El régimen imperante en el Perú se ha caracterizado por la violación sistemática y permanente de los derechos humanos, con irrespeto del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas y una falta absoluta de garantías para la ciudadanía, en el marco del sometimiento del Parlamento y del poder judicial al Ejecutivo. Todo ello agravado por el terrorismo de estado dirigido por un personaje siniestro y corrupto, el Sr. Montesinos, agente de la CIA ubicado al frente de los servicios de «inteligencia» transformados en centro de salvajes torturas y asesinatos, con poderes omnimodos.
El cuadro de degradación institucional acentuado por la perpetuación en el gobierno mediante el fraude electoral, el crecimiento del narcotráfico, acompañan el descalabro económico-social, con la inmensa mayoría de la población en la pobreza extrema.
La conducta de la OEA ha sido de complicidad, avalando desde el asalto al poder absoluto del grupo mafioso de Fujimori-Montesinos cuando disolvi¢ el Congreso, la primera reelecci¢n y luego la segunda al margen de la Constituci¢n. Esta conducta de la OEA adquiere ribetes de escandalo con la presi¢n sobre el gobierno paname_o, que acompa_a la de USA, para que conceda asilo al criminal Montesinos.
No obstante, la lucha del pueblo peruano que reclama el fin de la dictadura ha crecido impetuosamente y el r’gimen trata de ganar tiempo mediante una extra_a renuncia de Fujimori a un a_o de plazo, lapso en el que tratar de maniobrar para revertir la situaci¢n, y poniendo a salvo a Montesinos, inculpado de numerosos cr¡menes, facilitando su huida a Panam en avi¢n especial, portando segon informaci¢n period¡stica $25.000.000, robados al erario poblico. En esta maniobra ha participado decisivamente el gobierno de los Estados Unidos, bajo el pretexto de que as¡ se facilita la instalaci¢n de la democracia.
FRENTE A ELLO LA AAJ DECLARA:
1. Que mantiene su firme defensa del derecho de asilo para los perseguidos pol¡ticos;
2. Que ese derecho no debe ser utilizado para la impunidad de los responsables de cr¡menes comunes y mucho menos de los autores de delitos de lesa humanidad.
3. Que en consecuencia requiere del gobierno paname_o rechace el pedido de asilo formulado por el Sr. Montesinos, y lo reenv¡e al Pero.
4. Que se impone el desmantelamiento inmediato del aparato de represi¢n fujimorista, la expulsi¢n de los responsables de violaciones a los derechos humanos de las fuerzas armadas y los servicios de seguridad y penitenciarios y su enjuiciamiento conforme a derecho, la libertad de los presos pol¡ticos, la revisi¢n de todas las condenas dictadas por jueces sin rostro y/o sin las garant¡as del debido proceso, la investigaci¢n a fondo del asalto a la Embajada del Jap¢n y especialmente de las circunstancias en que fue asesinado el Dr. Carlos Ernesto Giusti Acu_a y los integrantes del grupo autor de la ocupaci¢n y toma de rehenes.
5. Que es necesario un acuerdo de todas las fuerzas pol¡ticas y sociales democr ticas del Pero para la inmediata formaci¢n de un gobierno provisional de transici¢n que comience la ejecuci¢n de las medidas se_aladas y convoque a elecciones generales presidenciales y legislativas trasparentes, que aseguren iguales oportunidades de participaci¢n para todos los peruanos. 1 de octubre de 2000 Asociaci¢n Americana de Juristas.
