La APDHE (Asociación pro Derechos Humanos de España) lamenta y rechaza la postura hecha pública por el Ministro de Exteriores español en Túnez expresando la voluntad del Ejecutivo de no presentar recurso alguno contra la decisión que tome el responsable del Home Office británico sobre la situación procesal del senador vitalicio Augusto Pinochet Ugarte.
Esta posición del Gobierno viene a reflejar su falta de voluntad política para hacer frente a las cuestiones de derechos humanos que afectan al Estado español. Consideramos que debe ser la justicia la que resuelva esta situación, entre otras cosas, porque el Estado no es parte en el procedimiento Pinochet y su único papel debe ser respetar las decisiones judiciales.
Los argumentos de que «no tiene solución la situación» son una opinión extrajudicial de un Ministro que nos tiene acostumbrados a suposiciones erróneas en la propia política exterior. De la misma forma, el pensar que recurrir la decisión de Mr. Straw «agravar¡a las relaciones con Chile» es una amenaza sin sentido y un desprecio a las v¡ctimas espa_olas causadas directamente por el Senador Vitalicio.
El Se_or Matutes y el Gobierno que representa no han colaborado nunca con el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional en contra de sus obligaciones como Gobierno. Es m s, en toda oportunidad en que han podido expresar su opini¢n ‘sta ha sido contraria al procedimiento, con lo que ello comporta de desprecio hacia todas las v¡ctimas representadas en el procedimiento, pero especialmente hacia aqu’llas de nacionalidad espa_ola cuyos derechos humanos el Gobierno tiene el mandato imperativo y constitucional de defender, en todo tiempo y lugar.
El Se_or Matutes, en sus declaraciones, ha hecho una referencia expl¡cita a la Corte Penal Internacional diciendo que «..la pol¡tica exterior de un pa¡s determinado no tiene que pagar el precio por aplicar la justicia internacional». Apreciamos su apoyo a la Corte Penal Internacional y esperamos que el Gobierno adopte las medidas legislativas necesarias para que el Estado espa_ol ratifique el Estatuto de Roma, cosa que, hasta el momento, no ha hecho.
Por otro lado, debemos recordarle al se_or Ministro que los cr¡menes contra la humanidad cometidos por el senador vitalicio Augusto Pinochet Ugarte no podr¡an ser juzgados jam s por este tribunal, toda vez que en su Estatuto se prev’ la imposibilidad de juzgar cr¡menes cometidos antes de la entrada en vigor del mismo. Pero el Estatuto establece el denominado «principio de complementariedad», que permite que un Estado juzgue este tipo de cr¡menes y evitar as¡ la impunidad en que quedar¡an sus autores ante la falta de juzgamiento.
Debemos recordarle al Se_or Matutes que las obligaciones para con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no provienen de la Corte Penal Internacional, sino de la aplicaci¢n del art¡culo 10 de la Constituci¢n Espa_ola, de la que su departamento no est exceptuado.
Por todo ello, esperamos que el Se_or Presidente del Gobierno, D. Jos’ Mar¡a Aznar L¢pez, d’ instrucciones para que se respete escrupulosamente el mandato judicial que pueda emitir el Juzgado Central de Instrucci¢n nomero cinco y tramite con la urgencia necesaria el recurso o alegaciones para que pueda llegar en tiempo y forma a su destino.
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