La Corporación CLEBER denuncia ante la comunidad nacional e internacional las graves violaciones a los derechos humanos de que son víctimas los pobladores del sur de Bolívar.
Los hechos que a continuación relatamos han sido informados por los pobladores afectados y autoridades civiles de los municipios de Barranco de Loba, San Martín de Loba y Río Viejo. Estos hechos hacen parte de una arremetida paramilitar en la región iniciada el 26 de mayo del presente año, que también afectó a la parte alta de La Cuchilla, los corregimientos de Micoahumado (municipio de Morales) y San Pedro Frío (Santa Rosa del Sur); poblados que hacen parte de la Serrranía de San Lucas.
HECHOS:
Un grupo de aproximadamente 250 hombres fuertemente armados y vestidos de camuflado, llegaron en varias chalupas al corregimiento de La Pacha, municipio de Altos del Rosario, región del sur de Bolívar; el día 26 de mayo de 2000. Allí reunieron a los pobladores y les dijeron que llegaban para quedarse, que no iban a hacer masacres, que lo que quer¡an era que la gente trabajara.
Continuaron avanzando v¡a terrestre, pasaron la monta_a por el sitio conocido como Morro Rico y el d¡a 28 de Mayo llegaron al corregimiento Pueblito Mej¡a, jurisdicci¢n del municipio de Barranco de Loba; poblado de alrededor de 350 viviendas y milquinientos (1.500) habitantes.
Llegaron por varios puntos disparando bombas y r fagas de tiros, en esta primera incursi¢n hirieron a SONIA (habitante del corregimiento) con un tiro en el brazo. Los pobladores del corregimiento, acosados por el temor que los paramilitares les han causado desde la incursi¢n realizada por estos mismos grupos el seis de noviembre de 1998, donde quemaron varios poblados (710 viviendas) y asesinaron alrededor de 70 personas; huyeron del pueblo hacia las zona monta_osa y las fincas cercanas, encontrando los paramilitares solo vientidos personas a las que tuvieron secuestradas por doce d¡as encerrados en la escuela y el colegio de la poblaci¢n.
El d¡a 9 de junio (el doceavo d¡a del secuestro masivo), enviaron al joven DAVINSON URIETA MARTINEZ (que hac¡a parte del grupo de secuestrados) con la tarea de buscar la gente que hab¡a huido hacia las monta_as y convencerlos de regresar al poblado; que si no lo lograba y no regresaba matar¡an a su hermano JONAS URIETA MARTINEZ(tambi’n secuestrado). DAVINSON se asust¢ y huy¢ lo que ocasion¢ que su hermano fuera asesinado. El mismo d¡a tambi’n asesinaron a SANTANDER N., comerciante y poblador de Pueblito Mej¡a, que hac¡a parte de los secuestrados.
D¡as despu’s, los paramilitares fueron a las fincas de los alrededores y obligaron a la gente a regresar al pueblo dici’ndoles que lo que quer¡an era hablar con ellos, que no les iban a hacer nada y que iban a repartir comida, ante lo cual, una parte de la gente (en su mayor¡a mujeres, ni_os y ancianos) acosada por el hambre opt¢ por regresar al poblado.
Despu’s de este hecho los paramilitares permitieron a algunas personas que fueran por comida a la cabecera municipal de Barranco de Loba (sur de Bol¡var), para poder desplazarse era necesario portar un salvoconducto en el que deb¡an consignar datos personales como el nomero de la c’dula, familiares en el pueblo, tiempo de duraci¢n de su ausencia de la poblaci¢n (no mas de un d¡a), y actividad que ir¡a a realizar. Este salvoconducto deb¡a ser presentado ante el comandante del ej’rcito: un sargento apodado el Oso que est al mando de una compa_¡a especial del Batall¢n Nari_o, adscrito a la segunda brigada con sede de mando En Barranquilla, Capital del departamento del Atl ntico en la costa norte de Colombia. Al regresar a Pueblito Mej¡a deb¡an reportarse nuevamente ante los paramilitares y presentar el salvoconducto. Todas estas personas eran inscritas en una planillas. En la actualidad para poder ingresar a la regi¢n es necesario que las personas se presenten, en Barranco de Loba, ante el sargento del ej’rcito quien despu’s de coordinar con los paramilitares permite o niega el ingreso al sector rural del municipio.
