La Guardia Civil ha localizado treinta y dos perros muertos por inanición en una finca del municipio pacense de Azuaga, un hallazgo que ha derivado en la investigación del propietario por un presunto delito de abandono animal.
Según informaron fuentes del instituto armado, los animales llevaban abandonados desde el pasado mes de junio. Algunos se encontraban sueltos, otros atados con cadenas y varios en el interior de “boxes”. Todos presentaban un estado de extrema delgadez, sin acceso a agua ni comida, en unas condiciones de insalubridad severas que, finalmente, provocaron su fallecimiento. Las pesquisas apuntan a que, ante la falta total de alimento, algunos perros habrían intentado alimentarse de los cadáveres en avanzado estado de descomposición de otros animales ya muertos.
La actuación se inició la semana pasada, cuando una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) detectó indicios de que en la nave agrícola podrían encontrarse perros en grave estado de abandono. Tras realizar gestiones para identificar al titular de la propiedad, los agentes inspeccionaron las instalaciones en presencia del dueño, un vecino del mismo municipio.
Durante la inspección, fueron hallados los cuerpos de los 32 animales distribuidos por diferentes zonas de la finca, todos ellos con signos claros de desnutrición y abandono, y en diversos grados de descomposición.
Con las pruebas recabadas, el propietario está siendo investigado por un presunto delito de abandono animal con resultado de muerte, debido a la omisión de los cuidados básicos que exige la legislación vigente. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Llerena y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Badajoz, que serán los encargados de determinar las responsabilidades penales correspondientes.
En España, la Ley 7/2023, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, establece en su artículo 24 la obligación de proporcionar a los animales los cuidados necesarios para garantizar su bienestar, incluyendo alimentación adecuada, acceso a agua limpia y un entorno seguro y salubre. Asimismo, en Extremadura, la Ley 5/2002 de Protección de los Animales recoge que el abandono y la omisión de cuidados esenciales constituyen infracciones muy graves, sancionables con multas y penas que, en casos extremos como el presente, pueden derivar en responsabilidad penal.
El Código Penal español, en su artículo 340 bis, contempla penas de prisión de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para la tenencia de animales por periodos de dos a cinco años para quienes provoquen la muerte de un animal doméstico con ensañamiento o por abandono grave. Este marco jurídico será el que determine la calificación definitiva de los hechos y la posible condena del investigado.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2025). ChatGPT (versión 5, 9 de agosto). OpenAI)
