Ninguna de estas aseveraciones parecen hoy descabelladas, ya que los propios embajadores de Estados Unidos y España, Charles Shapiro (quien antes manejó el escritorio Cuba en el Departamento de Estado) y Manuel Viturro, se reunieron con el presidente de facto Pedro Carmona, después que éste disolviera la Asamblea y las principales instituciones.
De acuerdo con investigaciones privadas, una de las consecuencias del golpe era la desnacionalización del petróleo: privatización de Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), para dejarlas en mano de una empresa estadounidense ligada al presidente George Bush y a la Repsol española, venta de la filial estadounidense de Pdvsa, Citgo, a Gustavo Cisneros y sus socios estadounidenses, y fin de la reserva del Estado venezolano sobre el subsuelo.
Para ello había que desconocer la Constitución de 1999 y aprovecharse del conflicto en la empresa estatal, donde la alta gerencia jugó de acuerdo con las directivas enviadas desde el Norte por su ex presidente, Luis Giusti. Y para ello se contaba asimismo con la activa participación en el golpe y en el financiamiento del mismo del empresario Isaac Pérez Recao, del cual Carm,ona era empleado en la petrolera Venoco.
Una alta fuente militar amplió a la agencia France Presse lo que ya había publicado la prensa local: que Pérez Recao ordenaba a un pequeño grupo “extremista de derecha, estaba fuertemente armado, incluso con fusiles lanzagranadas, (…) bajo la conducción operacional del contralmirante Carlos Molina Tamayo”, uno de los oficiales que ya se había rebelado públicamente contra Chávez en febrero pasado, y que ya estaba a cargo de la Casa Militar de Carmona. Según la fuente, este grupo “pertenecía a una empresa de seguridad, propiedad de ex agentes del Mossad” (servicios israelíes de seguridad, terrorismo y espionaje), lo que no significaría que Israel estuviera implicada en el complot.
La agencia privada de inteligencia estadounidense Stratfor denunció que la central de inteligencia CIA “tenía conocimiento de los planes (golpistas), e incluso pudo haber apoyado a los civiles y oficiales militares de extrema derecha que intentaron, sin éxito, apoderarse del gobierno interino”, tras citar a militantes del Opus Dei y a oficiales vinculados con el general retirado Rubén Pérez Pérez –yerno del ex presidente Rafael Caldera- como participantes en el golpe.
La intervención de los estadounidenses no solamente estuvo en los “consejos” de altos funcionarios en Washington, como Rogelio Pardo-Maurer –a cargo de operaciones especiales y conflictos de baja intensidad en Latinoamérica en el Pentágono-, Otto Reich y/o John Maisto, sino que el teniente coronel James Rodger, adscrito a la agregaduría militar de la embajada de EEUU en Caracas, secundó con su presencia la sublevación, instalado en el quinto piso de la Comandancia del Ejército, desde donde asesoró a los generales sublevados.
Reich, encargado de los asuntos latinoamericanos en el Departamento de Estado, afirmó que habló “dos o tres veces” durante el golpe con Gustavo Cisneros, compañero de pesca de altura del ex presidente George Bush y máxima cabeza de un imperio empresarial que se extiende desde Estados Unidos a la Patagonia (DirectTV, Venevisión, Coca Cola, Televisa). Dijo a la revista norteamericana Newsweek que sólo buscaba información, no alentar o dirigir a los organizadores. “No tuvimos absolutamente nada que ver con eso”, añadió.
En Venevisión se reunieron los golpistas la tarde del golpe, entre ellos Carmona. “Ese gobierno fue armado en las oficinas de Gustavo Cisneros”, dijo el diputado opositor Pedro Pablo Alcántara (Acción Democrática), quien se hiciera famoso por ser uno de los censores enviados a la prensa por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Quien leyó el decreto de Carmona y fue nombrado Procurador General por éste, Daniel Romero, fue sindicado como secretario privado de Pérez y funcionario de la Organización Cisneros.
Cabe recordar, asimismo, que el mismo ex presidente habló con Pérez varias veces durante las escasas horas como dictador.
La repercusiones del frustrado golpe comenzaron en Washington y amenazan con convertirse en el primer escándalo público de la administración Bush en política exterior. No se descarta que el comité de Relaciones Exteriores del senado estadounidense ordene la requisa de documentos que detallen contactos de ciudadanos venezolanos –como el ex presidente de la estatal petrolera Pdvsa, Luis Giusti- con funcionarios estadounidenses del más alto nivel civil y militar.
Después que el gobierno plutocrático de Carmona disolviera la Asamblea Nacional y desconociera la Constitución, tras comprobar el malestar producido entre los Jefes de Estado del Grupo de Río reunido en Costa Rica, en buena parte del generalato y en la oposición civil a Chávez, se recomienza a hablar de una junta de gobierno pluralista, que respetara la vigencia del Congreso, gobernadores y alcaldes.
Numerosas llamadas se realizaron entre la noche del viernes y el mediodía del sábado entre Caracas y Washington. Desde el Pentágono se le comunica al general Efraín Vásquez, principal mando durante la breve interinidad de Carmona, el cumplimiento de una serie de puntos, que son transmitidos en la capital estadounidense por funcionarios del Departamento de Estado al encargado de negocios de Venezuela, Luis Herrera Marcano, a Carmona por el propio Shapiro y a los mandos castrenses por el coronel Harkins, también asentado en la delegación de EEUU en Caracas.
