El Observatorio reitera su profunda preocupación ante las persistentes amenazas a la vida y seguridad de los defensores de los derechos humanos y sindicales en Colombia.
Informes de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), indican que el 2 de noviembre, en las oficinas de la seccional de la CUT del departamento del Valle del Cauca, se recibió un comunicado de las Autodefensas Unidas de Colombia, en el cual una vez más declaran «objetivos militar» a los defensores de los derechos humanos y sindicales, particularmente en el departamento del Valle del Cauca, expresando :
«Nuestro País COLOMBIA merece ya una estabilidad Política, Social y económica y eso se consigue erradicando y exterminando todo HP Sindicalista y defensor de derechos Humanos que lo único que hacen es ser promotores y simpatizantes de la guerrilla, según nuestro grupo de inteligencia Ustedes tienen vínculos con las milicias Urbanas del ELN.
Hechos: Reuniones con milicianos del ELN Acciones a seguir: Declarados objetivo militar Destierro y exterminio a todos estos hp hasta su descendencia.
Plazo de acciones militares si no se van hasta noviembre 30, segon los mandamientos de nuestros jefes. Por una Colombia linda, limpia y en paz. Autodefensas Unidas de Colombia»
En la misma comunicaci¢n amenazan a varios concejales del municipio de Yumbo, porque: «le hacen aportes a los diferentes grupos subversivos con el fin de que los protejan».
Iguales amenazas han sido tambi’n expresadas en forma individual contra el Sr. Pedro Var¢n, fiscal de la directiva seccional de la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT) en el departamento del Tolina, y contra otros directivos de la seccional de la CUT del departamento del Valle del Cauca.
El CSPP tambi’n ha informado de la detenci¢n arbitraria, durante aproximadamente 36 horas, de la abogada e integrante de la Coordinaci¢n local de Derechos Humanos en Barranquilla, Alicia Romero Escobar.
De acuerdo a los informes comunicados al Observatorio, el viernes 20 de Octubre del 2000, aproximadamente a las 11:30 de la ma_ana en el municipio de Soledad, Departamento del Atl ntico, la Dra. Alicia Romero Escobar fue detenida por Agentes del Cuerpo Elite de la Polic¡a Nacional, comandados por un Teniente de apellido Villalba. Los agentes le ordenaron subir a un cami¢n de Polic¡a, dici’ndole no estaba retenida, y durante el recorrido hasta el Comando principal de Polic¡a de Soledad, los agentes hac¡an burlas a la Sra. Alicia Romero Escobar, afirmaban que «todos los miembros de las ONGs son guerrilleros». Posteriormente, cuando llegaron al comando de Polic¡a de Soledad, al mando del Mayor Crisanto Alvarez, el Teniente Villalba llam¢ por Radio y le comunic¢ al Mayor Alvarez: » Mayor, ya le tengo la abogada que lo denuncia «.
Las informaciones recuerdan que el 6 de octubre pasado, en el marco del Primer Foro Departamental de Derechos Humanos, la Dra Alicia Romero denunci¢ poblicamente al Mayor Crisanto Alvarez y otros agentes de polic¡a por agresiones contra personas desplazadas por la violencia; les acus¢ de colaborar con el Sr. Eliecer Cerenne, quien hace parte de una multinacional; y denunci¢ que la administraci¢n del municipio de Soledad cedi¢ arbitrariamente al Sr. Cerenne, pese a que existen asentamientos de desplazados en el mismo lugar y varias familias de bajos recursos que no tienen donde vivir.
Acciones solicitadas:
Favor dirigirse a las autoridades de Colombia urgi’ndolas a :
i. garantizar la seguridad y la integridad f¡sica y psicol¢gica de la Dra Alicia Romero Escobar, el Sr. Pedro Var¢n, as¡ como de los dem s defensores de derechos humanos y sindicales en en los departamentos del Atl ntico, Tolima, Valle del Cauca y, en general, de todas las personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos en el pa¡s;
ii. ordenar la investigaci¢n exhaustiva e imparcial de toda violaci¢n de los derechos humanos, incluyendo todo acto que atente contra la vida, la seguridad o la libertad personal de los defensores de los derechos humanos y aplicar a quienes sean encontrados culpables las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
iii.asegurar la aplicaci¢n de lo dispuesto por la Declaraci¢n sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre 1998, en particular en lo referente a la protecci¢n del derecho de toda persona «..individual o colectivamente, a promover la protecci¢n y realizaci¢n de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional y a esforzarse por ellos» (Art. 1), as¡ como en lo relativo al deber del Estado de garantizar «…la protecci¢n por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminaci¢n, negativa de hecho o de derecho, presi¢n o cualquier otra acci¢n arbitraria resultante del ejercicio leg¡timo de los derechos mencionados en la presente Declaraci¢n (Art. 12.2);
iv. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaraci¢n Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia.