El balance de daños permite entender la dimensión de lo ocurrido. En las primeras horas resultaron heridas 2.641 personas y, en total, 117.000 recibieron atención médica. Se calcula que hubo 303.295 personas afectadas y que más de 80.000 sufren estrés postraumático. Resultaron afectados 66.000 locales comerciales y 15.969 viviendas, de las cuales 1.530 fueron declaradas inhabitables. Se destruyeron 6.700 ascensores y se dañaron 115 centros educativos, 136 infraestructuras sociosanitarias, 57 centros de salud y 144.000 vehículos. Los daños materiales se cifran en 17.800 millones de euros, a los que se añade un coste de 12.000 millones para reponer lo perdido. La lógica de la protección de la vida humana ofrece dos vías: reordenar el territorio y acometer las obras necesarias para evitar la inundación, o trasladar a la población a una zona segura. Fallecieron 234 personas, pero podían haber sido muchas más. Mantener a más de 303.000 personas expuestas a una inundación grave debería ser una preocupación prioritaria.
Pero volvamos a la gestión de la emergencia.
Desde cinco días antes, las previsiones meteorológicas advertían de una depresión aislada en niveles altos capaz de provocar lluvias torrenciales. La dificultad era precisar dónde descargaría dentro de una amplia extensión del arco mediterráneo. Estas tormentas pueden concentrar precipitaciones extraordinarias en superficies pequeñas: en una localidad pueden caer 600 litros por metro cuadrado mientras otra cercana apenas recibe lluvia.
Era martes. Desde primera hora, Protección Civil seguía la evolución de la tormenta. Por la mañana llovió intensamente en la sierra de Chiva y, cerca del mediodía, bajó una avenida por el barranco del Poyo. El pluviómetro y el aforador registraron ambos fenómenos. Los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) revisaban las mediciones y las enviaban por correo electrónico al centro de coordinación. También se desplazó un retén de bomberos forestales para comprobar la evolución sobre el terreno. Cuando la crecida remitió, el retén fue retirado.
El correo electrónico, utilizado como aviso inicial de una emergencia, es un método rudimentario y operativamente inadecuado. Una información enviada no es necesariamente una información recibida, comprendida y trasladada a quien debe decidir. En aquel momento no existía, ni existe, un modelo de la cuenca del Júcar alimentado por los datos de pluviómetros, aforadores y medidores de nivel que permita seguir automáticamente su evolución y anticipar con horas de antelación lo que va a ocurrir.
La señal que no llegó al centro decisor
Mientras tanto, la atención se desplazó hacia el sur. La entrada de agua en la presa de Forata preocupaba a los técnicos de la CHJ y la revisión de seguridad pendiente comenzaba a pesar. Un fallo de telemetría obligó durante unas horas a realizar cálculos manuales, aumentando la carga de trabajo. Se empezó a plantear la evacuación del cauce del río Magro. La cuenca disponía de más de 300 aforadores que transmitían señales cada cinco minutos. Sin embargo, el Sistema Automático de Información Hidrológica incluía una advertencia, conservada en el archivo de Internet, sobre el carácter provisional de las mediciones: se incorporaban sin depuración previa y, hasta su revisión y validación, se consideraban no oficiales y sin posibilidad de utilización legal.
Sobre la sierra de Chiva, la tormenta seguía regenerándose. Al principio de la tarde comenzó a caer una cantidad extraordinaria de agua, pero los técnicos, absorbidos por la emergencia de Forata, no activaron los avisos intermedios cuando el Poyo superó el nivel 1 a las 16.00, el nivel 2 a las 17.00 y el nivel 3 a las 17.25. A las 18.43, un técnico vio el caudal del barranco: 1.686 metros cúbicos por segundo, poco antes de que el agua arrancara el aforador. Envió un correo a la sala, pero la información se quedó allí. El CECOPI estaba reunido y los técnicos de la sala consideraron que la CHJ, presente en la reunión, ya habría trasladado el dato.
Algunos alcaldes llamaban al 112 para advertir de la avenida. El ruido en el sistema de gestión era muy alto; probablemente aquellos avisos se asociaron a la crecida del mediodía.
En el CECOPI se discutía si evacuar las zonas situadas aguas abajo de Forata. La revisión reglamentaria de la presa no se había realizado en 2022 y el desagüe de fondo estaba inoperativo. A las 18.05 se había declarado el escenario 2, correspondiente a un riesgo de rotura o avería grave que exige medidas correctoras inmediatas. La presa resistió. Cuando a las 20.12 se envió el mensaje de alerta por el riesgo de rotura, una avenida ya había arrasado la cuenca del Poyo. Tres administraciones, varias agencias y organismos, y la señal no llegó al centro decisor. Nunca se discutió si avisar aguas abajo del barranco. La peor pesadilla de un equipo de emergencias: no verlo venir.
