De aplicarse la propuesta comunicada a las entidades, éstas denuncian que se producirá una drástica caída en la percepción de los derechos, que sólo beneficiaría a las industrias fabricantes de equipos, aparatos y soportes, que aumentarían sus márgenes de beneficio. Estas industrias, y no los consumidores, serían los verdaderamente beneficiados de hacerse realidad la propuesta.
Las entidades audiovisuales anuncian que es inaceptable y arbitraria una reducción de sus derechos en una sociedad en la que, día a día, la industria tecnológica comercializa equipos, aparatos y soportes que permiten realizar masivamente copias de obras audiovisuales, y denuncian el trato discriminatorio del que es objeto la industria de la creación de contenidos audiovisuales, generadora de empleo nacional.
Por otra parte, las entidades audiovisuales entienden que se debe valorar convenientemente el daño que tal propuesta generaría tanto a sus asociados como al resto de titulares de derechos audiovisuales socios de otras entidades de gestión, todos ellos gravemente perjudicados por la propuesta y recuerdan que la compensación por copia privada digital debe ser fijada sin olvidar que las cuantías determinadas en el año 1992 han quedado obsoletas.
Igualmente, AISGE, DAMA y EGEDA anuncian, si se hace efectiva la propuesta, la supresión o recorte de las múltiples ayudas asistenciales y promocionales que vienen desarrollándose a favor de sus asociados entre las que se hallan las ayudas médicas y complementos de pensiones, promoción de festivales, mercados, escuelas de Cine, fomento de los proyectos de distribución de Cine a través de la red y otras muchas.
