La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos solicita su intervención ante la situación dada a conocer por medios de comunicación y organismos no gubernamentales de derechos humanos.
El operativo realizado la madrugada del 12 de noviembre por aproximadamente 400 elementos de la Procuraduria General de la Republica (PGR) con el objetivo de efectuar 22 ordenes de cateo en la comunidad de los Chorros, Altos de Chiapas, trajo como consecuencia un agravamiento mayor de la inestabilidad en el estado.
De los hechos registrados llama la atención la facilidad conque un grupo de personas miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de las comunidades de Puebla y Yaxhemel, bloquearon la carretera de Yabteclum; asi como otro grupo de personas de la comunidad Los Chorros, se trasladaron en un camión de volteo propiedad del Ayuntamiento Municipal de Chenalho y realizaron otro bloqueo en el crucero Majomut lo último frente a la notoria pasividad de los militares, adem s de que llegaron incluso a utilizar armas de alto poder.
Los resultados de los operativos realizados por la PGR contra los 11 paramilitares, miembros de Paz y Justicia y contra los paramilitares de Chenalho, han sido poco fructiferos. Quedando la poblaci¢n desplazada en esta zona, a merced de las amenazas paramilitares y sin ninguna garantia de seguridad y proteccion por parte de las autoridades gubernamentales, pudiendo llegar a un enfrentamiento generalizado.
En este contexto, la presencia de la Policia Federal Preventiva (PFP) contribuye, aun mas, a la fuerte militarizaci¢n y presencia policiaca en comunidades y municipios del estado, manteniendo un clima de temor hacia la poblaci¢n indigena sin que hasta el momento exista alguna explicaci¢n que justifique el paradero y las actividades ha realizar por esta corporaci¢n. Aon cuando la Secretaria de Gobernaci¢n ha declarado que los elementos de la PFP (quienes llegaron el 11 de noviembre al estado) no participaron en el operativo, medios de comunicacion segnalaron que si se utilizaron helic¢pteros de la misma.
Resulta sumamente preocupante que tras el operativo, miembros de la organizaci¢n social «Las Abejas» y habitantes de lugares cercanos reportaran amenazas por parte de miembros de las comunidades de Los Chorros y Yibeljoj, de que atacaran a los desplazados en el campamento de X’oyep y a las familias que recientemente se reubicaron en las cercanias de Yibeljoj; utilizando expresiones como «aqui habra sangre caliente», que recuerdan los d¡as previos a la masacre de Acteal.
Cabe segnalar que d¡as antes a la realizaci¢n de este operativo, varias comunidades del municipio denunciaron la realizaci¢n de reuniones por parte de los paramilitares en las comunidades de Los Chorros, Pechiquil, La Esperanza, Yibeljoj, Yaxhemel, Tzanembolom, Canolal; en el caso de Yibeljoj, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de las Casas verifico que se estaban realizando reuniones nocturnas. Nuevamente se reporta la intensa movilizaci¢n y comunicaci¢n a trav’s de radio de los paramilitares en el municipio.
El fallido operativo en Chenalho el pasado 12 de noviembre y la detenci¢n de solo algunos de los paramilitares de Paz y Justicia, han aumentado las tensiones en el estado y reduce aun mas la posibilidad de una soluci¢n pac¡fica al conflicto armado, como tambi’n lo demuestra el decreto presidencial que pretende legalizar el despojo de 3.5 hectareas de tierras comunales en el ejido Amador Hernandez, a favor del Ejercito Federal para construir la Septima Compagnia de Infanteria no Encuadrada, especialista en lucha antiguerrilla. Confirmando con ello la tendencia pol¡tica de continuar la guerra en contra de las comunidades zapatistas violentando las leyes.
ANTECEDENTES
La acci¢n de las autoridades federales contra los 11 miembros de Paz y Justicia se basa en los actos de despojo ocurridos el pasado 3 de agosto en la comunidad de El Paraiso, municipio de Yajalon; sin embargo, desde hace 5 a_os las acciones ilegales realizadas por los mismos han sido debidamente documentadas y denunciadas por diferentes organismos no gubernamentales de derechos humanos.
Comenzando con el asesinato de Pascual SANCHEZ en manos del entonces presidente municipal de Tila, Jesus CELIS GUILLEN en marzo de 1995; hasta el ultimo asesinato de Juan LOPEZ GOMEZ el 16 de octubre de este a_o.
Desde mayo de 1997 el municipio de Chenalho ha vivido en tensi¢n permanente desde hace ya cuatro a_os, cuando inician los desplazamientos forzados de numerosas comunidades debido a las acciones de paramilitares que tuvo su punto mas lgido con la masacre de 45 personas en diciembre de 1997. La impunidad de que gozan los paramilitares de filiaci¢n priista de dicho municipio, ha sido permanente y ha provocado su fortalecimiento.
