De las 60 especies cotizantes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 41 se derrumbaron, mientras que sólo una docena salvaron su pellejo y otras 7 no cambiaron sus valores anteriores. El dominio de las órdenes de venta no se tradujo en el volumen negociado, que apenas superó los 29 millones de pesos. A la hora de la verdad, el índice MerVal cedió 6,58%, cerrando en 362,34 puntos, acumulando –en dos jornadas- un negativo 6,36%. Los papeles de la generadora eléctrica Central Costanera quedaron solos en la marabunta de pérdidas, al exhibir un positivo 2,50%.
Al frente del lote derrotado estuvieron los títulos del español BBVA –13,55%- arropado por los pertenecientes a la automotriz de origen galo Renault, con 10,00% de depreciación. Respecto de las empresas peninsulares, que operan en el parque argentino, la energética Repsol siguió el camino del banco citado, mostrando un apagón del 3,90%. Al margen de esta mala rueda quedaron el grupo Telefónica y el BSCH, puesto que sus cotizaciones se mantuvieron sin variaciones. Dable es destacar que el SCH no opera desde comienzos de abril.
En el campo del tipo de cambio, el peso argentino consiguió recuperar un poco de oxígeno, tras el ahogo de anteayer. La divisa se ofreció, en su media, en las casas de cambio porteña a 2,75 para la compra y 16 centavos más en la modalidad vendedora. La intervención del Banco Central y las significativas órdenes de venta de los bancos le otorgaron un alto grado de liquidez a la plaza cambiaria.
Por otra parte, los consumidores recibieron –este martes- un nuevo mazazo. El Ministerio de Economía, a cargo del tecnócrata Jorge Remes Lenicov, autorizó un incremento –del que no se conoce el porcentaje- en las tarifas de gas por red y en el servicio eléctrico, aumento que obedece a razones estacionales pese a que desde comienzos de año el tarifario de los servicios públicos, privados todos, quedó congelado por 180 días. Plazo en el cual el Ejecutivo deberá negociar con los operadores de los servicios públicos, en su mayoría de capitales europeos, un reacomodamiento tarifario ya que, según adujeron los empresarios, la devaluación del peso –llevada a cabo en enero de 2002- afectó la compra de insumos para los servicios que brindan.
Una vez más, ya hemos perdido la cuenta, los empresarios le torcieron el brazo a un Gobierno débil. Duhalde y su elenco creen que accediendo a las exigencias apaciguará las enturbiadas aguas. Empero, la nueva alza, que viene a sumarse a los diarios aumentos en los productos de la canasta (cesta) familiar terminará siendo un boomerang.
Tanto ayer como el lunes, las dirigencias de las dos CGT, la «rebelde» liderada por Hugo Moyano y la «oficial» acaudillada por Rodolfo Daer, en sus audiencias con Duhalde le pidieron un aumento para los haberes de los empleados estatales. Por toda respuesta, Remes Lenicov aseguró que «el sector público no puede ni pensar en aumentos de salarios». Respecto al sector privado, afirmó que «habrá empresas que podrán darlos pero, desgraciadamente, en aras del bienestar general y del sostenimiento del conjunto de las empresas, no podemos hacer un planteo integral, como una resolución que englobe al conjunto de los trabajadores».
Si fuera cierto que los funcionarios piensan en el «bienestar general» de la población otra debería ser la política económica. Arrodillados como han estado los gobiernos, todos pero en especial los del peronista Carlos Saúl Menem, su sucesor el radical Fernando de la Rúa y el presente del doctor Duhalde quienes tendrán aquilatada su calidad de vida son los acreedores externos. La administración duhaldista espera que el FMI gire –no más allá de finales de mayo- 9 mil millones de dólares. Dinero que no será la inyección necesaria para que la enferma economía doméstica, en recesión desde julio de 1998, se recupere y pueda caminar.
Alberto Bastia
