Más de 500 representantes de 122 Gobiernos, así como organizaciones de la sociedad civil y supervivientes de las bombas de racimo procedentes de 38 países, se reunieron del 18 al 22 de febrero en Nueva Zelanda para participar en el penúltimo encuentro del Proceso de Oslo.
Después de intensas discusiones hubo un amplio acuerdo sobre el texto de los artículos que se refieren a la asistencia a las víctimas, limpieza de áreas contaminadas por submuniciones sin detonar y destrucción de arsenales. Las propuestas de algunos países, especialmente europeos, que pretendían “diluir” el texto e introducir excepciones a la prohibición, no fueron aceptadas. Y, aunque serán discutidas de nuevo en Dublín, el texto final del borrador no las incorpora.
Los Estados que ahora o en el pasado han usado, producido y almacenado bombas de racimo, y que han suscrito la Declaración de Wellington, deben mostrar la voluntad política de negociar este Tratado, para prevenir más muertes de civiles y asistir a las víctimas en las décadas futuras.
Los asuntos más polémicos y discutidos son posibles excepciones al Tratado para algunos tipos de bombas de racimo (con determinadas características técnicas); periodos de transición en los que, aunque hayan sido prohibidas, todavía podrían utilizarse; y el uso de bombas de racimo en operaciones militares realizadas conjuntamente con países que no sean parte del Tratado. Otro asunto controvertido es la responsabilidad de países que han usado en el pasado bombas de racimo de ayudar a su limpieza y retirada.
Para la CMC Barcelona y Greenpeace la situación está clara: las bombas de racimo ya no tienen sentido. Se trata de un arma propia de la Guerra Fría, diseñada para utilizarse contra columnas blindadas del Pacto de Varsovia en las llanuras centroeuropeas. Pero, cuando se usan en los campos de olivos del sur de Líbano, y en los abarrotados suburbios de Basora, de forma inevitable matan civiles, además de que no suponen una ventaja militar.
Durante la semana, los países en vías de desarrollo han expresado de forma rotunda su apoyo a un Tratado que prohíba todas las bombas de racimo. Estados como Laos, Líbano, Indonesia y Nigeria han reclamado un Tratado lo más fuerte posible, sin excepciones por razones técnicas que ellos nunca serán capaces de cumplir. Las preocupaciones y dudas expresadas por una minoría de Estados, especialmente los europeos, han sido recopilados en un documento adjunto que será discutido en Dublín, pero que sin duda no tiene el mismo peso que el texto del Tratado.
La CMC Barcelona y Greenpeace felicitan al Gobierno español por haber firmado la Declaración de Wellington. éste es un paso positivo, que está en consonancia con su compromiso de apoyar todas las iniciativas dirigidas a la prohibición de las bombas de racimo (expresado en el texto de la Ley de Comercio de Armas, aprobada el pasado mes de diciembre).
Sin embargo, la insistencia de la delegación española en la necesidad de consenso, y de que se tengan en cuenta las preocupaciones de algunos países en relación a excepciones, etc., son un motivo de preocupación, ya que es un retroceso respecto a su postura en la última cumbre de Viena. Apelamos al Gobierno español a apoyar un Tratado sin excepción alguna, y a dar prioridad a las consecuencias humanitarias de este tipo de armas.
