Una reciente resolución de la Comisión Europea ha provocado controversia en los medios y redes sociales. El foco de atención se ha centrado en la figura de Teresa Ribera, actual comisaria europea de Competencia y exministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, tras la aprobación de un plan de ayudas públicas del Gobierno belga valorado en unos 32.000 millones de euros. El objetivo de esta medida: prolongar la vida útil de dos reactores nucleares en Bélgica. Mientras tanto, en España, el calendario de cierre de centrales nucleares sigue su curso conforme al acuerdo pactado en 2019. Esta coincidencia ha sido utilizada para alimentar titulares que sugieren contradicciones o decisiones unilaterales por parte de Ribera. Sin embargo, el análisis detallado de los hechos y su contexto desmiente estas interpretaciones.
La medida responde a una solicitud del propio Ejecutivo belga, justificada por la necesidad de asegurar el suministro eléctrico ante las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Ucrania.
La Comisión Europea, en su función de supervisar las ayudas de Estado, aprobó un paquete financiero que permitirá a Bélgica extender por una década la operatividad de los reactores Doel 4 y Tihange 3. La medida, aprobada por el departamento de Competencia liderado actualmente por Teresa Ribera, responde a una solicitud del propio Ejecutivo belga, justificada por la necesidad de asegurar el suministro eléctrico ante las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Ucrania. El plan incluye un contrato por diferencias, mecanismos de respaldo financiero y medidas para la gestión de residuos nucleares, con implicación tanto del Estado belga como de empresas privadas (fuente).
Es importante subrayar que la aprobación de estas ayudas no puede atribuirse exclusivamente a Teresa Ribera como una decisión personal. Como comisaria europea, Ribera lidera un departamento dentro de una institución colegiada, donde las resoluciones se toman de forma conjunta y conforme al marco normativo comunitario. Presentar esta medida como una iniciativa individual distorsiona el funcionamiento de las instituciones europeas.
Paralelamente, el debate se ha avivado en España en torno al futuro de las centrales nucleares, particularmente en relación con la central de Almaraz. Sin embargo, no se ha emitido ninguna orden reciente para su cierre. El calendario de clausura de las instalaciones nucleares españolas fue acordado en 2019 entre el Gobierno, las empresas eléctricas y la empresa pública Enresa. Teresa Ribera, entonces ministra, fue una de las impulsoras de ese acuerdo, que establece el cierre progresivo de los reactores entre 2027 y 2035 (fuente). El acuerdo sigue vigente y no ha sido objeto de modificación desde entonces. Las autoridades responsables, incluida la propia dirección de la central de Almaraz, han confirmado que no existe ninguna instrucción nueva en este sentido.
La comparación entre ambas situaciones, como si fueran decisiones personales contrapuestas tomadas por una misma persona en distintos cargos, carece del contexto necesario para comprender su verdadera dimensión. La Comisión Europea responde a las peticiones y necesidades de los Estados miembros. En el caso belga, el Gobierno de Bélgica optó por solicitar ayudas para mantener su capacidad energética en un entorno de crisis. En España, la transición energética se construyó sobre una hoja de ruta consensuada, con una apuesta clara por las energías renovables como sustituto de la energía nuclear.
Asociar las decisiones políticas en el ámbito energético de forma simplista a las posturas personales de un solo actor político, sin considerar el contexto institucional y normativo, lleva a conclusiones erróneas y titulares engañosos.
Las decisiones políticas en el ámbito energético están sujetas a múltiples factores: la planificación nacional, la situación geopolítica, la capacidad de generación, la demanda energética, la voluntad de los gobiernos y las condiciones del mercado. Asociarlas de forma simplista a las posturas personales de un solo actor político, sin considerar el contexto institucional y normativo, lleva a conclusiones erróneas y titulares engañosos.
Por todo ello, la afirmación de que Teresa Ribera «autoriza ayudas de cerca de 32.000 millones para ampliar la vida de dos nucleares belgas mientras en España las cierra» resulta falaz. El titular mezcla hechos reales con interpretaciones distorsionadas y falta de contexto, generando una narrativa que no se sostiene frente al análisis de las decisiones tomadas y los marcos legales en los que se inscriben.
Como recomendación general, resulta imprescindible recurrir a fuentes oficiales y medios especializados antes de asumir como veraces titulares que presentan contrastes aparentemente escandalosos. La política energética europea y nacional exige una comprensión pausada, rigurosa y basada en información verificada.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2025). ChatGPT (versión 07 mayo). OpenAI)
