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¿Quién debería decir ¡basta ya! a los políticos? Según el penalista y ex-decano del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), Oriol Rusca, es el Tribunal Constitucional quien debe poner límites a las intenciones políticas. Sin embargo, vemos casi cada día cómo se aprueban y se proponen leyes contrarias a los principios constitucionales y a los derechos que ésta defiende. La ley de Seguridad Ciudadana es una de ellas; quizás, la que más vulnera, según los expertos, los fundamentos de la Democracia. Tres años después de la Ley Mordaza, la libertad de expresión, entre otras, han resultado gravemente vulneradas.

No es un proceso fácil. El acosado o acosada, aunque suelen ser más mujeres que hombres, sufren un auténtico calvario que altera sus vidas y que ya contempla el Código Penal. Se llama Stalking o Cyberstalking, si éste se produce a través del uso de las nuevas tecnologías; y es un fenómeno creciente en la sociedad adulta. El art. 172 ter del Código Penal lo define como: “Conducta reiterada e intencionada de persecución obsesiva respecto de una persona, el objetivo, realizada en contra de su voluntad y que le crea aprensión o es susceptible de provocarle miedo razonablemente”.

Hay buena sintonía. A pesar del carácter “siempre crítico” -tal y como reconoció en su alocución Rafael Català, ministro de Justicia del gobierno de España- el actual decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca, y el Ministerio de Justicia mantienen la cordialidad y una línea directa de diálogo. No obstante, la sesión solemne del Colegio de la Abogacía de Barcelona, que conmemora cada año la festividad de San Raimundo de Penyafort, el patrón de los juristas, se convirtió en un cruce de reivindicaciones no sólo jurídicas, sino también políticas.

Después de haber pasado dos años de su aprobación en Consejo de Ministros, la Ley de Segunda Oportunidad sigue sin aplicarse de manera coherente en España. La desinformación de las familias, autónomos y pequeñas empresas a la hora de buscar solución a su “quiebra” en esta ley es muy alta, pero no es menos cierto que a los jueces les ha costado casi una década interiorizar que pueden y deben actuar. Según el magistrado Carlos Puigcerver, posiblemente el juez que más casos ha resuelto en España, “los jueces han tomado consciencia de que deben actuar, aunque nadie se lo pida”.

Pocos juristas se atreven con la indefensión de los jugadores “on line” de videojuegos, ante las decisiones unilaterales adoptadas por las plataformas de “banear” a un jugador. Cuando esto ocurre, el “gamer” afectado no solo pierde su reputación y posicionamiento en el juego, sino también toda la inversión extendida en el tiempo realizada en “ítems”, capacitaciones del personaje, armas etc; es decir, en un sin fin de mejoras para su personaje. Lo sorprendente es que las plataformas delegan la gestión de los servidores en jugadores a los que pretenden privilegiar por algún motivo; y a veces, estos administradores abusan de su poder.

Su negociación en el seno de la Unión Europea está sometido a un hermetismo tal, que solo unos pocos eurodiputados han tenido acceso a conocer algunos puntos de su contenido en una sala sometida a extremas medidas de seguridad, sin teléfonos móviles, sin bloc de apuntes, sin cámara de fotos e incluso sin bolígrafo. El Tratado TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership por sus siglas en inglés, deberá promover el intercambio de bienes, servicios e inversiones entre Europa y EEUU; pero el secretismo al que se ha sometido su negociación deja entrever que el TTIP va mucho más allá de las pautas de un simple tratado de libre comercio.

Es la pregunta clave. Y es que las últimas declaraciones de la Secretaria General del Partido Popular y Presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, al respecto de la corrupción, incumben, y mucho, a la sociedad española. “Está de moda decir que los políticos somos la inmundicia humana pero la corrupción es patrimonio de todos", afirma ante los micrófonos de una cadena de radio, y esta sentencia cae como una losa sobre una sociedad española maltrecha por años de crisis e insensibilidad política. ¿Es corrupta la sociedad española? Se lo hemos preguntado a Oriol Rusca, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB).