Según Ecologistas en Acción, Martorell, en su calidad de secretaria
general, «firmó la declaración de impacto ambiental del trasvase
Júcar-Vinalopó siendo consejera de Aguas del Júcar S.A., sociedad de
capital público formada en 1998 para ejecutar las obras hidráulicas en
la cuenca del Júcar». Martorell firmó la declaración el 21 de diciembre
de 2000 y formaba parte desde el 2 de noviembre de 2000 del Consejo de
Administración Aguas del Júcar S.A., cargo que abandonó el pasado mes de
abril, siempre según datos de la citada organización.
Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente informaron a Efe de que el
cargo de secretaria general que desempeña en la actualidad es compatible
con ser miembro de un consejo de administración.
Carlos Arribas, portavoz del grupo ecologista, explicó que la denuncia
se ha tramitado en dependencias de la Administración central en
Alicante. Según Arribas, la «falta muy grave» está contemplada en la Ley
de incompatibilidades de miembros del Gobierno de la Nación y de los
Altos Cargos de la Administración general del Estado y en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas «establece que, cuando un funcionario sea Administrador de
sociedad o entidad interesada en un expediente, debe abstenerse de
intervenir en el mismo», señalaron los ecologistas.
Ecologistas en Acción advierte de que Martorell fue nombrada el pasado
abril administradora de la Sociedad Estatal que promueve las obras del
trasvase del Ebro contemplado en el Plan Hidrológico Nacional (PHN). «Si
se mantuviese en su cargo actual pudiera darse de nuevo la circunstancia
denunciada, ya que las obras del trasvase del Ebro y del PHN deberán
someterse al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental y en el que la
secretaria general de Medio Ambiente tiene la última palabra desde el
punto de vista ambiental».
http://www.la-verdad.com/pg020608/suscr/provali12.htm
