La oposición insiste en la impunidad y a la premisa de una amnistía se han plegado a la propuesta de las bancadas de Grupo Social Demócrata-Alianza Bravo Pueblo, Copei y Acción Democrática, que presentaron sendos proyectos de ley de amnistía general en la semana reciente.
El Ejecutivo no ha descartado la posibilidad de emitir un decreto de amnistía para los militares y civiles implicados en la supuesta rebelión del 11 de abril. Según el ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, el gobierno no ha negado ese escenario, pero indicó que «están demasiado recientes los acontecimientos».
«Pero esa es una cosa que se pudiera considerar más adelante. Ustedes saben que la amnistía tiene fundamentalmente un contenido político, y a las situaciones políticas se les da respuestas políticas», expresó Rangel.
Aunque con diferencias de forma, las propuestas de ley de la oposición coinciden en lo fundamental: conceder amnistía plena a favor de todas las personas -civiles y militares- en contra de las cuales se haya ejercido o se pudiera ejercer alguna acción penal por delitos políticos y militares previstos en las leyes a propósito de los hechos del 11 al 13 de abril.
«Más que una amnistía es una ley de amnesia total», señaló el analista Alvaro Verzi, al recordar que los proyectos establecen que se elimine cualquier registro, expediente o antecedente del caso en las instituciones policiales, militares, administrativas o judiciales, previa autorización del fiscal general de la República.
Además indican que quienes sean exentos de responsabilidad penal no podrán en el futuro ser interrogados, investigados, citados a comparecer, detenidos o molestados de manera alguna por los hechos que comprenda la amnistía.
Sectores de la oposición -entre ellos los partidarios del ex presidente Rafael Caldera y los del grupo Primero Justicia- se opusieron a una declaración de la unicameral Asamblea Nacional contra el golpe o la ruptura del hilo constitucional.
El parlamentario del oficialista Movimiento Quinta República (MVR) Tarek William Saab fue enfático al decir que el ánimo que predomina en el partido es promover que se lleven a cabo los procesos judiciales contra civiles y militares y que se establezcan las penas correspondientes, para poder estudiar la condonación de penas, mediante el indulto.
«No puede haber perdón sin que haya justicia primero», resumió en una frase la posición del sector oficial, para quien hay que aclarar qué pasó, quiénes participaron en el golpe, quiénes lo financiaron y quiénes promovieron los desafueros cometidos y las violaciones de los derechos humanos y civiles.
«¿Qué mensaje se estará dando al país si, antes de desentrañar todo eso, se les da libertad, perdón y borrón y cuenta nueva a todo el que estuvo implicado? Sencillamente, que hay una patente de corso para que mañana quien sea, en nombre de cualquier circunstancia, trate de violar de nuevola Constitución», afirmó Saab.
«Aunque en casos y en sociedades muy particulares ha tenido sentido su aplicación, las amnistías han servido también para generar impunidad», sentencia Carlos Correa, director de la organización defensora de los derechos humanos Provea.
«Y si algo le ha hecho mal a Venezuela es la impunidad», sentenció. Para Correa, es apresurado proponer una amnistía cuando ni siquiera los ciudadanos saben a ciencia cierta lo que sucedió. A su juicio, es indispensable que se establezca quiénes son responsables y que se les juzgue. Luego de este paso, sostuvo, se podría plantear la amnistía como proyecto político, pero nunca antes.
El abogado penalista Alberto Arteaga aclaró que hay que distinguir entre los instrumentos jurídicos que permiten que el Estado otorgue el perdón a los responsables de delitos. La amnistía, el sobreseimiento y el indulto no son sinónimos, aunque coincidan en el objetivo último.
La amnistía extingue la acción penal y, por tanto, cualquier tentativa de procesar culpas respecto a él. Es un recurso que solamente puede ser aplicado previa sanción de una ley decreto por la Asamblea Nacional(artículo 187 de la Constitución).
Ni el Presidente, como cabeza del Ejecutivo, ni algún otro organismo están facultados para decretarla.El sobreseimiento es la anulación de un proceso judicial en marcha y, según Arteaga, requiere la decisión de los tribunales, a cargo de los cuales marchan los procesos judiciales. En el caso de los funcionarios de alta jerarquía, esta potestad la tiene el Tribunal Supremo de Justicia.
Y, finalmente, el indulto corresponde exclusivamente al jefe del Estado, pero requiere que haya previamente una condena, por lo que aún es improcedente su aplicación relacionada con los implicados en el golpe contra Chávez.
Aram