En el municipio de Chenalho existen mas de diez mil desplazados que se concentran en los campamentos de Polho, Acteal, X’oyep y Tzajalchen. En noviembre de 1999, mas de 46 personas se desplazaron de la comunidad Canolal; el dia 17 de octubre del a_o en curso, 96 familias (mas de 450 personas) pertenecientes a la Organizaci¢n Las Abejas se reubicaron temporalmente en las cercanias de la comunidad de Naranjatik Bajo como una forma de aliviar la situaci¢n de hambre, insalubridad, escasez de agua y sobrepoblaci¢n en que se encuentran los campamentos, y ante el incumplimiento sistematico de las autoridades del gobierno del estado de los acuerdos contraidos en una mesa de negociaci¢n que no dio resultado alguno.
Dadas las condiciones de grave riesgo en que se encuentra la poblaci¢n del municipio de Chenalho, nos unimos a la solicitud de Medidas Cautelares a la Comision Nacional de Derechos Humanos y la Comisi¢n Interamericana de Derechos Humanos, esperando que se tomen medidas inmediatas y urgentes para garantizar su integridad f¡sica, ps¡quica y moral, particularmente de la poblaci¢n desplazada, que se encuentra ubicada en los campamentos de Polho, Acteal, X’oyep, Yibeljoj y Tzajalch’en, conforme a lo establecido en el articulo 5 de la Convenci¢n Americana sobre Derechos Humanos que se refiere al derecho a la integridad personal, y conforme al Principio 3 de los Principios Rectores de los Desplazados Internos referente a la obligaci¢n de las autoridades nacionales de proporcionar proteccion a los desplazados internos que se encuentran en el mbito de su jurisdicci¢n. De la misma manera se solicita a la Cruz Roja Internacional y a la Cruz Roja Mexicana procuren las garant¡as que favorezcan la protecci¢n de la poblaci¢n como parte de las tareas humanitarias asignadas en el Convenio de Ginebra.
Por lo anterior, la Limeddh-FIDH solicita:
i. Se implementen y mantengan las medidas necesarias, con caracter de urgentes, para garantizar la integridad f¡sica, ps¡quica y moral de los desplazados de los campamentos de Polho, X’oyep, Acteal, Tzajalchen y Naranjatik Bajo.
ii. Garantias de seguridad para los desplazados de Chenalho y los miembros de la organizaci¢n de Las Abejas, quienes estan amenazados de muerte por los paramilitares.
ii. Se tomen las medidas necesarias para frenar y prevenir las acciones violentas emprendidas por paramilitares del municipio y de otras regiones del estado.
iii. Condiciones y garantias de seguridad para que retornen los desplazados en la zona Norte, en Chenalho y en otros puntos del Estado, asi como la indemnizaci¢n de las familias que han sufrido las atrocidades de Paz y Justicia, de MIRA, los Chinchulines, Alianza San Bartolome de los Llanos y los paramilitares de Chenalho.
iv. En el caso de la detenci¢n de los miembros de Paz y Justicia, la aplicaci¢n de la ley debe llegar hasta las esferas del poder federal y estatal, investigando los posibles nexos de este grupo con Carlos TORRES LOPEZ, Raymundo TRUJILLO HERNANDEZ, Julio Cesar RUIZ FERRO, Uriel JARQUIN, Roberto ALBORES GUILLEN, Areli TOVILLA y el General Mario RENAN CASTILLO.
v. Se amplie la investigaci¢n para incorporar las denuncias que han quedado archivadas desde 1995, pues los 11 paramilitares detenidos el 27 de octubre pretenden escudarse en el membrete de la UCIAF para deslindarse de Paz y Justicia y quedar libres de los delitos cometidos desde su fundaci¢n.
vi. Garantias de seguridad fisica para los testigos en estos procesos, asi como quienes coadyuvan para ampliar las denuncias contra los paramilitares de Paz y Justicia es decir, la Red de Defensores Comunitarios de Derechos Humanos; hacemos responsables a las autoridades federales y estatales de cualquier agresi¡n f¡sica o psicol¢gica contra su persona.
vii. En el caso de la realizaci¢n de nuevos operativos, estos se hagan conforme a derecho, respetando las garantias constitucionales de la poblaci¢n civil.
viii. Que los operativos contra los paramilitares no sean pretexto para una mayor militarizaci¢n y agresi¢n contra poblaci¢n civil y bases de apoyo del EZLN.
ix. Que se derogue el decreto expropiatorio de las tierras comunales del ejido Amador Hernandez, exigimos el cabal cumplimiento del acuerdo 169 de la OIT.
x. Un pronunciamiento publico del gobernador electo, Pablo Salazar, sobre los compromisos y pasos a dar para que se investigue funcionarios poblicos implicados en la guerra sucia emprendida desde el levantamiento armado en 1994.
xi. Del presidente electo, Vicente Fox, la sensibilidad y coherencia necesaria para dar los pasos necesarios y urgentes, para dar cumplimiento a las cinco demandas m¡nimas del EZLN para asi poder pensar en la verdadera realizaci¢n de un di logo nacional.
Al Alto Comisionado de Naciones Unidas:
xii. Exhorten al gobierno de Mexico a cumplir con los compromisos contraidos para el respeto de los derechos humanos.
