Las disposiciones recientes adoptadas por Colombia constituyen una reiteración de otras medidas restrictivas similares aplicadas en los últimos años por dicho país, lo que llevó precisamente a la Secretaría General a presentar en septiembre de 2004 una demanda, que se cursa actualmente en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con miras a evitar perjuicios graves al comercio intracomunitario.
El Secretario General destacó que, como resultado de la demanda de la Secretaría, el Tribunal ordenó en su momento la suspensión provisional de una medida que había adoptado el gobierno colombiano en agosto de 2004, de similar alcance al Decreto 1141 de 2005.
Al igual que en los demás casos en que se han adoptado medidas restrictivas incompatibles con el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, la Secretaría General está recurriendo al Tribunal Andino de Justicia y está convocando, al mismo tiempo, a las autoridades competentes en materia de comercio agropecuario para encontrar soluciones prontas y efectivas a los problemas que aquejan al intercambio de la cadena de oleaginosas en el mercado andino.
