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Ante una primera fila de primer nivel, ocupada por el ministro de justicia, Rafael Català; el president de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont; el conseller de justicia, Carles Mundó; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús María Barrientos y la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat; Oriol Rusca, uno de los decanos más activistas a favor de los Derechos Humanos de la última década en el Icab, no utilizó en su discurso paños calientes, y tras advertir al colectivo de letrados que su objetivo debe ser siempre la defensa de los derechos y las libertades de las personas, entró en materia reivindicativa.
“El turno de oficio no es una operación mercantil más”, le argumenta Rusca al ministro Català, refiriéndose a la intención de la Dirección General de Tributos (DGT), de repercutir sobre los abogados del Turno de Oficio el pago del IVA en las actuaciones que realizan en el marco de la justicia gratuita. Sin duda, esta medida modificará la eficiencia de un sistema de Turno de Oficio que, según el decano del Icab, “ha demostrado su más que correcto funcionamiento”.
Oriol Rusca, para quién será el último “San Raimundo de Penyafort” como decano del Icab, alzó en su discurso la voz también a favor de los refugiados, un problema en el que ha implicado muy directamente durante todo su mandato a la institución.
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El ministro de Justicia, Rafael Català, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fueron tan previsibles en sus intervenciones como poco decepcionantes. Con el asunto de la unidad como bandera, Català inició su discurso emplazando a los abogados a defender el Estado de derecho, de la misma manera, dice, “que lo hace el Tribunal Constitucional y todos y cada uno de los miembros del poder judicial y de la fiscalía». “Ninguno de nosotros debería estar por encima de la ley”, insistió.
«Sin independencia judicial no hay justicia y si no hay justicia no puede haber respecto al Estado de derecho», le contestaba el president de la Generalitat Carles Puigdemont, mientras depositaba en los abogados la responsabilidad a “ayudar a superar problemas de legalidad que supongan abusos y que supriman derechos”. En este contexto se refirió a las cláusulas suelo, los desahucios, los derechos de los inmigrantes y refugiados, la libertad de expresión o el derecho de autodeterminación de los pueblos”.
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Puigdemont trasladó al ministro de justicia la preocupación de muchos sectores en torno al grado de independencia judicial en España y añadió que “harían bien todos los que tienen responsabilidad en preocuparse de este tema, porque sin independencia judicial no hay justicia, y si no hay justicia, no puede haber respeto al Estado de derecho”. El premier catalán no perdió la oportunidad de recriminar al ministro Català los 60 millones de euros que el gobierno de España recauda anualmente en Cataluña en concepto de tasas judiciales, por “un servicio que no presta” y de los que no retorna a su territorio «ni un euro. ¡Cero!».
A pesar de los enfrentamiento verbales, todos dentro del mejor tono, todos los interlocutores apostaron por el diálogo; diálogo que Madrid ha abierto con una mayor presencia en Cataluña, pero que no pasa por el “derecho a votar”.
Gema Castellano
@GemaCastellano
