La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advierte de que la retirada obligatoria de aceite de oliva prevista en el proyecto de norma de comercialización para la campaña 2026/2027 podría elevar los precios y reducir la calidad y la variedad de la oferta. En su informe IPN/CNMC/035/26, el organismo señala que restringir la cantidad de producto disponible puede tener efectos muy negativos sobre la competencia y los consumidores, además de alterar el funcionamiento de la cadena de valor. Por ello, considera necesario disponer de un diagnóstico completo del mercado antes de aplicar la intervención.
El proyecto busca anticiparse a una posible sobreproducción. La retirada se activaría cuando las existencias iniciales más la producción alcancen, al menos, el 120 % de la media de los dos niveles más altos de comercialización de las seis últimas campañas, y no podría superar el 20 % de la producción estimada. Estos criterios determinarían la intervención en un sector estratégico para España, líder mundial en producción y exportación de aceite de oliva y clave para las zonas rurales.
Para la CNMC, la justificación debe incorporar datos de demanda y flujos comerciales que acrediten una sobreoferta realmente extraordinaria. No basta con establecer un umbral de activación: el organismo aconseja cuantificar qué ocurriría con los precios, el consumo y la rentabilidad de los productores y del resto de los operadores, prestando especial atención a los consumidores de menor renta. También reclama precisar cómo se calcularía el porcentaje de aceite que habría que retirar, de manera que la cantidad fijada, dentro del límite del 20 %, responda a la mínima restricción necesaria.
Qué aceite se retiraría y qué almazaras estarían obligadas
El alcance de la retirada es otro de los aspectos que Competencia pide concretar. Recomienda limitarla a las categorías de aceite en las que resulte necesaria y justificar detalladamente la libertad de elección otorgada a cada almazara, incluidos sus efectos sobre los distintos segmentos del mercado y sus consumidores. Esa definición debe ir acompañada de una delimitación clara de los sujetos obligados: el informe identifica una aparente discrepancia respecto a la exclusión de las almazaras de pequeña dimensión y aconseja resolverla con criterios objetivos y no discriminatorios.
La CNMC pide que el plan de control esté definido antes de activar la medida.
Ese control debe evitar el intercambio de datos sensibles entre operadores y complementarse con un proceso de seguimiento que establezca criterios, fases y plazos claros. El propósito es poder ajustar o revocar la retirada si las condiciones del mercado cambian, de modo que su aplicación quede sujeta a una evaluación de sus efectos y de la necesidad de mantenerla.
El informe forma parte de las funciones consultivas de la CNMC recogidas en la Ley 3/2013, de 4 de junio. El organismo puede actuar de oficio o ser consultado por las cámaras legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, los colegios profesionales, las cámaras de comercio y las organizaciones empresariales y de consumidores y usuarios.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2026). ChatGPT (5 de octubre)).
