Las razones de esta determinación del consejo directivo se fundan los problemas expuestos por dirigentes llegados desde casi todo el mapa agrícola del país. Una de las cuestiones es el endeudamiento sectorial. El vencimiento del plazo de suspensión de ejecuciones pone en alto riesgo a gran parte de la franja más poblada del campo argentino: los pequeños y medianos productores. Si bien, se sostuvo, hubo algún alivió por anuncios recientes del Banco de la Nación y el mantenimiento de una reunión con representantes del mismo que mostraron favorable disposición, se estimó que el riesgo de ejecuciones sigue siendo muy alto; en tanto, lo es mucho más para quienes tienen deudas con otras entidades financieras. Y la inquietud no es menor. Están en juego 12 millones de hectáreas y el destino de miles de familias agrarias.
Agrava la situación el reciente acuerdo con el FMI que, entre otras imposiciones, incluye la posibilidad meter una cabeza de playa en la banca pública para iniciar su copamiento por parte del sector privado.
Pero no es ésta solamente la cuestión que lleva al estado de protesta. Con posiciones muy fuertes, los representantes de las economías extrapampeanas marcaron la gravedad de su situación. El deterioro económico y financiero de estos productores sigue sin encontrar piso. La devaluación que favoreció a otras áreas de producción -seguramente en forma efímera al no haber políticas que consoliden esa panorama para aquellas es casi la estocada final, ya que dependen en gran medida del deprimido mercado interno.
También incidió en la decisión un repaso de las medidas que, tanto en el ámbito sectorial como nacional, se fueron conociendo en los últimos tiempos. Especialmente el ya mencionado acuerdo con el FMI que plantea decisiones profundamente adversas y que van desde la suspensión de ejecuciones de deudores a las que tienen que ver con la política tributaria, pasando por el aumento de los servicios y otras. En síntesis, que tienden a ampliar en empobrecimiento de la población en general mediante un nuevo ajuste económico. Del mismo modo, se hizo alusión a la diversidad e inconsistencia de decisiones de gobierno, lo que fue considerado como un intolerable manoseo al sector agropecuario y al conjunto de los argentinos. Se sostuvo que en el breve lapso de gestión que le queda al gobierno, lo menos que se le puede reclamar es que no agrave las circunstancias actuales con medidas como las apuntadas.
En este marco, la protesta de la Federación Agraria Argentina está en marcha. Comenzará con las citadas asambleas de productores para avanzar luego en otras determinaciones gremiales si el esquema de política sectorial no tiene un claro vuelco en función de los problemas del sector y del país.
