Pocos juristas se atreven con la indefensión de los jugadores “on line” de videojuegos, ante las decisiones unilaterales adoptadas por las plataformas de “banear” a un jugador. Cuando esto ocurre, el “gamer” afectado no solo pierde su reputación y posicionamiento en el juego, sino también toda la inversión extendida en el tiempo realizada en “ítems”, capacitaciones del personaje, armas etc; es decir, en un sin fin de mejoras para su personaje. Lo sorprendente es que las plataformas delegan la gestión de los servidores en jugadores a los que pretenden privilegiar por algún motivo; y a veces, estos administradores abusan de su poder.
Cierto es que no es generalizada la mala praxis, ya que los administradores de los servidores suelen ser personas conscientes de su responsabilidad, pero en un sector de la Industria del Entretenimiento que aglutina a cientos de millones de consumidores y espera incrementar el mercado de videojuegos en 2018 hasta los 26.022,78 millones de euros (Fuente: EAE Business School) -718 millones de euros solo en España- , las garantías de honestidad y de protección de los derechos del jugador deberían estar aseguradas por la propia plataforma y por una legislación internacional acorde con la importancia del negocio global.
Según datos de EAE Business School, “los tres mercados más importantes en el sector de los videojuegos en 2014 fueron EEUU, Japón y Reino Unido, con un volumen de negocio de 12.690, 3.345 y 2.856 millones de euros respectivamente”
Pero no hay nada más lejos de la realidad. Las Plataformas contratan sofisticados gabinetes jurídicos para que, sin traspasar la ley, redacten densos y larguísimos contratos sobre las normas de uso de los videojuegos y las responsabilidades de las partes; unos documentos legales que el jugador no lee e interioriza ni cuando adquiere el videojuego, ni a la hora de hacer inversiones en su cuenta.
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Existe incluso un “mercado negro” de cuentas baneadas, donde el fraude de la venta de estas cuentas retiradas supera ya lo tolerable y, por supuesto, la indignación de los jugadores tanto de videoconsolas como de ordenador. El 94,1% de los videojuegos que se venden en España son para videoconsola y el 5,9% restante corresponde a ordenadores.
No obstante, no cabe duda de que con estas prácticas deshonestas las plataformas entran en una clara “vulneración de los derechos de los consumidores”, nos advierte el jurista Alberto Cuesta Ureña, abogado y vocal de la Sección de Derecho Tecnológico del ICAB (Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona); aunque los usuarios pierden la paciencia intentando, ante un problema de “baneo”, contactar con una plataforma que jamás les responderá.
Hemos hablado con Alberto Cuesta. En esta entrevista que les ofrecemos en formato de vídeo/TV, el abogado nos plantea una realidad jurídica que los jugadores, en muchas ocasiones, ni siquiera saben que existe. “Tenemos clientes en el despacho que han perdido cifras que superan los 5.000 euros”, nos cuenta.
¡Escuchen!. Porque sus su inversión en ocio puede llevarlos a un infierno.
Gema Castellano
@GemaCastellano
