Consideramos que la implantación de sistemas automáticos para controlar el cumplimiento de las normas de tráfico, y la eficacia y rapidez en la inmediata penalización de infracciones podrán agilizar los trámites sancionadores, pero en ningún momento educar y ayudar a al automovilsita a conocer el riesgo de la imprudencia y del incumplimiento de la norma. No se puede obviar que pese a todo, el procedimiento sancionador establece unas obligaciones por parte de la Administración, y entre ellas está la de motivar el razonamiento de sus resoluciones.
CEA también cuestiona el afán recaudatorio que el automovilista pueda ver en este futuro sistema, ya que sólo se van a detectar las infracciones en aquellas vías en las que haya unas posiblidades técnicas de implantación de sistemas de control electrónicos, y sin embargo en las vías de mayor siniestraldiad (carreteras convencionales) no se prevé ningún tipo de intervención.
Otra crítica al futuro procedimiento, es que vulnera el principio de la ley que establece la notificación en el acto por parte del agente, además de restarle el carácter pedagógico que tiene la notificación por parte de la autoridad.
Desde CEA entendemos que las infracciones del tráfico no son la solución a los problemas de la alta siniestralidad del tráfico, pero sí aceptamos que la represión policial, aunque no nos guste, es un elemento eficaz en la prevención vial. Lo que sí debe tener en cuenta la Administración, es que utilizar una simple multa por sí sola para criminalizar conductas o comportamientos de los conductores hace que el sistema quede cojo, y que estos simplemente vean un sistema represivo y recaudatorio en vez de fórmulas educativas.
Somos conscientes de que la vía administrativa puede dar solución a muchas conductas irregulares de la conducción, siempre que dichas normas se apliquen con el rigor y con la eficacia debida. Pero, ¿quién ayuda al conductor a corregir las conductas que atentan contra la seguridad del tráfico? Sabemos que la responsabilidad es del conductor, pero ¿qué modelos europeos con baja siniestralidad podrían ser también aplicables por nuestra Administración para educar y concienciar?. Parece que sólo nos fijamos en otros "modelos" cuando se trata de sancionar y reprimir al conductor, pero nunca para aportar soluciones y llegar así a la raíz del problema.
Para CEA, la excesiva criminalización de conductas puede provocar una vanalización de la respuesta punitiva, y la consiguiente pérdida del mensaje simbólico que ha de tener la norma represiva.
Y es más, también consideramos que el Gobierno no puede dejar de lado sus funciones y pretender así trasladar al ciudadano toda la responsabilidad, criminalizando todos sus comportamientos como conductor. Lo que debe hacer es darle todas las oportunidades necesarias para evitar llegar a situaciones de reproche, y ello pasa por incluir y desarrollar planes de educación vial, procurar una máxima difusión de las conductas que favorecen la seguridad vial, y velar por una continua formación de los conductores. Hasta la fecha nada se ha hecho al respecto, como conjunto de medidas eficaces pensadas a largo plazo, y ya va siendo hora de hacerlo.
Desde CEA invitamos al presidente del Gobierno y a los responsables de Interior y de Educación a que, considerando que el conjunto de medidas que están adoptando está teniendo un notable impacto mediático en la sociedad, y que los resultados positivos probablemente se seguirán viendo a medio y largo plazo, marquen una estrategia de lucha contra los accidentes de tráfico desde un marco coherente que vincule al sistema represivo con el formativo.
¿Qué ha dicho el Gobierno?
* Las denuncias se tramitarán sin intervención de los agentes y durante los 365 días del año.
* En ocho meses la más avanzada tecnología vigilará el cumplimiento de la normativa de tráfico.
* El centro de ámbito nacional dará respuesta de forma ágil, eficaz y eficiente a las necesidades derivadas de la implantación de los sistemas automáticos de detección y control de las infracciones.
* El Centro de tratamiento de Denuncias Automáticas es un sistema de control de la seguridad vial en el que "la informática y las telecomunicaciones" se ponen al servicio de la prevención de accidentes de tráfico, para penalizar de manera "inmediata" a los infractores.
* Hasta ahora la información que llega de los radares iba a cada Jefatura provincial, de quien dependía su tramitación, y ahora irán directamente al centro de León.
* Alcanzará la cifra de cuatro millones de denuncias al año.
* Inversión de 45 millones de euros, contará con una plantilla de 120 personas que trabajarán en dos turnos los siete días de la semana y en los primeros 18 meses de funcionamiento.
* "En un próximo futuro veremos la implantación de sistemas automáticos para controlar las velocidades medias en tramos de carretera, el control de la distancia de seguridad entre vehículos y vigilar la disciplina de los conductores en los semáforos o en las señales de stop".
* A finales del presente año habrá un total de 300 radares fijos.