En Pueblito Mej¡a retuvieron al se_or ROGER SAMPAYO, que ven¡a del corregimiento La Pacha (Altos del Rosario), lo asesinaron y lo mandaron a enterrar en el cementerio del pueblo, despu’s subieron a la vereda Canta Gallo y se hicieron pasar por guerrilleros, mandaron a un poblador traer gallinas, el se_or les obedeci¢ y cuando regres¢ lo asesinaron delante de sus 4 hijos, acus ndolo de colaborador de la guerrilla.
Los paramilitares teniendo como base Pueblito Mej¡a, al mando de alias «ROBERT» , instalados en la vivienda de Carlos Mej¡a, persona que se encuentra desplazada, incursionaron en diferentes caser¡os cercanos de la regi¢n donde han torturado y asesinado a muchas personas y ocasionado el desplazamiento de otras.
El 2 de junio, un grupo de paramilitares arrib¢ a la Vereda Pueblo Nuevo Mej¡a, jurisdicci¢n del corregimiento Papayal, Municipio San Mart¡n de Loba, quemaron las viviendas de los hermanos OMAR Y EDUAR LARIOS FERNANDEZ, y un establecimiento comercial del que generaban el sustento para sus familias. Preguntaron por ellos y al no encontrarlos se dirigieron a la casa de la se_ora ANA GALAN DE VILLALOBOS, madre de ANIDIS VILLALOBOS GALAN, esposa de OMAR LARIOS; sacaron a las dos mujeres y al hijo de ANIDIS y OMAR ( YASER, menor de cuatro a_os de edad) y contra su voluntad se los llevaron para la base de Pueblito Mej¡a. Ese mismo d¡a dejaron en libertad a la se_ora ANA y hasta el d¡a de hoy mantienen secuestrados al ni_o YASER y a su madre ANIDIS, a quienes han sometido a tratos crueles y degradantes.
JONAS URIETA MARTINEZ, de 26 a_os de edad, agricultor, nativo de la regi¢n, contra su voluntad fue sacado de su finca ubicada en el corregimiento Mina Azul (municipio R¡o Viejo) y luego asesinado.
El 10 de junio, en Mina Azul, fue asesinado KENEDY MARTINEZ, de 30 a_os de edad, minero poblador de la regi¢n.
El 21 de junio un grupo de paramilitares incursion¢ nuevamente en el corregimiento Mina Azul, quemaron 3 viviendas y una finca: una vivienda y la finca de propiedad de DIOFANOR ZAYAS SANABRIA, la vivienda de MARINA MENESES, profesora del lugar y la casa comunal que estaba habitada por FRAY ARROYO. El 24 de junio, el se_or MANUEL BOHORQUEZ, de 32 a_os, conductor, afiliado a la empresa VIASUR (Empresa Vial del Municipio Barranco de Loba). fue contratado por el se_or ARMENTA para que le hiciera un viaje a Pueblito Mej¡a. En el camino, en la vereda la Soledad, se encontraron con un ret’n paramilitar, quienes amenazaron a MANUEL, dici’ndole que no quer¡an verlo en la zona y luego los dejaron continuar. De regreso, lo bajaron de la moto, lo torturaron d ndole machetazos en diferentes partes del cuerpo y lo asesinaron. Este mismo d¡a fue asesinado el se_or ELADIO PEREZ, de 35 a_os, quien se desempe_aba como arriero y minero, adem s de ser un destacado l¡der comunitario. Lo sacaron de su finca y lo asesinaron en la carretera por «no haber asistido a una reuni¢n convocada por los paramilitares». Al mismo tiempo otro grupo de paramilitares lleg¢ a la vivienda del se_or TRINO, ubicada cerca de la vereda Canabate, lo sacaron de su casa y se lo llevaron contra su voluntad. Hasta el d¡a de hoy no ha aparecido.
