parece sumamente exagerado» pedir la extradición de Carmona por el delito de «usurpación de funciones».
Aram
