En la carta enviada al juez Garzón, Unidad cubana explica que se trata de la explotación del obrero cubano por parte del gobierno comunista, al que los inversionistas españoles le entregan el sueldo de los trabajadores en dólares sabiendo que el régimen les pagará en pesos.Dado el tipo de cambio imperante, equivale a una confiscación de casi 80% del salario.
«Esos trabajadores, que carecen de toda protección laboral, pues en Cuba no existen sindicatos independientes y mucho menos derecho a la huelga, son a todos los efectos prácticos, trabajadores esclavos, siervos que el régimen castrista alquila a los inversionistas extranjeros, como en épocas pasadas se alquilaba una dotación de esclavos», asevera la Unidad Cubana.
En la conferencia de prensa, Permuy añadió que esos empresarios españoles consienten y se acomodan a otras prácticas discriminatorias del régimen castrista, como las que prohibe a los cubanos residentes en la isla el acceso a los centros turísticos construidos y administrados por empresas españolas, tales como Meliá y otros, en una forma de «apartheid» mucho peor que la que se practicó en Africa del Sur y que valió a ese país un embargo económico decretado por la ONU, pues discrimina a todos los cubanos, sea cual sea su raza u origen étnico.
Por lo anterior, y por conocer la preocupación del juez Garzón por investigar acusaciones de violaciones de derechos humanos en regiones tan geográficamente distantes de España como Chile y Argentina, solicitan del magistrado una investigación de los hechos referidos y una actuación correspondiente. Copia de la carta fue entregada a José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), solicitándole que «se solidarecen con la denuncia contra la explotación de los trabajadores cubanos por parte de empresarios españoles».
El jurista cubano Luis A. Figueroa, director de Unidad Cubana, dijo que iniciativas similares podrán ser impulsadas contra empresarios de países como Canadá, Italia, Francia y Brasil, que junto con España poseen las mayores inversiones en la isla-cárcel y también se benefician de la mano de obra «esclava». Figueroa censuró también el intercambio comercial de empresarios norteamericanos con el régimen cubano, explicando que tal como lo han demostrado entidades humanitarias como Pax Christi, el comercio con Cuba sólo ha servido para consolidar en el poder a las autoridades comunistas.