Los familiares fueron a recoger los cad veres (de MANUEL y ELADIO) en la ambulancia del hospital de la cabecera municipal de BARRANCO DE LOBA, ‘sta llevaba unas banderas blancas. En el camino fue parada por los paramilitares quienes los acusaron de ser sapos de la guerrilla, despu’s de confirmar que era la ambulancia del pueblo los dejaron pasar y profirieron amenazas de muerte contra la Cruz Roja Internacional: «que ah¡ los estaban esperando para cobrarles unas cuentas por sapos». Dejaron que recogieran los dos cad veres que fueron enterrados en la cabecera municipal de Barranco de Loba. Durante el entierro el sargento del Ej’rcito (fuerzas especiales del Batall¢n Nari_o) apodado «El Oso», dijo poblicamente que ‘l no iba a permitir mas esa vaina de estar enterrando estos muertos en el pueblo, porque eso los perjudicaba a ellos, que ellos ver¡an (los paramilitares y los familiares) donde iban a enterrar los muertos.
El 26 de junio en la vereda La Rayita fue asesinado el se_or ROLDAN, poblador del municipio, de oficio domador de caballos.
El 28 de junio, a la entrada del corregimiento Mina Azul (R¡o Viejo), fueron hallados dos cad veres comidos por los animales, todav¡a se encuentran en ese sitio y se desconoce su identidad por el estado de los cuerpos. Adem s de este hecho, se reportaron 4 desaparecidos, j¢venes jornaleros de la regi¢n que fueron sacados de una finca ubicada en la vereda Morro Rico, a veinte minutos de Pueblito Mej¡a. Algunos pobladores manifiestan que fueron asesinados y est n enterrados en la vereda la Mocha (Barranco de Loba).
Los paramilitares tienen total control en el cultivo de la coca, han impuesto el precio $1’800.000,oo (un mill¢n ochocientos pesos M/cte.) por kilo de pasta b sica que antes estaba a $2’500.000,oo (dos millones quinientos mil pesos M/cte). A los recolectores o raspachines $3.500,oo (tresmil quinientos pesos M/cte) por arroba de hoja recogida, antes estaba a $6.000,oo (seismil pesos M/cte); adem s tienen el control de la venta de los insumos y la comercializaci¢n de la coca, para lo cual un helic¢ptero blanco con azul recoge cada quince d¡as la base de coca. Estas normas son de obligatorio cumplimiento bajo pena de muerte. Anteriormente el impuesto ten¡an que pag rselo al comandante del ej’rcito de Barranco de Loba, consistente en $20.000,oo (veintemil pesos M/cte) por cada tambor de gasolina que entraba a la regi¢n.
Los paramilitares, para este negocio, se han asociado con los comerciantes de la regi¢n, entre ellos LUIS KENEDY y JUAN SALAZAR a quienes escoltan en sus recorridos y cuidan de sus cultivos, uno ubicado en una loma a 45 minutos, a pie, de Mina Azul; all¡ los paramilitares tienen un puesto m¢vil que les permite patrullar permanentemente a Mina Azul. Por otro lado est n promoviendo el cultivo de la coca ofreciendo a los campesinos pr’stamos para este fin, es decir que si una persona tiene para cultivar una hect rea, ellos le prestan para que cultive otra. Les dicen que hay que aprovechar el tiempo ya que m s adelante el gobierno va a fumigar la zona, pero que no se deben preocupar por ello porque despu’s viene un mejor negocio: el oro.
En toda la regi¢n la educaci¢n, la salud, y todos los servicios b sicos est n suspendidos, las personer¡as est n paralizadas por el miedo y no asumen ninguna acci¢n de protecci¢n a los pobladores.
