Un total de 162 mujeres víctimas de explotación sexual han sido liberadas en el marco de una operación conjunta llevada a cabo por la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera. La operación, desarrollada en siete provincias españolas, ha permitido también la detención de 37 personas, nueve de las cuales han ingresado ya en prisión provisional.
La investigación se inició tras la denuncia de tres mujeres que relataron haber sido explotadas sexualmente en distintos puntos del país. Las pesquisas permitieron identificar una organización criminal asentada principalmente en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante, aunque con actividad también en Barcelona, Málaga, Murcia y Tarragona.
El entramado se especializaba en la captación de mujeres, en su mayoría de origen sudamericano y en situación de vulnerabilidad, a quienes obligaban a ejercer la prostitución sin contar con permiso de residencia ni trabajo. La organización adquiría o alquilaba inmuebles, directamente o mediante sociedades pantalla, que reformaban para camuflar como locales de masajes. En realidad, eran prostíbulos donde las víctimas eran sometidas a condiciones degradantes.
Las mujeres eran forzadas a convivir y dormir en los mismos espacios donde se prestaban los servicios sexuales, en habitaciones mal ventiladas, con literas o incluso en la misma cama utilizada para los clientes. Solo podían salir dos horas al día en horario de mañana, y estaban vigiladas constantemente por encargadas que controlaban sus movimientos, atendían las llamadas de clientes, facilitaban estupefacientes si se solicitaban y rendían cuentas a niveles superiores de la organización.
Cada servicio prestado se repartía a partes iguales entre la organización y las víctimas, aunque estas podían ser sancionadas por diversos motivos, lo que reducía sus ingresos reales. Además, eran trasladadas de un local a otro en función de los intereses logísticos del grupo, dificultando su localización o posible fuga.
Los registros realizados permitieron verificar que el entramado criminal operaba de forma altamente estructurada en tres niveles. En el primero, los líderes, con vínculos familiares y sentimentales, eran los responsables del control financiero y la propiedad de los inmuebles. En el segundo escalón, se encontraban personas de confianza encargadas de la supervisión general, recaudación de beneficios y coordinación de las encargadas. Por último, el tercer nivel incluía a las encargadas de los prostíbulos, conductores, técnicos para las reformas y distribuidores de drogas.
La operación concluyó con 39 registros en domicilios particulares y locales utilizados como prostíbulos. Se incautaron 141.000 euros en efectivo, tres vehículos, numerosos documentos contables, ordenadores y material que documenta el funcionamiento interno del grupo.
En paralelo, el Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Valencia ha abierto una investigación patrimonial para detectar posibles delitos de blanqueo de capitales. Hasta el momento, se han identificado más de 60 cuentas bancarias y se han intervenido bienes muebles e inmuebles vinculados a los principales responsables, con el objetivo de garantizar su decomiso.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2025). ChatGPT (versión 2025.07.23). OpenAI)
