La misión de la CIDH, organismo de la Organización de los Estados Americanos finalizó hoy una visita al país, y determinó que es «decepcionante» el resultado de las investigaciones sobre los hechos violentos que produjeron la breve salida del presidente Hugo Chávez del poder.
«Insistimos en la necesidad de una investigación seria, profunda y transparente y con amplio acceso a las víctimas a dar su testimonio», señaló el informe preliminar.
«Hemos escuchado muchas teorías y versiones contradictorias. No tuvimos en ninguna versión un respaldo creíble en evidencias», añadió.
Méndez indicó que es indispensable el diálogo político para que Venezuela alcance un clima de paz y precisó que «tiene que ser más profundo, con una agenda clara y la inclusión de todos los que tengan algo que aportar».
«Lamentablemente no hemos visto actitud de diálogo tanto de la parte gubernamental como de la oposición», disposición necesaria para que en el corto plazo se puedan «superar los enconos y la crispación del debate político que tiene este país», dijo.
El informe expresa que la libertad de expresión no es coartada en el país y apunta que «existen medios independientes que ejercen la crítica sin tapujos y hay un debate interno en el que se tiene acceso a los diversos puntos de vista».
Sin embargo, advierte que «el clima de confrontación, muchas veces promovido por los funcionarios de Gobierno, hace difícil el desarrollo de la labor periodística».
Los miembros de la comisión comprobaron que no han sido clausurados periódicos ni detenidos periodistas, pero consideraron «que eso no es suficiente para garantizar la libertad de expresión».
El informe de la CIDH dice que los días 12, 13 y 14 de abril hubo una privación al acceso a la información, cuando en forma cartelizada los diarios, televisoras y radios privadas se abstuvieron de informar sobre el retorno de Chávez al poder.
«Hay múltiples razones, muy entendibles para que eso haya ocurrido, pero los medios deben hacer una reflexión sincera sobre el tema», comentó Méndez.
La CIDH recomendó al Gobierno buscar una solución para reconocer a las autoridades sindicales, desarmar a la población civil que está dispuesta a ejercer la violencia con fines políticos y eliminar el cáncer que representan los grupos exterminio.
El documento hace énfasis en la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho como vía para alejar el fantasma del golpe de Estado.
Plantea que la falta de independencia del Poder Judicial, la poca credibilidad de las instituciones y el carácter deliberativo de la Fuerza Armada son algunas de las situaciones que afectan la consecución de este objetivo.
Méndez habló sobre los rasgos que debe tener la comisión de la verdad que investigue las muertes entre el 11 y el 14 de abril para valorar su utilidad: transparente composición, personas de probada credibilidad, experiencia y profesionalismo en materia de derechos humanos
El funcionario obvió la posibilidad de que la CIDH o alguno de sus miembros la conformen, y valoró como de notable importancia que quienes encomiendan a la comisión la tarea de investigar estén dispuestas a aceptar su veredicto, independiente de consideraciones políticas».
Durante su estadía en el país la comisión profundizó su conocimiento sobre la condición del Estado de derecho en Venezuela.
Méndez destacó las «normas ejemplares» contenidas en la constitución de la República sobre derechos humanos «y también sobre creación de instituciones novedosas que, de funcionar adecuadamente, podrían garantizar la vigencia de los derechos humanos para los venezolanos y venezolanas».
«Nos que aún las mejores disposiciones de la constitución, están todavía en un estado de transitoriedad, especialmente en relación con la designación de autoridades en las instituciones de control y en cuanto a la independencia de poderes», sentenció Méndez.
A ello sumó el hecho de que la actuación de las instituciones de control «no ha sido destacada por una marcada independencia de los poderes del Estado».
Aram