Los pobladores de la cabecera municipal de Barranco de Loba aseguran que cada vez que se va la luz, entran los paramilitares al poblado, situaci¢n que ocurre con mucha frecuencia.
El ej’rcito (fuerzas especiales del batall¢n Nari_o) se encuentra acampado en las instalaciones del acueducto municipal de Barrando de Loba y en el mismo lugar «atiende» el jefe paramilitar que se identifican como CESAR, que tambi’n toma decisiones sobre diversas actividades de la poblaci¢n. Entre la carretera que va de Barranco de Loba a Pueblito Mej¡a hay una hora y cuarenta minutos de trayecto, en su recorrido se encuentran cuatro retenes permanentes de los paramilitares: el primero a 10 minutos en El Bejuco, el segundo a 25 minutos en Pabola, el tercero a una hora en Soledad y el cuarto a una hora y media en Canabate. Segon testimonios de pobladores de la regi¢n, el 29 de junio hubo cambio del personal que se encontraba en el primer ret’n con el ej’rcito que se encontraba acantonado en Barranco de Loba.
AMENAZA DE MASACRE:
Los militares han estado diciendo por el pueblo que para el d¡a 30 de julio van ha salir de BARRANCO DE LOBA para que entren los paramilitares y hagan una purga porque hay muchos desplazados en esta poblaci¢n.
PETICIONES Ante la gravedad de los hechos anteriores, solicitamos a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales e internacionales, a los organismos de las Naciones Unidas y a la comunidad para:
1. Que el gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la Repoblica, y como m ximo jefe de las Fuerzas Militares, tome las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de los pobladores del Sur de Bol¡var y ordene de inmediato a la Fuerza Poblica, la neutralizaci¢n de la acci¢n de los grupos paramilitares.
2. Que los Organismos de Investigaci¢n y Control del Estado Colombiano inicien las investigaciones y acciones necesarias para el pleno esclarecimiento de estos hechos y precise las responsabilidades de los funcionarios poblicos civiles y militares comprometidos con estos hechos, tanto por acci¢n como por omisi¢n.
3. Que el Fiscal General de la Naci¢n delegue en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscal¡a General de la Naci¢n, la investigaci¢n sobre estos delitos y otros cometidos permanentemente por los grupos paramilitares en el sur de Bol¡var. Santaf’ de Bogot . 10 de julio de 2000.
CORPORACION CLEBER
FUNDAMENTACI.N DEL EQUIPO NIZKOR Los paramilitares est n efectuando un exterminio planificado de poblaci¢n civil. 1) Segon el Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg y las sentencias posteriores reafirmadas por el Tribunal ad doc de la Ex Yugoslavia en julio de 1999 en el caso TADIC, la responsabilidad de los comandantes militares y dirigentes civiles que controlan la zona donde actuaron los paramilitares son responsables de no impedir la actuaci¢n de los paramilitares con las mismas responsabilidades penales individuales que si hubieran dirigido las operaciones en la zona de su comando.
Los comandantes de la zonas militares que son responsables en la cadena de mando de la que dependen los batallones y los jefes de los batallones son responsables de no impedir la actuaci¢n de las organizaciones criminales que componen los grupos paramilitares, no es suficiente las alegaciones de subordinaci¢n territorial ante la comisi¢n de delitos de esta naturaleza. Estas responsabilidades deben ser depuradas ante un tribunal bajo el criterio de que «no s¢lo deben saber, sino que est n obligados a saber» lo que ocurre en sus zonas de comando, como ha reafirmado en sentencia de 3 de marzo de 1999, en el caso TIHOMIR BLASKIC, el Tribunal Penal Internacional de la Ex Yugoeslavia. En este caso el Batall¢n Nari_o, adscrito a la segunda brigada con sede de mando en Barranquilla, capital del departamento del Atl ntico en la costa norte de Colombia.
