En ese lapso, se produjo una balacera al final de una manifestación que convergió sobre el palacio de Miraflores, donde murieron 17 personas –presuntamente por francotiradores no identificados- y fueran heridas unas 50.
Al término de esa marcha se produjo un golpe de Estado y en los días siguientes, mientras el presidente Hugo Chávez era repuesto en el gobierno, saqueos, allanamientos y represión causaron un número indeterminado de muertos y heridos.
Los organismos dijeron que no participarán de la misma a menos que se extienda el lapso para las investigaciones y se apruebe una ley que rija su funcionamiento.
Las observaciones fueron hechas públicas por el Foro por la Vida que agrupa a unas 20 organizaciones, que consideró que el acto legislativo que dio origen a la Comisión de la Verdad es «frágil».
El Foro anunció que presentará un proyecto de ley que dé «el piso jurídico necesario para actuar con absoluta independencia, a fin de que sus investigaciones puedan abarcar, sin restricciones, a todas las ramas del poder público y sus hallazgos y recomendaciones, en consecuencia, sean de absoluta credibilidad».
Los organismos humanitarios tampoco están de acuerdo con que no se investiguen las violaciones de los derechos humanos hechas por entes no estatales.
Sobre el lapso para la investigación proponen que sea de 120 días para la emisión del primer informe -en lugar de los 45 establecidos por el acuerdo de la Asamblea Nacional-, sin perjuicio de informes posteriores.
Asimismo solicitaron que se incorpore a la ley los parámetros para la elección de los integrantes de la Comisión de la Verdad.
Aram
