Los familiares presentaron varias denuncias por acoso mediante vigilancia policial y registro de sus viviendas.
Las autoridades emitieron a comienzos de mes órdenes de arresto contra los seis hombres que fueron solicitados por el Gobierno español y por lo cual el presidente del gobierno hispano, José María Aznar ha realizado una serie de presiones, la última de ellas durante la cumbre europeo-latinoamericana de Madrid.
“Hay que luchar contra el terrorismo, sin duda, pero hay que respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos”, precisó el presidente venezolano Hugo Chávez en aquella oportunidad.
Los solicitados son Miguel Aldana, Eugenio Barrutiabengoa, Jesús Urteaga, Martín Sansebastián, Luis María Olalde y Jesús Ayestarán, y llegaron al país a finales de los años de ochenta por un acuerdo entre los gobiernos de Caracas y Madrid.
Todos ellos tienen desde el 7 de mayo orden de captura dictada por la jueza 14 de Control, Mercedes Ramírez.
Rosmira Navas de Urteaga y María Angeles Artola consideraron absurdo que, después de vivir entre 10 y 20 años en Venezuela, ahora empiecen un proceso de extradición contra los seis vascos supuestos militantes de ETA
La esposa de Urteaga, Rosmira, denunció que su vivienda, en un caserío cercano a Ocumare de la Costa, a unos 250 kilómetros de Caracas, fue registrada el sábado por hombres armados que no se identificaron y que, cuando les pidió que se identificaran, “mostraron sus armas” y la amenazaron a ella y a sus hijos.
A la vez, la esposa de Barrutiabengoa, María Angeles, dijo ser objeto de persecución y vigilancia desde un automóvil con vidrios opscuros, por lo que acudió a la Fiscalía en busca de protección.
Allí dio aviso a la policía que intentó detener a los seguidores, que fueron apresados por manifestantes que se encontraban cerca de la Fiscalía que los entregaron al ministerio público, donde se comprobó que se trataba de miembros de la policía política venezolana.
María Ángeles y su esposo llegaron a Venezuela en mayo de 1984, esposados en un avión de Air France, acompañados de policías franceses, y fueron entregados a policías venezolanos.
España había solicitado su extradición a Francia, pero el presidente Francois Mitterrand la había negado y, en acuerdo con los gobiernos de Madrid y Caracas, fueron enviados a Venezuela.
Mientras, el Centro Vasco de Caracas divulgó una carta que envió al presidente Hugo Chávez en la que expresa su apoyo al otorgamiento de asilo político para los refugiados.
En su reciente viaje a España, Chávez dijo que las solicitudes de extradición están en proceso por el Poder Judicial venezolano, que es independiente del Ejecutivo.
Marino Alvarado, director de Provea, una ONG de defensa de los derechos humanos, explicó que “todos los que están en trámite de extradición ingresaron por acuerdos entre gobiernos”.
“Ninguno lo hizo ilegalmente. Seis gobiernos sucesivos han aceptado su permanencia en Venezuela. Por esta razón, entre otras, aunque no haya salido una resolución en Gaceta Oficial, son, de hecho, asilados políticos”, agregó.
Según el directivo de Provea, el hostigamiento a familiares es una violación derechos humanos, pues es legal que España los haya solicitado en razón de extradición y Venezuela tiene derecho a buscarlos, mas no a hostigar a las familias.
“Provea considera que estas seis personas no son extraditables por el principio de no devolución que establece la Convención Americana de Derechos Humanos y porque el procedimiento de extradición en Venezuela es una violación, pues niega la doble instancia”, dijo Alvarado.
Aram