2) La actuaci¢n de los paramilitares en Colombia recoge un patr¢n de instrumentaci¢n de operaciones militares encubiertas que hacen responsables a los cuerpos militares y al estado mayor del ej’rcito de Colombia de cr¡menes de guerra, secuestros, desapariciones forzosas y dem s delitos constituidos en la figura de cr¡menes graves contra la humanidad. Estos delitos ni prescriben, ni son amnistiables tal cual ha dictaminado la Comisi¢n Interamericana de Derechos Humanos en los informes que afectan al Batall¢n Atlacatl en El Salvador. Lo mismo ocurrir¡a si sus responsabilidades fueran depuradas con los par metros utilizados por los Tribunales Penales Internacionales y la doctrina actual sobre el Derecho Internacional Humanitario.
3) Los paramilitares deben saber que segon los convenios de Ginebra los mercenarios no tendr n derecho al estatuto de combatiente o de prisionero de guerra y que adem s ser n juzgados por ser integrantes de una organizaci¢n.
4) Es evidente que se est n utilizando forma de exterminio de poblaci¢n civil que siguen perfiles de modelos de an lisis y control social con la utilizaci¢n de t’cnicas de simulaci¢n por ordenador que determinan las listas de personas que son «nodos» de activismo civil pol¡tico, social y cultural y que son: a) son fijadas como blanco; b) son amenzadas como forma de determinaci¢n del blanco a las unidades paramilitares; c) son despejadas las areas geogr ficas de actuaci¢n paramilitar en zonas rurales o fijadas zonas de cobertura de seguridad en zonas urbanas; d) son otorgadas facilidades de comunicaciones y coordinaci¢n y finalmente se determina el momento de la ejecuci¢n.
Estos hechos son constitutivos de la figura de organizaci¢n criminal y planificaci¢n sistem tica de exterminaci¢n de poblaci¢n civil. Segon la Comisi¢n Colombiana de Juristas, durante 998 de un total de 1656 incidentes registrados el 81,8 por ciento fueron cometidos por paramilitares y por las fuerzas de seguridad del estado. Entre 1994 y 1998 las violaciones graves de paramilitares y militares se han m s que doblado.
5) El exterminio es un crimen contra la humanidad, y por lo tanto punible bajo el Derecho Internacional. El exterminio es reconocido como crimen contra la humanidad en el art¡culo 6(c) del Estatuto de Nuremberg; art¡culo II(1) (c) de la Ley Nom. 10 del Consejo Aliado de Control, ¢rgano supremo de los aliados en Alemania, ocupada despu’s de la II G.M.; art¡culo 5(c) del Estatuto de Tokio y Principio IV(c) de los Principios de Nuremberg. Se incluy¢ tambi’n en los estatutos de los tribunales penales internacionales para la Antigua Yugoslavia (art¡culo 5) y Ruanda (art¡culo 3), as¡ como en el Proyecto de C¢digo de Cr¡menes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad [1954: art¡culo 2, p rr. 11 y 1996: art¡culo 18(b)].
6) Tomamos nota y apoyamos en todos sus t’rminos, la Declaraci¢n Publica del Comit’ Permanente de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del Parlamento Canadiense de 16oct99 que dice expresamente «Hace un llamado al Gobierno de Colombia a intensificar tanto la investigaci¢n de la masacre de Barrancabermeja como tambi’n todas las actividades orientadas a reducir y prevenir la violencia, la violaci¢n de los derechos humanos en el pa¡s y a que ponga fin a la impunidad especialmente respecto a los cr¡menes de lesa Humanidad».
En concordancia con esta Declaraci¢n solicitamos a otros gobiernos que adopten similares posturas y que revisen las relaciones diplom ticias y econ¢micas con el gobierno Colombiano que ha demostrado ser insensible a sus obligaciones frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, para ello creemos se debe utilizar como clausula de condicionalidad el cumplimiento irresctrito de la doctrina emergente de los dict menes e informes de la Comisi¢n Interamericana de Derechos Humanos cuyo incumplimiento por parte del estado colombiano es evidente.
Equipo Nizkor
