La razón alegada por la embajada cubana para anunciar esa inusitada sanción fue de que el Dr. López recibió «autorización» de La Habana para estar fuera de Cuba por un año, pero no volvió a la isla, decidiendo quedarse a estudiar en Brasil, donde actualmente cursa un post-doctorado en la Universidad de Campinas (Unicamp), a 100 km. de São Paulo.
«Esa imposición es de una crueldad inimaginable, por la cual se condiciona el derecho que tengo de conocer, abrazar y besar por primera vez a mi hijo Juan Paolo, de 3 años y medio. Cuba es el único país de Iberoamérica donde los ciudadanos precisan de ‘autorizaciones’ para salir y entrar de su país, las cuales parecen depender de un criterio orwelliano de buen o mal ‘comportamiento’», dijo el Dr. López, de 31 años, al tomar conocimiento del comunicado de la embajada cubana.
El joven físico cubano añadió: «El Sr. Loforte, en reciente declaración al ‘Correio Braziliense’(25-4-2002) , declaró enfáticamente que ‘no hay nada en Cuba que viole los derechos humanos’. Pero yo pregunto: ¿acaso no conoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que afirma en sus artículos 13, 19 y 9 que ‘toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país’; que ‘todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión’; y que ‘nadie podrá ser arbitrariamente (…) desterrado’? ¿No está caracterizada, en mi caso, una clara violación de esos derechos? ¿O será que para las autoridades diplomáticas cubanas yo no tengo derechos, o no soy considerado un ser humano?»
«Continuaré clamando por el derecho inalienable de conocer a mi hijo, y para esto confío en la ayuda que tantas entidades y personas en Brasil y en el exterior me están prestando», concluyó López.
El canciller brasileño Celso Lafer anunció la semana pasada que intercederá para que el Dr. López Linares pueda viajar a Cuba a visitar a su hijo. Los antecedentes del caso ya están siendo analizados en el Departamento de las Américas, del ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Itamaraty. Según informó la columna Claudio Humberto, en el «Jornal de Brasilia» de hoy, el diputado Marcos Rolim presentó el caso en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, solicitando a su presidente, diputado Orlando Fantazzini Neto, la adopción de las «debidas providencias». En São Paulo, los antecedentes fueron presentados en la comisión de Derechos Humanos de la Orden de Abogados de Brasil (OAB). La secretaría de Justicia y Defensa de la Ciudadanía, del Estado de São Paulo, también tomó cartas en el asunto. Y en Washington, el jurista Claudio Benedí Beruff hizo una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA.