En su huída del palacio de Miraflores, los golpistas dejaron un suntuoso almuerzo sin servir y varios documentos en el despacho presidencial. Uno de ellos, enviado por Luis Herrera Marcano a quien sin duda era el enlace de los golpistas con el gobierno estadounidenses, el contralmirante Molina Tamayo (comunicación Nº 913, extrañamente con el membrete de Embajada de Venezuela y no de la República Bolivariana de Venezuela), que dice textualmente:
“En la mañana de hoy se comunicó telefónicamente conmigo el Señor Phillip Chicola, del Departamento de Estado, para pedirme que comunicara urgentemente al Gobierno Venezolano los siguientes puntos de vista del Gobierno de Estados Unidos:
1.- Dado que los Estados Unidos suscribieron y apoyan la plena vigencia de la Carta Democrática Interamericana, que condena cualquier ruptura de la legalidad constitucional, es necesario que la transición que está operando actualmente en Venezuela, que comprenden y con la cual simpatizan, conserva las formas constitucionales.
A ese fin consideran indispensable que se logre la aprobación de la Asamblea Nacional a la renuncia del Presidente Chávez y que, de haber recurso al Tribunal Supremo, éste también se pronuncie afirmativamente. El señor Chicola dejó muy claro que no se trataba de una imposición, sino antes bien de una exhortación a facilitarles a ellos dar formalmente el apoyo a las nuevas autoridades. Indicó que no solamente estaban obligados por las disposiciones de la Carta Democrática, sino que también estaban sometidos a normas legales que les obligan a dar cuenta al Congreso de cualquier interrupción en la legalidad constitucional de un país del Continente y, eventualmente, a suspender todas las actividades de cooperación.
2.- En este mismo orden de cosas sugirió el Señor Chicola que el nuevo Gobierno dirigiera cuanto antes una comunicación al Gobierno de Estados Unidos en la cual se expresara formalmente el compromiso de llamar a elecciones en un plazo razonable, indicando que en esas elecciones serían bienvenidos los observadores de la OEA.
3.- Indicó igualmente que era de gran importancia que se les hiciera llegar una copia de la renuncia firmada por el Presidente Chávez.
4.- Finalmente señaló su esperanza de que fuera prontamente subsistuído el actual Representante Permanente de Venezuela ante la OEA. Insistió en que se trataba de una sugerencia amistosa, en bien de Venezuela, y no una declaratoria de “persona non grata”.
Finalmente expresó el señor Chicola que este mismo mensaje sería transmitido por el Embajador de Estados Unidos en Venezuela”.
¿Injerencia? ¿Sugerencias?
Por el lado español la algarabía no la pudo disimular ni el canciller Josep Piqué ni los funcionarios de la embajada en Caracas. Algunos empresarios españoles que se llevan mejor con Chávez que con la embajada, afirmaban que hubo un pozo de 500 millones de bolívares (poco más de medio millón de dólares) para cofinanciar la huelga general y el golpe, con dinero de grandes consorcios como Repsol y bancos, pero nada de esto ha sido posible confirmarlo.
EL EXCREMENTO DEL DIABLO
A veces uno se sorprende de la enorme sabiduría de los aborígenes: los indígenas de los alrededores del lago de Maracaibo llamaban “excremento del diablo” al petróleo.
No cabe dudas que hay algo que preocupa a los países centrales: de los tres negocios más lucrativos en el mundo -narcotráfico, armas e hidrocarburos-, sólo el último es en parte controlado por países en desarrollo, pero de él depende en su totalidad el destino del llamado Primer Mundo. La batalla está entablada y los países centrales y sus empresas trasnacionales están dispuestas a quedarse con el dominio de las reservas energéticas. Bombardean Afganistán, amenazan a Iraq e intentan golpear a Venezuela, para tratar de quebrar a la estatal petrolera y apoderarse de sus reservas.
Hasta hace muy poco, la estatal Petróleos de Venezuela era para los venezolanos un ícono incuestionable, pero en los últimos meses la caída de una serie de mitos sobre desempeño, rendimiento y eficiencia de la principal industria del país, puso en el tapete un rosario de problemas en las reglas de funcionamiento de la corporación y dejó al descubierto que la realidad de la empresa era “el secreto mejor guardado del Caribe”, como reza un promocional turístico de Venezuela.
El triunfo de la asonada empresarial-militar hubiera significado un golpe tremendo a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en el seno de la cual Venezuela ha jugado un papel de cohesionador. Hubiera sido el final del abastecimiento de petróleo preferencial no sólo a Cuba, sino a otros 18 países de Centroamérica y el Caribe. Hubiera sido un fuerte golpe al Grupo de los 77+China, que preside Venezuela, y que comienza a rearmarse en el escenario mundial para impedir la imposición de las recetas del FMI y del Banco Mundial. Hubiera significado la luz verde definitiva al Plan Colombia, y también una nueva frustración para el largo camino de Lula da Silva hacia el gobierno.
Aram
