El ejecutivo de la aerolínea lowcost más cuestionada y sancionada de Europa -que llama “rescate” al simple oportunismo u oportunidad de negocio, llámenlo como quieran- insiste en que este gesto demuestra su compromiso con el turismo, con el tráfico de pasajeros y con el empleo en España. “Hemos puesto en marcha de manera inmediata un plan de rescate para minimizar el impacto del cierre de Spanair en los pasajeros, volumen de tráfico y el empleo”, argumenta, mientras publicita sus “tarifas especiales de rescate” que, insiste, “permitirán regresar a casa a muchos de los pasajeros de Spanair”.
Está claro que Ryanair no da puntada sin hilo. Aprovechándose de la crisis abierta por Spanair -un conflicto laboral, económico y de competencias que aún está por comenzarse a dilucidar- la irlandesa se ha hecho con las rutas Oviedo-Madrid, Oviedo-Barcelona; y quizás la incómoda posición de la Generalitat de Cataluña ante la bomba de relojería “Spanair”, cuya mecha ha prendido la retirada de la oferta de Qatar Airways, fuerce al ejecutivo a aceptar las condiciones impuestas por la que, sin ser la más ética, sí es la aerolínea más rentable del mundo. Y es que no hay nada mejor que saber moverse con destreza en el filo de la navaja de la legalidad, para alcanzar grandes cotas de rentabilidad.
El asunto es que la un tanto paranoica obsesión del gobierno catalán por poseer una aerolínea de bandera aún a costa de tener que subvencionarla hasta el punto de incumplir, presuntamente, con las leyes de la competencia, no gustó a Bruselas; y por supuesto tampoco a Qatar Airways, que rechazó la oferta de convertirse en socio industrial con el 49% de Spanair después de trece reuniones en las que los socios de Spanair y su principal accionista, la Generalitat, no consiguieron despejar las incertidumbres. Ferrán Soriano, presidente de Spanair y ex-viceresidente económico del FC Barcelona, ha anunciado que en breve la compañía aérea catalana entrará en concurso de acreedores por una deuda mayor a los 300 millones de euros.
A partir de ahora será la Generalitat la que deberá justificar el perjuicio económico que ha causado a los ciudadanos catalanes con este proyecto aéreo, y mientras tanto, las aves carroñeras ya han tomado posiciones. En noviembre de 2010, Inspección de Trabajo impuso a Ryanair una sanción de 6.251 euros porque la empresa no registraba a los trabajadores transnacionales, una infracción calificada como muy grave. Poco antes, el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial había denunciado también a la aerolínea irlandesa ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, solicitando que investigara la situación laboral y fiscal de sus empleados en España.
Entonces Ryanair aprovechó sus problemas con la ley para suprimir destinos como Palma de Mallorca, Granada o Zaragoza -que en realidad clausuraba por falta de rentabilidad-. Y es que a esta compañía nada se le pone por delante. Ni siquiera sus múltiples incidencias en seguridad. Ryanair tiene su propia ley y según ella actúa.
La quiebra de Spanair ha beneficiado a Vueling, cuyas acciones se han disparado un 25%, y el buen estado anímico de Michael Cawley, vicepresidente de Ryanair, predice buenas noticias para la irlandesa. Por otra parte el futuro de El Prat parece estar de momento en el Ministerio de Fomento -en Madrid- y no sería de extrañar que Ryanair tuviera algún “as” debajo de la manga que sirviera al Govern de comodín ante las presiones de la Villa y Corte. Todo está por ver.
Gema Castellano
