Los seis hombres y dos mujeres, de entre 25 y 35 años de edad, entraron a la sede diplomática en una operación perfectamente planeada, según las fuentes, que explicaron que tras acceder al edificio llamaron con teléfonos celulares a medios de comunicación venezolanos para explicar su situación.
Pero España se adelantó a señalar que no concederá asilo a las personas refugiadas hoy en su Embajada . El embajador de España en Venezuela, Manuel Viturro, regresó a la representación diplomática tras conocer lo sucedido con la intención de explicar a estas personas la legislación española aplicable a estos casos, que impide la concesión de asilo político.
La ley española de asilo y refugio, de acuerdo con las convenciones internacionales, no permite la concesión de asilo político en un Estado por un nacional del mismo, lo que impide que, en este caso, se conceda asilo en Venezuela a un venezolano.
Por ello, el embajador trató de convencer a los miembros del grupo de la conveniencia de abandonar su postura, mientras se mantiene en contacto con las autoridades venezolanas para obtener garantías sobre la seguridad de los encerrados y que no serán perseguidos, añadieron las fuentes.
Se pudo conocer que el grupo está conformado por seis hombres y dos mujeres, de entre 25 y 35 años. A las afueras de la sede diplomática sólo se encontraba un reducido grupo de periodistas.
Este es el cuarto incidente de pedido de asilo que se produce en Venezuela después de la crisis política e institucional ocurrida entre el pasado 11 y 14 de abril, cuando se fraguó un golpe de Estado en contra del presidente Hugo Chávez. El miércoles, el empresario golpista y prófugo de la justicia, Pedro Carmona, salió de Venezuela rumbo al exilio en Colombia, luego de que hace una semana pidiera asilo diplomático a ese país.
Carmona, acusado de «rebelión y usurpación de funciones» por la Fiscalía General tras encabezar un gobierno de facto luego del golpe contra Chávez, llegó a Bogotá donde permanecerá momentáneamente.
Hace una semana, el empresario se fugó de su residencia, donde cumplía arresto domiciliario tras conocer una decisión judicial que ordenaba su traslado a una cárcel, cerca de Caracas.
En medio del caso Carmona, se conoció que el militar golpista retirado, contralmirante Carlos Molina, acusado de participar en la rebelión contra Chávez del pasado 12 de abril, también escapó de su residencia, donde estaba arrestado, y pidió asilo al gobierno de El Salvador. Molina se fugó el pasado sábado, pidió asilo político en la residencia de la encargada de negocios de El Salvador, Ana Leonor Palomo de Canosa, y está a la espera de la decisión del gobierno centroamericano.
El militar, quien ocup+o brevemente la Casa Militar durante el gobierno de facto y fue sindicado com,o nexo con el departamento de Estado nortemaericano y los golpistas, alega que es «un perseguido político» y que su vida «corre peligro» en Venezuela.
El primer caso de asilo lo protagonizaron los militares retirados Pedro Soto y Silvino Bustillos, quienes junto a sus familiares solicitaron asilo al Gobierno de Bolivia. Los militares y sus familiares no esperaron a que Bolivia terminara de procesar el pedido y sólo pidieron protección diplomática para en primera instancia volar a La Paz y de allí trasladarse a un tercer país, Estados Unidos como era de esperarse.
Soto, militar retirado de la aviación, fue el primer oficial que se pronunció públicamente en contra de Chávez el pasado mes de febrero, pidiendo su renuncia y denunciando irregularidades dentro de la Fuerza Armada Nacional.
Aram