Lo que sigue pendiente
La investigación judicial continúa, pero hay cuestiones que no deberían esperar a una sentencia. Forata sigue sin la inspección reglamentaria que debía haberse realizado, como máximo, en 2022. La última fue en 2017: el próximo año se cumplirán diez años cuando el plazo previsto es de cinco.
Se ha anunciado la licitación de un modelo de gestión en tiempo real, alimentado directamente con datos de telemetría. Falta conocer su alcance territorial, cuándo estará operativo y cómo se distribuirán las obligaciones entre administraciones y organismos. También necesitamos saber si habrá normalización de señales y compatibilidad tecnológica entre comunidades autónomas. De momento, la CHJ ha modificado la advertencia sobre el uso de sus datos.
Queda igualmente pendiente conocer qué obras de laminación están en marcha y qué actuaciones se plantean para reducir la exposición de la población. El barranco del Poyo ya figuraba entre las obras del Plan Hidrológico Nacional de 2004, en la misma página que el de Gallinera, cuya falta de laminación causó la inundación de la semana pasada en Oliva, con siete fallecidos y numerosos daños.
La riada puso de manifiesto la falta de un sistema eficaz que transforme los datos en tiempo real en advertencias útiles para la población. ES-Alert permite comunicar un peligro relevante e inminente en un territorio delimitado, pero necesita información y capacidad de decisión detrás. Las consecuencias políticas de lo sucedido han favorecido avisos más generales y anticipados para evitar acusaciones de falta de diligencia. Esta semana se ha informado de cambios que permitirán desactivar avisos del sistema. Si el uso de una herramienta deteriora la confianza que necesita para funcionar, reconstruirla tendrá un coste añadido.
Aprender a trabajar en un modo permanentemente degradado
Esta semana hemos sufrido otro revés: dos accidentes muy graves en la alta velocidad en menos de nueve meses evidencian que algo va mal. En seguridad, las variables del servicio ayudan a evaluar la gestión. El ferrocarril español ha dejado de ser puntual y confortable; los accidentes golpean la condición decisiva, su seguridad. Considero que la infraestructura ha sido abandonada a un deterioro incompatible con lo que debemos exigirle. En estas condiciones, utilizar la línea Madrid-Sevilla resulta contrario a los principios rectores de la seguridad, y es probable que ocurra lo mismo con la Madrid-Barcelona.
Contexto de redacción: la pérdida de confianza también puede producir consecuencias indirectas. Tras el 11 de septiembre de 2001, parte de los viajeros estadounidenses sustituyó el avión por el coche. Gerd Gigerenzer estimó unas 1.600 muertes adicionales en carretera entre octubre de 2001 y septiembre de 2002 y relacionó ese exceso con el cambio de transporte. Es una estimación discutida, que no permite atribuir todas esas muertes exclusivamente al miedo a volar. El ejemplo recuerda que evitar un peligro puede aumentar la exposición a otro y que comunicar una catástrofe exige ofrecer contexto para valorar las alternativas. pure.mpg.de
Lo que nos sucede va más allá de la normalización de la desviación. La generación del baby boom se jubila mientras las siguientes aprenden a trabajar en un modo permanentemente degradado. Sin presupuestos, previsiones, mantenimiento y respeto por el conocimiento profesional, las deficiencias dejan de ser excepcionales y se convierten en el escenario habitual de trabajo.
Hay que parar antes de que las próximas generaciones asuman que una presa sin revisión reglamentaria es normal o que la responsabilidad de seguridad de un operador ferroviario puede recaer en un periodista. No se puede gestionar sin presupuestos.
Esto trasciende a un gobierno o una ideología. Nos obliga a preguntarnos qué condiciones estamos dispuestos a aceptar y qué responsabilidades exigimos. Tendremos que volver a recorrer caminos que ya estaban hechos, y hacerlo requerirá trabajo y esfuerzo. El coste alcanza también a sectores que son pilares de España: el ferrocarril, el agua, la automoción, la alimentación y la agricultura. Las empresas compiten en el mundo bajo la marca de su país y el deterioro institucional tiene consecuencias sobre su credibilidad. La reflexión de José María Cubillo sobre esta relación resulta especialmente pertinente.
El accidente de esta semana ha tenido un coste inmenso en vidas. También compromete un patrimonio de conocimiento y trabajo construido durante más de un siglo de ferrocarril español. No podemos permitir que se dilapide.
Texto de Jesús Belenguer, publicado originalmente en El Morrión. Edición y contexto adicional con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2026). ChatGPT, 1 de noviembre).
