El contralmirante Carlos Molina Tamayo, el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, el contralmirante Daniel Comiso y el general de brigada Pedro Pereira ahora deberán esperar por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, instancia a la que instaron pronunciarse una vez reciba el expediente.
En nombre de sus representados, Carlos Bastidas sorprendió al denunciar «la constante violación de los derechos y garantías constitucionales de los oficiales, generales y almirante que están detenidos desde el pasado sábado pasadas las 8 de la noche» y señaló que no “están dadas las condiciones de flagrancia” en el delito lesa constitución cometido.
El tribunal tomó la decisión sobre la base de lo establecido en el artículo 151 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia aún vigente, en la cual se establece «que si un alto funcionario del Estado es sorprendido en la comisión de un delito flagrante debe ser inmediatamente puesto bajo la custodia de la autoridad en su residencia y comunicarlo en forma inmediata al Tribunal Supremo de Justicia», relató el profesional del derecho.
De acuerdo con su criterio, esto ratifica lo sostenido por el grupo de abogados con anterioridad, pues además de «excesivamente» prolongada en el tiempo, la detención es «manifiestamente ilegal e inconstitucional” además de violar «todas las normas que regulan el tratamiento que ha de dársele procesalmente a los altos funcionarios del Estado». O sea, aquellos que desconocieron la constitución, ahora quieren arroparse en vericuetos jurídicos para salir impunes de su cobardía.
Aram
