Estos datos se extraen de un informe elaborado por Grupo Paradell Consultores Detectives Privados y Consultoría de Riesgos, que determina un incremento general de los delitos informáticos en las empresas españolas. El estudio fue presentado el pasado mes de diciembre en el marco de las Jornadas para la crisis Económica en la Microempresa Española, organizadas por AEMME.
Según el estudio, en la actualidad el 92% de las investigaciones por fraudes a nivel corporativo contienen evidencias o pruebas electrónicas. El estudio se ha basado en las aproximadamente 4.000 investigaciones anuales que realiza a nivel nacional Grupo Paradell Consultores, especialistas en prevención y detección de fraude corporativo. El 27% de estas investigaciones (1.059 investigaciones) corresponden a este tipo de fraude.
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Por lo que respecta a las pérdidas económicas que supone para las empresas, en el 83% de investigaciones por fraude corporativo se estimaron unas pérdidas de entre 15.000 y 300.000 euros, y en casos extremos se llegó incluso a superar el millón de euros. Con respecto a la facturación de la empresa, en el 73% de las investigaciones el importe del fraude suponía unas pérdidas de entre el 3% y el 15% de la facturación total de la organización. A todo esto hay que añadir los daños no tangibles como el desgaste de la imagen corporativa, pérdida de competitividad, etc. Pero lo más significativo es que en un 7% de los casos las organizaciones han tenido graves problemas de viabilidad llegando incluso, en ocasiones, a provocar el cese de la actividad.
La tipología de fraude que más ha aumentado (casi un 60% con respecto al año anterior, 2007) es el relacionado con la fuga de información de carácter confidencial. Cerca del 80% de este tipo de fraudes es cometido por personal interno con acceso autorizado a los datos: mandos intermedios (27%), personal externo a la organización (23%), extrabajadores (17%), equipo directivo (14%), miembros Dpto. S.I. (12%) y otros colaboradores (7%).
A pesar de que se siguen cometiendo fraudes "a la vieja usanza", las nuevas tecnologías influyen cada vez más en los criminales y en su modus operandi. En la actualidad podemos hablar de cibercriminales, que utilizan las nuevas tecnologías para cometer los mismos fraudes de antaño: competencia desleal, espionaje industrial, fuga de datos o uso indebido de los sistemas informáticos. Por ejemplo, antes los empleados que realizaban una fuga de información robaban cajas de papel fuera del horario laboral para evitar ser descubiertos, ahora roban esta información copiándola en lápices USB o a través del correo electrónico, que resulta mucho más discreto y fácil de manejar. En consecuencia, las organizaciones deben adaptarse a esta nueva forma de cometer este tipo de delito.
La justicia ha evolucionado también en este sentido y en la actualidad la prueba electrónica es admitida en la gran mayoría de litigios. Según Grupo Paradell Consultores apenas un 5% de las pruebas electrónicas son rechazadas. Para su admisión es fundamental que la extracción y manipulación sea realizada por un experto en pruebas digitales que asegure que durante todo el proceso se respeta la legalidad vigente. Así mismo la elaboración y ratificación del dictamen pericial, estudio que realiza el perito digital ante los tribunales, puede ser determinante para la favorable resolución del litigio. Es fundamental que el perito sea capaz de hacer comprender a los no expertos los hechos encontrados y aportar luz al caso y no al contrario.
Para prevenir y/o investigar este tipo de delitos corporativos las agencias de detectives también deben ajustarse a esta situación gracias a equipos multidisciplinarios (detectives privados, economistas, peritos informáticos, etc.) ofreciendo un servicio integral de investigación privada y consultoría de riesgos que permita obtener información y pruebas que sirvan de apoyo en contenciosos judiciales. Los servicios van desde la realización de informes pre-judiciales para probar el contenido hasta la ratificación ante los Tribunales de Justicia.
