Para los analistas económicos venezolanos, los condicionamientos políticos son altamente negativos para cualquier programa.
La respuesta de los economistas fue al anuncio del nuevo ministro de Finanzas Tobías Nóbrega de recurrir al mercado externo en busca de 3.500 millones de dólares para paliar el alto déficit fiscal de alrededor de 7.000 millones de dólares.
Acudir al Fondo Monetario Internacional implica para el Gobierno, «acordar cosas que en este momento son altamente dañidas para el bienestar de las personas», dijo el economista Domingo Fontiveros.
Entre ellas citó elevar los impuestos, reducir gastos, aumentar el precio de la gasolina, liberar las tasas de interés y tipo de cambio.
«Esta administración, si quiere recuperar la viabilidad financiera, va a tener que aceptar estos difíciles condicionamientos sin los cuales el acceso al crédito internacional va a estar restringido o virtualmente inexistente», indicó.
Usualmente los programas de asistencia del multilateral no están dirigidos a financiar gobiernos, sino a apalancar reservas internacionales (Bancos Centrales), explicó Fontiveros.
Fontiveros aseveró que Venezuela no tiene en la actualidad una crisis explícita sino encubierta de balanza de pagos, porque sus reservas están estabilizadas.
Sin embargo, expresó, «existe una crisis encubierta en la balanza de pagos ,que no se manifiesta por el enorme nivel de las tasas de interés, por la profundidad de la recesión económica y otros factores».
Agregó que si el Gobierno comienza a buscar recursos a través del ajuste fiscal para cumplir sus compromisos, entonces la situación es de extrema iliquidez.
«El Ejecutivo empezará a inyectar liquidez en el sistema y en ese momento, si no hay cambios en las orientaciones, vamos a entrar en una crisis de balanza de pagos’.
Por su parte, el economista Gustavo García consideró que «Venezuela empieza a encontrar límites sociales a los ajustes fiscales de carácter recesivo».
García destacó la poca inventiva del nuevo gabinete económico en proceder al tradicional esquema.
Indicó que este impone «recorte de la demanda agregada por vía de la disminución del gasto público, aumento de la presión tributaria y mayor aceleración del proceso de devaluación.
Ësto sirve para producir un ajuste entre 1 y 2% del producto y poder salir a los mercados con un poquito de confianza, con la cara más lavada, para levantar 2 mil o 3 mil millones de dólares», indicó.
García dijo oponerse al ajuste fiscal recesivo y propuso un ajuste fiscal expansivo el cual lleva implícito un replanteamiento de los activos y pasivos públicos.
«Venezuela puede caer en una situación de cesación de pago a diferencia de Argentina, sin tener problemas de insolvencia en el sector público, porque el valor de los activos es mucho mayor que el de sus pasivos», aseveró.
«Lo que hay es un problema serio de distribución entre activos y pasivos que estamos pagando a elevadísimos costos. Activos poco rentables y pasivos onerosos», agregó.
Aram
