El señor Presidente, al igual que los gobernantes que le antecedieron, también exigió (y esto es de conocimiento público) que los diálogos y la negociación se desarrollaran en medio de la guerra. Sin tener en cuenta esa particularidad, el 20 de febrero el propio Jefe del Estado de forma unilateral determinó la ruptura definitiva de las conversaciones y la cancelación de la zona desmilitarizada convenida por las dos partes, pretextando el desvío de un avión y la retención de un congresista.
En el curso de los tres años y medio de diálogo, fuimos para el actual Gobierno dignos interlocutores políticos y reconocidos nacional e internacionalmente como la oposición política armada al régimen gobernante, pero una vez decidida la liquidación de las conversaciones por parte del Gobierno, este determina declararnos «terroristas». Con lo que pretende impedir a las mayorías de nuestra patria hacer realidad los deseos de Paz definitiva y duradera con Justicia Social, mediante una salida incruenta y a mediano plazo, para beneficio de mas de 30 millones de colombianos que viven en la pobreza y cada vez más se acercan a la línea de la miseria.
Afortunadamente su embajador conoció nuestra permanente disposición a discutir las propuestas políticas, económicas y sociales contenidas en la Plataforma de los 10 puntos de nuestra organización insurgente, los que sirvieron de base para la elaboración de la Agenda Común por el Cambio hacia la Nueva Colombia, firmada por las dos partes en la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación. Así como la propuesta presentada en la Mesa por las FARC-EP, de subsidiar transitoriamente a los desempleados, mientras se buscaba el consenso para firmar el acuerdo referido a erradicar gradualmente el desempleo. Iniciativas que constituyen indiscutible prueba y reconocimiento por parte del propio Gobierno sobre las desigualdades sociales generadoras de conflicto social y armado que vivimos los colombianos, de imprescindible solución para el logro de los objetivos de la verdadera Paz, lo que evidencia el carácter político de las FARC-EP.
Igualmente su embajador y el señor Pierre Gortar, al haber participado en la Audiencia Pública Internacional sobre cultivos ilícitos y medio ambiente, en el mes de julio del año 2000, son testigos de la propuesta presentada por las FARC-EP al Gobierno Nacional de desmilitarizar Cartagena del Chairá para convertirla en municipio piloto de la sustitución de cultivos ilícitos. Conocieron también las propuestas de los campesinos dueños de los cultivos ilícitos, todos dispuestos a contribuir a la solución de dicho problema. Sobre nuestra propuesta nunca tuvimos respuesta de parte del Gobierno. En el mismo año se hizo pública la propuesta de un Pleno del Estado Mayor Central de las FARC-EP de legalizar las drogas, con el objetivo de aportar elementos concretos de solución definitivos al fenómeno del tráfico de alucinógenos a nivel global. De esta propuesta tampoco hubo respuesta oficial del Gobierno, porque dejaría de recibir millonarios recursos del Plan Colombia y no tendría como justificar la guerra que hoy lidera contra el pueblo y sus organizaciones, pretextando el combate al narcotráfico y al «terrorismo», ni podrían sindicar a las FARC-EP de participar del tráfico de drogas.
El Gobierno del señor Pastrana nunca tuvo una política de Paz sino una verdadera estrategia de guerra contra el pueblo y sus organizaciones populares. Para lo cual se apoyó en la política paramilitar del Estado, estimulada y alimentada con los recursos provenientes del intervencionista Plan Colombia, proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos. Todo lo anterior sin excluir la responsabilidad que también tienen los candidatos presidenciales del bipartidismo liberal-consevador: Uribe Vélez, Horacio Serpa y Nohemí Sanín; sectores del empresariado, de la iglesia católica colombiana, de las Fuerzas Militares, de policía y los principales medios de comunicación.
Durante las conversaciones el propio presidente Pastrana, en foros nacionales e internacionales, defendió el carácter político de las FARC-EP y apenas él rompió los diálogos convierte por arte de magia, a las mismas FARC-EP, en «terroristas»; como si el carácter político de nuestra organización dependiera del estado emocional del gobernante de turno, y no de 38 años de lucha por conquistar cambios en las estructuras del Estado y en las esferas políticas, económicas y sociales de nuestro país.
Consideramos que la neutralidad, e independencia en la toma de decisiones y la sensatez que siempre ha caracterizado a sus gobernantes, es suficiente para no dejarse arrastrar por la miope y calumniosa campaña orquestada en el exterior por el Gobierno Pastrana contra las FARC-EP, cumpliendo de manera sumisa las ordenes del Presidente Bush, quien a partir de los hechos del 11 de septiembre, dividió al mundo en amigos y enemigos, partiendo únicamente de los intereses imperiales de los Estados Unidos de América.
Las FARC-EP, aprovechan una vez más para reiterarles en nombre del pueblo colombiano sus sinceros agradecimientos, por los invaluables servicios prestados en el esfuerzo mancomunado que hicimos para encontrar una salida política al conflicto social y armado que desangra nuestro país. Quisiéramos estar seguros que aún conservan esa disponibilidad para cuando las circunstancias así lo ameriten.
Las FARC-EP, sin pausa ni desmayo, continuarán hoy, al igual que ayer, su invariable política de buscar los diálogos hacia la Paz con Justicia Social, utilizando las únicas formas de lucha que el actual régimen les ha impuesto, hasta conquistar una sociedad con Justicia Social donde se respete nuestra soberanía y reine la armonía en las relaciones con todos los países, fundamentada en la libre autodeterminación de los pueblos.
Att,
Raúl Reyes
Jefe de la Comisión Internacional de las FARC-EP
Montañas de Colombia
